por Campaña | Ago 26, 2021 | Noticias, Uncategorized
26 de agosto de 2021
La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs denuncia que el día 25 de agosto de 2021 sobre las 3:00PM fue detenido el joven ARTURO BERNAL ROMERO, quien salía de trabajar de un local comercial ubicado en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, lugar donde se adelantaban una serie de protestas que fueron intervenidas de manera violenta por el ESMAD.
El día 26 de agosto sobre las 8:00am según información de las autoridades policiales ARTURO BERNAL, fue trasladado a la URI de Molinos; sin embargo, su familia se acercó al sitio y negaron que estuviera allí, fueron remitidos al Centro de Traslado por Protección donde negaron su paradero y allí señalaron nuevamente las autoridades que se encontraba en la URI de Puente Aranda donde finalmente se manifestó de manera afirmativa que el joven se encontraba en este centro de detención. En ese momento su familia solicitó ingresarle elementos básicos de aseo y ropa sin embargo esta solicitud fue negada por las autoridades de la URI Puente Aranda.
Siendo las 8:15Pm el joven Arturo no ha podido comunicarse con su familia para informar sobre su salud física y emocional, tampoco se le ha permitido la entrevista con un defensor de confianza que le oriente y asista jurídicamente. Su familia teme por su integridad debido a que en el marco de su detención recibió comentarios amenazantes por estar en este lugar donde manifestaban que tomarían represalias en su contra y de su familia.
Alertamos a la opinión pública sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a contar con una defensa técnica de confianza, a no ser incomunicado ni ser sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes.
Exigimos a las autoridades distritales de gobierno, a la Policía Metropolitana y Ministerio Público en Bogotá garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de ARTURO BERNAL ROMERO cesando esta detención arbitraria.
Solicitamos pronta verificación de la situación del detenido, así mismo que le garanticen el debido proceso y los derechos del capturado consagrados en el Art. 303 del CPP como lo son el derecho a la comunicación sobre su aprehensión y la posibilidad de la entrevista con un abogado de confianza.
por Campaña | Ago 9, 2021 | Noticias
9 DE AGOSTO DE 2021
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República
CLAUDIA LÓPEZ
Alcaldesa de Bogotá
DANIEL PALACIOS
Ministro del Interior
CARLOS CAMARGO
Defensor del Pueblo
JULIÁN MORENO
Alcalde de la localidad de Suba.
El COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS y la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA Y URGENTE a las entidades competentes sobre el desalojo violento que se está realizando al campamento instalado en el humedal Tibabuyes y las agresiones que allí se están presentando por parte de la Fuerza Pública.
HECHOS
Desde el 20 de noviembre de 2020, cerca de 50 jóvenes instalaron un Campamento Permanente por la Vida y el Territorio frente al humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, en la localidad de Suba en Bogotá, con el fin de exigir el freno de las obras que buscan la construcción de un ciclopuente, debido a qué tendrían grandes daños ecológicos e implicaciones en el ecosistema del humedal.
Las personas del campamento han sido víctimas de hostigamientos por parte de personas armadas no identificadas. Tal como ocurrió el 5 de julio de 2021 cuando personas no identificadas realizaron dos disparos desde el Humedal hacia la Av. Cali a pocos metros de distancia de donde se ubica el campamento. Ante los disparos, las personas del lugar se lanzaron al suelo. Uno de los disparos impacta el plástico negro que hace las veces de paredes. Al día siguiente fue encontrado el proyectil.
Hoy, 9 de agosto, el ESMAD realiza un desalojo violento del campamento a pesar de que las personas han permanecido de manera pacífica en el humedal. Dentro de las múltiples agresiones a la ciudadanía, una mujer fue golpeada de manera arbitraria por varios agentes y fue detenida sin justificación alguna, la fuerza pública agredió a personas de prensa debidamente identificadas con el fin de entorpecer su labor y evitar que se registraran los abusos cometidos por el ESMAD.
Así mismo, sobre las 4:48 de la tarde se reportan afectaciones a la fauna del humedal, en especial aves y la muerte de un gato doméstico a causa de los gases lacrimógenos lanzados en zonas residenciales. Se han reportado la detención de varios ambientalistas y manifestantes que se encontraban en el humedal, las detenciones se enmarcan en la expedición de una orden de desalojo no conocida o allegada a la comunidad con antelación.
SOLICITUDES
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá brindar garantías para la protección del derecho a la vida, la protección de la integridad personal de las manifestantes y otras presentes en el lugar que se encuentran en manifestaciones pacíficas para la protección del humedal Tibabuyes.
- Establecer escenarios de diálogo y consenso con los manifestantes en torno a la garantía de los derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza en la localidad de Suba con relación a la protección del humedal Tibabuyes.
- Se garanticen los derechos ciudadanos de acceso a la administración de justicia, opinión, información y al debido proceso en el marco de la audiencia pública realizada que emite la orden de desalojo sin contar con la presencia de los representantes del campamento ubicado en el humedal Tibabuyes, desconociendo así, además, el derecho a la protesta social.
- Reconocer la labor de prensa y la labor de defender los derechos humanos en el marco de la protesta social a fin de que se puedan establecer rutas de acción por parte de la fuerza pública que logren mitigar todo tipo de vulneraciones en materia de derechos civiles y políticos a estos ejercicios y a quienes los realizan.
