por Campaña | May 3, 2022 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
Durante el año 2021, Colombia vivió un periodo de auge movilizatorio y de fuerte exigibilidad de derechos humanos, fundamentales, ambientales y territoriales; en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, los derechos humanos de la población fueron vulnerados, lo que terminó en un balance anual de 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 114 lesiones oculares, 106 violencias basadas en género, 343 agresiones a defensores de DDHH y 3.546 denuncias por abuso y violencia policial[1].
Luego del Paro Nacional continúan la agresiones
Las protestas sociales presentadas en los 4 primeros meses de 2022, respondieron a situaciones de diversa índole, como el aumento del precio en el pasaje de transporte público, la crisis económica de gran parte de la población, la situación humanitaria en varias zonas del país, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Putumayo, la ocurrencia de violencia sexual en instituciones educativas de Bogotá, entre otras. Esto indica que subsisten las problemáticas que han llevado a la ciudadanía a manifestarse en los últimos años. En lo que va de 2022 la represión a la protesta continúan, la CDLAT encontró que se han presentado las siguientes agresiones:
- 1 homicidio cometido presuntamente por la Policía, contra el guardia indígena Luis Tombé en Miranda, Cauca[2].
- 54 personas heridas, dos (2) de ellas con lesión ocular (en Santander y Medellín). De los 54 registros, 41 se presentaron en Bogotá, 8 en Antioquia, 3 en Bucaramanga y 2 en Cauca. 42 agresiones fueron ejercidas presuntamente por el ESMAD y 3 por agentes de la Policía Nacional.
- 162 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria. 107 se presentaron en Bogotá, 19 en Medellín, 14 en Cundinamarca, 8 en Neiva, 6 en Risaralda, 4 en Santander, 3 en Cauca, 1 en Putumayo.
- 16 allanamientos, 8 en Huila y 8 en Antioquia, contra personas que hicieron parte de las movilizaciones del paro nacional de 2021.
- 4 agresiones contra defensores de DDHH, dos (2) presentadas en Bogotá, una en Bucaramanga y otra en el Cauca. Entre las agresiones se documentó una detención, un empadronamiento y amenaza de detención, un disparo de blas de goma y un homicidio.
Pese a que no fueron cometidas en protestas, se han documentado 3 agresiones sexuales, cometidas presuntamente por agentes de policía, ya que se dieron en el marco de detenciones arbitrarias. La primera, en Manizales, Caldas, donde una mujer fue abusada sexualmente mientras era trasladada a CTP en una patrulla de la Policía[3], la segunda, un hombre fue agredido sexualmente por otros detenidos en la estación de Policía de Soledad, Atlántico[4], y la tercera, en un CAI Villas de Granada de la ciudad de Bogotá, una mujer fue acosada sexualmente, al parecer, por agentes de la Policía, quienes le decían frases como “cuando llegue me la tiene que chupar” amenazano con un furturo abuso sexual, además los agentes la torturaron física y psicológicamente[5].
Es claro que los 239 hechos de violencia registrados son muestra de la continuidad de la violencia estatal, persecución y castigo a quienes ponen en cuestión al Gobierno Nacional y exigen sus derechos en las calles. A pesar de las denuncias, la visita de la CIDH en junio de 2021 y las recomendaciones elevadas por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia, es claro que el accionar policial pone en riesgo la vida y la integridad de personas manifestantes.
Un ambiente de persecución y judicialización.
En lo que va corrido de 2022, han continuado las dinámicas de estigmatización y judicializaciones hacia la población que protesta, algunas marchas han sido señaladas de tener infiltrados chilenos[6] o ser permeadas por la injustamente criminalizada primera línea[7], estos señalamientos son interpretados por los agentes de Policía como avales para intervenir en protestas y capturar arbitrariamente a las personas que participan en ellas. La persecución judicial es preocupante, pues la Fiscalía anunció que adelanta procesos penales en contra de 280 personas de Primera Línea, señaladas de cometer delitos en medio de las protestas[8], pero hasta el momento ninguna persona ha sido condenada[9].
Estos procesos se han caracterizado por su arbitrariedad, pues en algunos casos la Fiscalía infla las imputaciones acusándolas de delitos de mayor gravedad como terrorismo, concierto para delinquir, secuestro y tentativa de homicidio, con el fin de lograr medidas inmediatas de aseguramiento privativas de la libertad y dar aparentes resultados. Uno de los ejemplos más recientes de dicha situación, fue el montaje judicial contra jóvenes de la primera línea en Pasto, en audiencia del 23 de marzo, la defensa pudo evidenciar la existencia de una operación encubierta sin autorización judicial y afirmaciones falsas sobre un supuesto informe de allanamiento donde se aseguraba la supuesta existencia de artefactos explosivos[10].
