La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de doce días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo (18:20 pm) en el territorio nacional:

  • 52 personas registradas como fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
  • 489 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 33 sufrieron lesiones oculares. 48 fueron heridas por arma de fuego. 69 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1365 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Hemos recibido el registro de 548 personas presuntamente desaparecidas, sólo 113 han aparecido. Es decir, seguimos en la búsqueda de 435 personas a nivel nacional.

Rechazamos las graves agresiones de las que han sido víctimas comuneras integrantes de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, realizado por parte de civiles armados acompañados de la fuerza pública, así como las declaraciones hechas por parte del Presidente, sobre el cierre de fronteras del departamento de Valle del Cauca y su llamado hostigante a la población indígena del Pueblo Nasa a volver a sus Resguardos, sugiriendo y propiciando con ello, una afectación y restricción de sus derechos a la libertad de locomoción, libertad de expresión, libertad de movilidad y circulación por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad de asociación, así como el ejercicio del derecho a la protesta social y al intercambio de experiencias organizativas con procesos sociales promotores del Paro Nacional, en la ciudad de Cali, con las que adelantan labores de salvaguarda de la población que ha sido abusada y violentada desde el día 28 de abril por parte de la Policía Nacional y de civiles armados.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica. Estas medidas  responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de odio que han sido generados por el gobierno de Iván Duque Márquez y personalidades políticas del partido de gobierno como Álvaro Uribe Vélez, a través de prácticas de terrorismo de Estado, así como de la perpetuación de prácticas sociales genocidas y de un trato militar y paramilitar de la protesta social pacífica, para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando masiva y sistemáticamente los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social pacífica.

Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la  violación de derechos civiles y políticos.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.

 

[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 602 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 154 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 66 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 31 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 64 detenciones reportadas sin ubicación.