BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ: #PARONACIONAL

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27 de julio de 2021

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:

  • 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 4 son atribuibles presuntamente al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
  • 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
  • 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
  • 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
  • 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá (al día 27 de junio, cifra sin actualizar).[1]

Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristobal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.

El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[2], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[3] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[4] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.

Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.

En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicologicamente[5]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.

Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[6].

El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.

Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello,  3 agresiones reportadas sin identificar.

En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.

Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.

EXIGIMOS

  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
  • A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
  • A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
  • Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
  • A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.

[1] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133

[2] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/

[3] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921

[4] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx

[5] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.

[6] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08

Boletín informativo 13: #ParoNacional

Boletín informativo 13: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de veintiún (21) días de jornadas de protesta social en su mayoría pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo (13:40 pm) en el territorio nacional:

  • 51 homicidios[1] cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica. 8 de esas personas fallecidas están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas. Adicionalmente una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública.
  • 611 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 37 sufrieron lesiones oculares. 64 fueron heridas por arma de fuego.
  • 89 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2].
  • 1502 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 900 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[4] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional.

Manifestamos nuestra preocupación ante el accionar violento, desproporcionado y arbitrario de la Policía Nacional y el ESMAD en los municipios de Buga y Yumbo, Valle del Cauca durante los últimos días, en los cuales agredieron a la población lanzando gases en zonas residenciales, incluso al interior de las viviendas, golpeando a las personas, incluyendo a las que no estaban en las protestas, usando de armas de fuego contra población civil indefensa. Estas actuaciones van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica, las cuales provocaron el día de ayer, lunes 17 de mayo, el homicidio de tres personas por impacto de arma de fuego y al menos personas  24 heridas en Yumbo.

Consideramos alarmante la situación de vulneraciones a los derechos humanos en Cartago, Valle del Cauca, donde el ESMAD y la fuerza pública han utilizado ácido contra las manifestantes[5] provocándoles graves quemaduras en sus cuerpos, lo cual va en contra de las normas y protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de armas químicas.

Rechazamos las agresiones ejercidas por la fuerza pública en el municipio de Caldas, Antioquia, donde se han registrado tratos crueles e inhumanos contra las personas detenidas, el corte subrepticio del servicio eléctrico y el bloqueo de la señal de internet, mientras intervienen en las protestas sociales pacíficas, así como el disparo de armas de “baja letalidad” directamente a la humanidad de las manifestantes[6].

Las declaraciones realizadas por el presidente Iván Duque Márquez, en las que ordena el despliegue de las máximas capacidades de la fuerza pública para desbloquear vías, insistiendo en el discurso que promueve la estigmatización de la población protestante, a la que se ha referido como “criminales”[7], son alarmantes, incongruentes con la realidad actual del país, violentas y desconcertantes, puesto que vulneran y amenazan  derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, libertad de reunión y a la protesta pacífica, libertad de asociación y el derecho a participar en la conducción de asuntos públicos. Aclaramos que NO es un delito la obstaculización de vías públicas por medios lícitos, y que dicha práctica hace parte del repertorio de acción en la protesta social.

Rechazamos la violencia contra el movimiento de mujeres y defensoras de derechos humanos que se encontraban manifestándose pacíficamente en la Plaza de Bolívar en Tunja, Boyacá durante el fin de semana, por parte de la Policía y ESMAD. Algunas fueron golpeadas, hostigadas y detenidas injustificadamente, incluyendo a defensoras de derechos humanos debidamente identificadas. También se llevaron a cabo violencias basadas en género con comentarios obscenos y amenazas aludiendo a agresiones sexuales que realizarían en contra de su humanidad.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.

 

[1] Desde el último boletín se suman los asesinatos de tres personas por impacto de bala, presuntamente a manos de la fuerza pública en Yumbo, Valle. Se corrobora que uno de los registros de personas no identificadas del 5 de mayo, corresponde a una agresión del 28 de abril.