Pese a la celeridad de la Fiscalía en la apertura de procesos hacia integrantes de la primera línea, la situación contrasta con las investigaciones contra la fuerza pública por casos de abuso de autoridad y violencia policial que no avanzan. Por los hechos ocurridos durante el Paro Nacional fueron abiertos 231 procesos disciplinarios en 2021, pero apenas 11 han tenido resultados, y 120 ya fueron cerrados al no encontrar responsabilidad en los hechos . Esto demuestra la impunidad que ha protegido a la fuerza pública, ante los 7,649 hechos victimizantes ocurridos en 2021.
A un año del inicio del Paro Nacional, y con miras a los actos de protesta en varias ciudades del país y en conmemoración a las víctimas, las detenciones y allanamientos a personas que han participado en las protestas en 2021 y 2022 han vuelto con más fuerza. El 27 de abril de 2022, 8 personas fueron detenidas en Neiva, Huila que supuestamente habrían participado en hechos vandálicos en junio de 2021, fecha en la cual fue incendiado un camión, un colectivo de transporte público y un establecimiento comercial fue saqueado[11]. Durante la noche del 27 y madrugada del 28 de abril, 5 personas fueron allanadas y detenidas en la ciudad de Medellín, las señalan por los delitos de terrorismo, financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizada, concierto para delinquir agravado y fabricación y porte de armas de fuego y explosivos, esto a raíz de la supuesta participación en un incendio a varios establecimientos[12].
Varias de las capturas y allanamientos realizados, han sido fundamentados en las declaraciones de fuentes humanas “no formales”, cuyas declaraciones no tienen sustento, no aportan material probatorio suficiente o el material aportado presentó irregularidades, (como el caso de Pasto, anteriormente referenciado) por las que han declarado ilegales varias capturas, tal como ocurrió con las 14 personas en la ciudad de Bogotá el pasado mes de enero[13].
Las últimas jornadas de protesta.
El 28 Abril durante las protestas de conmemoración a un año del estallido social y de las víctimas de la represión policial, la CDLAT documentó:
- 15 personas heridas, una de ellas menor de edad con lesión ocular, y otra, una mujer embarazada afectada por inhalación de gas lacrimógeno. 7 registros son de la ciudad de Bogotá, y 8 del departamento de Antioquia.
- 37 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria, entre las cuales 18 fueron reportadas como menores de edad. 25 detenciones ocurrieron en Bogotá (ninguna fue judicializada), 9 en Cundinamarca, y 3 en Risaralda.
- 1 agresión a defensores de DDHH, ocurrida en la ciudad de Bogotá, cuando un agente del ESMAD dispara con balas de goma contra los defensores.
- 24 denuncias por violencia y abuso policial, 16 se presentaron en Bogotá, 6 en Antioquia, 1 en Risaralda y 1 en Cundinamarca.
Durante la jornada del 28A, en la ciudad de Bogotá se convocaron varios puntos de concentración, que incluyeron actividades culturales y artísticas, con amplia participación de jóvenes, niños y niñas, como se evidenció en el número de menores retenidos y trasladados al CESPA o los Centros Revivir. En la localidad de Usme, hubo fuerte presencia del ESMAD y la Policía Nacional, lo cual intimidó a la población que se encontraba en las actividades culturales, a pesar de ello no se presentaron confrontaciones. Contrario a ello, en la Universidad Nacional, punto de llegada de varias movilizaciones (principalmente del sector universitario) se presentó la intervención por parte del ESMAD, en la cual 7 personas fueron heridas, 3 de ellas con heridas producidas por armas potencialmente letales, lo cual evidencia la continuidad de las agresiones y el riesgo que corre la juventud al ejercer su derecho a la protesta social.
También, en la ciudad de Bogotá se desarrolló la Caravana Humanitaria del 27 al 28 de abril, acción de protesta que busca denunciar la violencia en contra de defensores de DDHH y liderazgos sociales, principalmente en los territorios del suroccidente del país y declarar una emergencia humanitaria. La Caravana, liderada por Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y compuesta por alrededor de 1.500 personas, se instaló en la Universidad Pedagógica y se movilizó de forma pacífica el 28A a la sede de Naciones Unidas para entregar las respectivas denuncias y comunicados.
En Medellín, se reportaron concentraciones en el Parque de los Deseos, la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, La Alpujarra y la Universidad de Antioquia[14], en este último punto se presentó intervención del ESMAD, dejando 8 personas heridas, 6 de ellas afectadas por proyectiles lanzados por el Escuadrón; además, se presentó una lesión ocular con trauma facial contra un menor de edad, lo cual evidenció una continuidad en la intención de cometer daños graves en la integridad de manifestantes como forma de aleccionamiento y castigo al ejercicio de la protesta. También se registró el uso del arma VENOM, la cual, genera un accionar desproporcionado e indiscriminado en el control de manifestaciones.
La jornada del 1 de Mayo de 2022 en conmemoración a los trabajadores, transcurrió con tranquilidad y amplia participación de sectores sindicales y juveniles. El principal hecho de gravedad se presentó en Miranda, Cauca; en medio de un proceso de liberación de la madre tierra en una zona agroindustrial de caña de azúcar, la Policía y el ESMAD detuvieron a 3 comuneros, por lo que las comunidades se movilizaron a la Estación de la Policía para exigir la libertad de los detenidos, pero cuando llegó la movilización, la Policía disparó con arma de fuego hacia la población, asesinando presuntamente al guardia indígena Luis Tombé, e hiriendo a dos personas más[15], lo cual es muestra de la continuidad de prácticas ilegales y desproporcionadas por parte de la Policía, como el uso de armas de fuego en protestas sociales y el tratamiento de guerra hacia el ejercicio de este derecho.
Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:
LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916
[1] CDLAT. (2021). El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6710a368-d494-4597-92f9-f5a51177aa54#pageNum=1
[2]https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/un-muerto-y-dos-heridos-dejo-encuentro-entre-esmad-e-indigenas-en-miranda-cauca/
[3] El Tiempo. (2022). Mujer habría sido abusada mientras la trasladaban en patrulla de la Policía. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-mujer-habria-sido-abusada-mientras-la-trasladaban-en-patrulla-643110
[4] El Tiempo. (2022). Denuncian presunto abuso sexual a recluso en Estación de Policía de Soledad. https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/caso-de-abuso-sexual-contra-detenido-en-cai-de-soledad-2-000-649642
[5] https://www.instagram.com/p/CalKnNtLnQK/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
[6] Caracol Radio. (2022). MinDefensa: Agitadores chilenos promueven ‘colatón’ y violencia en Bogotá. https://caracol.com.co/radio/2022/01/13/judicial/1642085527_632599.html
[7] Blu Radio. (2022). Primera Línea se infiltró en colegios donde protestan por casos de abuso sexual: Policía de Bogotá. https://www.bluradio.com/nacion/primera-linea-se-infiltro-en-colegios-donde-protestan-por-casos-de-abuso-sexual-policia-de-bogota
[8] El Espectador. (2022). Capturaron a presuntos miembros de la Primera Línea en Neiva y Medellín. https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/
[9] Cuartas, P. (13 de febrero, 2022). 201 personas de Primera Línea investigadas y ninguna condenada. El Espectador. En: https://www.elespectador.com/investigacion/201-personas-de-primera-linea-investigadas-y-ninguna-condenada/
[10] CAJAR. (2022). Defensa devela montaje de la Fiscalía contra jóvenes de Primera Línea en Pasto. https://www.colectivodeabogados.org/defensa-devela-montaje-de-la-fiscalia-contra-jovenes-de-primera-linea-en-pasto/
[11] Blu Radio. (2022). Juez legalizó la captura de los ocho presuntos miembros de la ‘Primera Línea’ en Neiva. https://www.bluradio.com/nacion/juez-legalizo-la-captura-de-los-ocho-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-rg10
[12] El Espectador. (2022). Capturaron a presuntos miembros de la Primera Línea en Neiva y Medellín. https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/
[13] El Espectador. (2022). Jueza dejó libres a 14 señalados de terrorismo en marchas del 28 de abril. https://www.elespectador.com/bogota/jueza-dejo-libres-a-14-senalados-de-terrorismo-en-marchas-del-28-de-abril-article/
[14] El Tiempo. (2022). Marchas en Medellín del 28 de abril: así transcurrió la jornada, en: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-en-medellin-asi-avanzan-las-marchas-y-protestas-hoy-28-abril-2022-668420
[15] CRIC. (2022). BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS. Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Çxhab Wala Kiwe – ACIN, https://www.cric-colombia.org/portal/boletin-ddhh-un-muerto-dos-heridos-y-tres-capturados-en-liberacion-de-la-madre-tierra-en-miranda/
por Campaña | May 2, 2022 | Abuso Policial, Actividades de la Campaña, Informes, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
Hace un año, Colombia y el mundo fueron testigos de serios hechos de violencia ejercidos por parte de la fuerza pública en contra de manifestantes en diferentes zonas del país en el marco del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021 – #28A. Desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de prensa, entre otros, se registraron diferentes formas violentas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que incluyeron asesinatos, tortura, violecias basadas en genero, detenciones arbitrarias, y todo tipo de agresiones en contra de las personas que ejercían su derecho a la protesta. Dentro de estas víctimas también se encontraban niñas, niños y adolescentes.