[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm

[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 689 detenciones en Bogotá, 33 en Cauca, 186 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 71 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 23 en Boyacá, 22 en Armenia, 32 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 68 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[4] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[5] Ver: https://twitter.com/LatenteCartago/status/1394433885841285120?s=08

[6] Ver: https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1394498474310348801?s=19

[7] Ver: https://twitter.com/IvanDuque/status/1394460727994368000?s=20

Boletín informativo 9: #ParoNacional

Boletín informativo 9: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de nueve días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo (16:50 m) en el territorio nacional:

  • 451 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 32 sufrieron lesiones oculares. 32 fueron heridas por arma de fuego. 67 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1.291 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 629 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • 32 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía.
  • 216 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Hemos recibido 258 registros de personas desaparecidas, de las cuales ya se tiene información de 42. Sin embargo, las cifras pueden ser superiores según lo denuncia la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia quienes afirman que estas pueden llegar a 471.[2]

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de asesinatos, mutilaciones, agresiones, violencias basadas en género y desapariciones; a ellas, sus familias y conocidas ¡toda la fuerza! Queremos decirles que no están solas y seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.

Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social. Estas medidas responden a un escenario de miedo y confrontación que ha sido promovidas por el gobierno de Iván Duque y personalidades políticas como Álvaro Uribe Vélez a través de prácticas de terrorismo de estado para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social.

Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la violación de derechos civiles y políticos.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
  • Al Gobierno Nacional, que se abstenga de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.

 

[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 560 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 153 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 11 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 47 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 24 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 63 detenciones reportadas sin ubicación.

[2]https://coeuropa.org.co/471-personas-desaparecidas-en-las-movilizaciones-que-iniciaron-el-28-de-abril-mesa-de-trabajo-sobre-desaparicion-forzada/

Defensores y defensoras de derechos humanos objetivo directo de la represión estatal en Colombia

Defensores y defensoras de derechos humanos objetivo directo de la represión estatal en Colombia

Santiago de Cali, mayo 4 de 2021. Anoche en Cali la Policía, disparó sus armas y agredió verbal y físicamente a Misión de Verificación integrada por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad Asunto de todas, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el observatorio de realidades sociales de la Arquidiócesis de Cali y la Defensoría del Pueblo quienes se encontraban en una misión de verificación en compañía de oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH y la Procuraduría General de la Nación en la Estación Fray Damián para verificar situación de personas detenidas por la Policía que se encontraban en ese lugar.

Cerca de las 8:40 de la noche, la misión de verificación llegó a la estación de Policía Fray Damián, informaron a los agentes de policía de su presencia y solicitaron realizar una verificación debido a que tenían información de personas detenidas en el lugar. Los agentes de la policía los dejaron pasar con la condición de hacerlo individualmente.

A las instalaciones de la Policía Nacional ingresan los delegados de la OACNUDH y de La Procuraduría General de la Nación mientras que las defensoras de Derechos Humanos Darnelly Rodríguez (Red FIC), Ana María Burgos (Fundación CSPP y Campaña Defender la Libertad), James Larrea (CUT), Rubén Darío Gómez (Observatorio de realidades sociales del arquidiócesis de Cali) y un oficial de la Defensoría del Pueblo esperaban su turno para ingresar.

Estando afuera una agente de Policía empezó a recriminar con gritos a los defensores diciendo que “no servían para nada”, acusándolos “por qué no defendían a los policías” y echándolos del lugar señalándolos de “no servir para nada, váyanse inservibles”. De forma inmediata, salieron de la estación agentes de policía, rodearon a los defensores y empezaron a gritarles.

Esta parte de la Misión de Verificación se vio obligada a intentar salir del lugar, pero un agente de la policía agredió al defensor de Derechos Humanos James Larrea y otros a las defensoras de Derechos Humanos Darnelly Rodríguez y Ana María Burgos. Los agentes de policía los rodearon y les gritaron que se fueran del lugar, por lo que lxs defensores aceleraron su paso para salir y recibieron amenazas de que los iban a matar.