Teniendo en cuenta la grave situación de violencia y violación de derechos humanos que vivió el pueblo Colombiano, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, La Plataforma Colombiana por el Protagonismo de las Niñas, Niños y Jóvenes y la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, elaboramos el informe “Por el derecho a luchar y la no violencia contra niñas, niños y adolescentes’ en el marco del Paro Nacional.
El informe presenta información publicada desde diferentes sectores, especialmente internacionales, acerca de la situación general de violencia en contra de personas manifestantes. Luego, el documento se centra específicamente en las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se reconoce que esta población tiene derecho a protestar pacíficamente en el marco de las disposiciones de la Constitución Política y en tratados internacionales ratificados por el Estado. Además como sujetos de especial vulnerabilidad requieren de protección acentuada. Partiendo de esta idea, el informe recoge las voces, perspectivas y pliegos de peticiones de NN de diferentes sectores del país respecto del paro nacional, varios de los cuales, participaron activamente en el paro.
Posteriormente el informe recoge los datos de hechos violentos registrados contra niñas, niños y adolescentes durante las movilizaciones y que son atribuibles a la fuerza pública. De allí, se realiza un análisis de las cifras y hechos violentos con base en el interés superior de los niños y una serie de obligaciones internacionales, concluyendo con unas recomendaciones/exigencias, al Estado colombiano, especialmente encaminadas a respetar el derecho a la protesta de las NN y a garantizar su participación significativa sin violencia.
¡Consulta el informe completo haciendo click aquí!
por Campaña | Oct 26, 2021 | Noticias, Uncategorized
Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.
Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.
Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.
Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales. Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.
Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.
Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.
Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.
Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?
Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteramos la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.
Organizaciones peticionarias:
Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)
Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)
Caribe Afirmativo
Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)
Casa de la Mujer
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
Corporación Humanas
Corporación ILEX Acción Jurídica
Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad
Corporación Reiniciar
Corporación SISMA Mujer
Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
Colombia Human Rights Committee
Fundación Creciendo Unidos
Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)
Fundación Karisma
Fundación Nydia Erika Bautista
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Ruta Pacífica de las Mujeres
Women’s Link Worldwide
por Campaña | Ago 26, 2021 | Noticias, Uncategorized
26 de agosto de 2021
La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs denuncia que el día 25 de agosto de 2021 sobre las 3:00PM fue detenido el joven ARTURO BERNAL ROMERO, quien salía de trabajar de un local comercial ubicado en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, lugar donde se adelantaban una serie de protestas que fueron intervenidas de manera violenta por el ESMAD.
El día 26 de agosto sobre las 8:00am según información de las autoridades policiales ARTURO BERNAL, fue trasladado a la URI de Molinos; sin embargo, su familia se acercó al sitio y negaron que estuviera allí, fueron remitidos al Centro de Traslado por Protección donde negaron su paradero y allí señalaron nuevamente las autoridades que se encontraba en la URI de Puente Aranda donde finalmente se manifestó de manera afirmativa que el joven se encontraba en este centro de detención. En ese momento su familia solicitó ingresarle elementos básicos de aseo y ropa sin embargo esta solicitud fue negada por las autoridades de la URI Puente Aranda.
Siendo las 8:15Pm el joven Arturo no ha podido comunicarse con su familia para informar sobre su salud física y emocional, tampoco se le ha permitido la entrevista con un defensor de confianza que le oriente y asista jurídicamente. Su familia teme por su integridad debido a que en el marco de su detención recibió comentarios amenazantes por estar en este lugar donde manifestaban que tomarían represalias en su contra y de su familia.
Alertamos a la opinión pública sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a contar con una defensa técnica de confianza, a no ser incomunicado ni ser sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes.
Exigimos a las autoridades distritales de gobierno, a la Policía Metropolitana y Ministerio Público en Bogotá garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de ARTURO BERNAL ROMERO cesando esta detención arbitraria.
Solicitamos pronta verificación de la situación del detenido, así mismo que le garanticen el debido proceso y los derechos del capturado consagrados en el Art. 303 del CPP como lo son el derecho a la comunicación sobre su aprehensión y la posibilidad de la entrevista con un abogado de confianza.
por Campaña | Jul 27, 2021 | Movilización Social, Noticias, Uncategorized
BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ #PARONACIONAL
27 de julio de 2021
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:
- 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social[1], de los cuales, en 4 casos existen evidencias o elementos probatorios que indicarían que son presuntamente atribuibles al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
- 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
- 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
- 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá[2].
Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.
El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[3], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[4] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[5] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.
Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.
En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicológicamente[6]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.
Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[7].
El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.
Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello, 3 agresiones reportadas sin identificar.
En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.
Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
- A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
- Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] Dylan Fabriani Barbosa Lion, Daniel Alejandro Zapata, Cristian David Castillo, Camilo Camilo Vélez, Duvan Felipe Barros y Jaime Alonso Fandiño
[2] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133
[3] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/
[4] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921
[5] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx
[6] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
[7] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08
por Campaña | May 18, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Informes, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de veintiún (21) días de jornadas de protesta social en su mayoría pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo (13:40 pm) en el territorio nacional:
- 51 homicidios[1] cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica. 8 de esas personas fallecidas están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas. Adicionalmente una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública.
- 611 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 37 sufrieron lesiones oculares. 64 fueron heridas por arma de fuego.
- 89 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo[2].
- 1502 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 900 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[4] personas desaparecidas en medio del Paro Nacional.
Manifestamos nuestra preocupación ante el accionar violento, desproporcionado y arbitrario de la Policía Nacional y el ESMAD en los municipios de Buga y Yumbo, Valle del Cauca durante los últimos días, en los cuales agredieron a la población lanzando gases en zonas residenciales, incluso al interior de las viviendas, golpeando a las personas, incluyendo a las que no estaban en las protestas, usando de armas de fuego contra población civil indefensa. Estas actuaciones van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica, las cuales provocaron el día de ayer, lunes 17 de mayo, el homicidio de tres personas por impacto de arma de fuego y al menos personas 24 heridas en Yumbo.
Consideramos alarmante la situación de vulneraciones a los derechos humanos en Cartago, Valle del Cauca, donde el ESMAD y la fuerza pública han utilizado ácido contra las manifestantes[5] provocándoles graves quemaduras en sus cuerpos, lo cual va en contra de las normas y protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de armas químicas.
Rechazamos las agresiones ejercidas por la fuerza pública en el municipio de Caldas, Antioquia, donde se han registrado tratos crueles e inhumanos contra las personas detenidas, el corte subrepticio del servicio eléctrico y el bloqueo de la señal de internet, mientras intervienen en las protestas sociales pacíficas, así como el disparo de armas de “baja letalidad” directamente a la humanidad de las manifestantes[6].
Las declaraciones realizadas por el presidente Iván Duque Márquez, en las que ordena el despliegue de las máximas capacidades de la fuerza pública para desbloquear vías, insistiendo en el discurso que promueve la estigmatización de la población protestante, a la que se ha referido como “criminales”[7], son alarmantes, incongruentes con la realidad actual del país, violentas y desconcertantes, puesto que vulneran y amenazan derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, libertad de reunión y a la protesta pacífica, libertad de asociación y el derecho a participar en la conducción de asuntos públicos. Aclaramos que NO es un delito la obstaculización de vías públicas por medios lícitos, y que dicha práctica hace parte del repertorio de acción en la protesta social.
Rechazamos la violencia contra el movimiento de mujeres y defensoras de derechos humanos que se encontraban manifestándose pacíficamente en la Plaza de Bolívar en Tunja, Boyacá durante el fin de semana, por parte de la Policía y ESMAD. Algunas fueron golpeadas, hostigadas y detenidas injustificadamente, incluyendo a defensoras de derechos humanos debidamente identificadas. También se llevaron a cabo violencias basadas en género con comentarios obscenos y amenazas aludiendo a agresiones sexuales que realizarían en contra de su humanidad.
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
- Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
- Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
- Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
- A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
[1] Desde el último boletín se suman los asesinatos de tres personas por impacto de bala, presuntamente a manos de la fuerza pública en Yumbo, Valle. Se corrobora que uno de los registros de personas no identificadas del 5 de mayo, corresponde a una agresión del 28 de abril.
[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-de-Violencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 689 detenciones en Bogotá, 33 en Cauca, 186 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 71 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 23 en Boyacá, 22 en Armenia, 32 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 68 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
[4] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/
[5] Ver: https://twitter.com/LatenteCartago/status/1394433885841285120?s=08
[6] Ver: https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1394498474310348801?s=19
[7] Ver: https://twitter.com/IvanDuque/status/1394460727994368000?s=20