En ese momento, agentes de policía dispararon sus armas de fuego en contra de la misión humanitaria, luego llegó el ESMAD y les lanzó una aturdidora. La Misión fue socorrida por habitantes de la calle que hicieron de escudos humanos y un agente de policía que llegó al lugar, se interpuso entre la Misión y sus compañeros y les ayudó a salir corriendo del lugar y reencontrarse con oficiales de la OACNUDH y la Procuraduría General de la Nación.

 ADICIONALMENTE SEÑALAMOS QUÉ:

 Una segunda Comisión conformada por personas de la CUT, el CSPP y la Campaña Defender la Libertad, tuvieron que refugiarse toda la noche en una casa particular en el barrio Junín de Cali, para proteger su seguridad luego de quedar en medio de un operativo de la policía en el cual los agentes dispararon sus armas de dotación contra ellos y el conjunto de los manifestantes.

Este hecho se suma al ataque con disparos que recibieron una caravana de defensores de derechos humanos conformada por 4 vehículos el pasado 30 de abril, a la altura del Colegio Santa Librada y que fue objeto de disparos contra uno de los carros en el que se desplazaban integrantes del CSPP y la Campaña Defender La Libertad, quienes gracias al blindaje del automotor lograron salir ilesos.

Llamamos a la comunidad internacional a verificar la situación denunciada y pronunciarse ante las autoridades colombianas.

Exigimos al Gobierno nacional que garantice la labor de los defensores y defensoras de DDHH y los derechos de las personas que se manifiestan.

Responsabilizamos al Estado Colombiano, el señor Presidente IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO, la Gobernadora del Valle del Cauca CLARA LUZ ROLDÁN, al Alcalde de Santiago de Cali JORGE IVÁN OSPINA, por lo hechos narrados en esta denuncia pública y los actos que se puedan presentar hoy contra quienes se manifiesten en Santiago de Cali.

Conoce la denuncia en PDF.

ALERTA TEMPRANA Y URGENTE SOBRE RIESGOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE MANIFESTANTES EN YOPAL, CASANARE

ALERTA TEMPRANA Y URGENTE SOBRE RIESGOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE MANIFESTANTES EN YOPAL, CASANARE

La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, alertamos de manera temprana y urgente sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, particularmente de los derechos a la libertad de organización y movilización, la libertad de expresión y dignidad humana de personas detenidas arbitrariamente por la Policía Nacional en Yopal, Casanare.

Tenemos el reporte de que varias personas detenidas están siendo sometidas a tratos crueles e inhumanos y que han sido encerradas en cuartos oscuros en la terminal de transportes, negándoles el derecho a la comunicación con sus apoderados, familiares y defensoras de derechos humanos.

Solicitamos al Ministerio Público intervenir inmediatamente, con el fin de garantizar derechos y libertades de las personas que protestan en el marco de la jornada Nacional 28A.

Estamos en alerta máxima en el número de celular 313 3921916 y al correo libertadasuntodetodxs@gmail.com.

  • Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC
  • Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas
  • Comité Solidaridad con los Presos Políticos
Alerta temprana: #ParoNacional21S

Alerta temprana: #ParoNacional21S

Asunto: Activación de Alerta Temprana Preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos y agresiones a integridad física y psicológica de la ciudadanía de Bogotá D.C.

Desde la –CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS– ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las autoridades competentes, sobre situaciones de riesgo inminente y latente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanxs manifestantes y transeúntes de la ciudad de Bogotá D.C., que se están manifestando públicamente y/o se encuentran en medio de las jornadas de protestas como rechazo del asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional, siendo las 3:50 pm del lunes 21 de septiembre, 2020.

En estos momentos se desarrolla una concentración ciudadana en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en donde preocupa que todas las posibles salidas de emergencia están rodeadas con la presencia de fuerza disponible o ESMAD.  Esto pone en peligro la vida e integridad de manifestantes en caso de una posible intervención por parte de la fuerza pública.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.

 

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS

@DefenderLiberta