- A las autoridades competentes puedan adelantar las investigaciones y sanciones correspondientes a los funcionarios de la fuerza pública que, en el marco de su labor, cometieron múltiples transgresiones a su protocolo de acción y a los derechos humanos de la población civil.
Es deber del Estado salvaguardar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía en el marco de la protesta social
por Campaña | Ago 6, 2021 | Informes, Noticias
The Campaign Defending Freedom: Everyone’s Business – CDLAT, presents the report «The risk of defending freedom in the streets», which reports on attacks on human rights defenders during the National Strike, which began on April 28th in Colombia.
The work carried out by the Civil Society Verification and Intervention Commissions -CVI, through dialogue with the authorities and the collection of information on police violence and abuse, arbitrary detentions, personal injuries and other aggressions in the context of social protest, has made it possible to register cases, make public complaints, provide legal assistance and strategic litigation and advocacy actions with the aim of demanding the guarantee of the satisfactory exercise of social protest and other human rights in the context of social protest.
In this sense, the CVIs are tools used by civil society for the promotion and protection of human rights in different types of mobilization, involving accompaniment and monitoring of guarantees that the authorities must provide for the exercising of the right to social protest. Both CDLAT and the human rights defenders who are members of the Campaign and/or different CVIs have positioned themselves as a national and territorial reference points for the exercising of the defense of human rights in this framework.
In accordance with the above, and with the objective of observing targeted and intentional violence perpetrated by the security forces against human rights defenders in the context of social protest, the report «The risk of defending freedom in the streets» will initially present a general context of the aggressions suffered by human rights defenders at the national level, followed by a specific analysis of what happens in some regions and areas. The report will share cases of targeted actions by the security forces against certain individuals, highlighting the risks faced by human rights defenders in social protest scenarios.
Second, the main human rights violations against human rights defenders in Colombia in the framework of the National Strike that began on April 28, 2021 will be presented in a preliminary and concise manner. These include:
- Homicides
- Personal injuries
- Gender-based violence (GBV)
- Stigmatization
- Judicialization and arbitrary detentions.
Some representative cases of these aggressions in different territories of Colombia are reviewed in this section. These violations have occurred in cities including Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander and Villavicencio – Meta. The responsibility of different actors in the aggressions recorded is indicated. In all of these categories the primary actor perpetrating these acts is the Colombian State.
Finally, we will share some brief conclusions related to the different sections of this report, as well as a series of requests aimed at facilitating the work of international human rights law bodies and urging the Colombian State – once again – to respect the work of human rights defenders. This report has a public and a private version that was sent to the Special Rapporteur for Women Human Rights Defenders of the United Nations, as well as to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR); within the confidential information there are two annexes detailing the seriousness of the aggressions that we, women human rights defenders, have suffered during this National Strike 2021.
Read the full report here.
por Campaña | Jul 27, 2021 | Movilización Social, Noticias, Uncategorized
BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ #PARONACIONAL
27 de julio de 2021
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:
- 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social[1], de los cuales, en 4 casos existen evidencias o elementos probatorios que indicarían que son presuntamente atribuibles al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
- 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
- 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
- 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá[2].
Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.
El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[3], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[4] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[5] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.
Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.
En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicológicamente[6]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.
Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[7].
El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.
Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello, 3 agresiones reportadas sin identificar.
En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.
Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
- A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
- Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] Dylan Fabriani Barbosa Lion, Daniel Alejandro Zapata, Cristian David Castillo, Camilo Camilo Vélez, Duvan Felipe Barros y Jaime Alonso Fandiño
[2] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133
[3] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/
[4] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921
[5] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx
[6] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
[7] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08
por Campaña | Jul 22, 2021 | Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, luego de realizar un acompañamiento a las múltiples jornadas de protestas del 20 de julio de 2021, a través de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil CVI y de equipos de trabajo de sistematizaciones desde nuestro Puesto de Mando Unificado Popular de las organizaciones de derechos humanos documentamos el trato violento y hostil que el gobierno nacional y gobiernos locales, junto con la fuerza pública, le dieron a la ciudadanía que ejerció su derecho a la protesta social; pese a que se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de escenarios, fue agredida por la intervención violenta del Estado. Encontramos las siguientes cifras:
- 50 personas fueron detenidas en su mayoría de manera arbitraria.
- Más de 60 personas resultaron heridas, 3 de ellas con lesiones oculares.
- Se registraron 31 denuncias por abusos de poder y autoridad.
- Se recepcionaron 17 denuncias por violencias hacia defensoras de derechos humanos, entre las cuales fue reportada una violencia basada en género.
Las protestas del 20 de julio fueron precedidas por un constante clima de estigmatización y discursos de odio por parte del gobierno nacional, particularmente de Diego Molano Ministro de Defensa y mandatarios locales, quienes en días previos a las protestas se encargaron de difundir mensajes de infiltración de grupos armados, ofrecimiento de recompensas y señalaron como grupos ilegales o terroristas a las expresiones de organizaciones sociales de protección como las primeras líneas. Se realizaron múltiples capturas e incautaciones de cascos, escudos y máscaras de gas, bajo criterios ilegales y arbitrarios que supuestamente fundamentaban órdenes de capturas y allanamientos, en los cuales pudimos advertir que se violaron las garantías procesales de las ciudadanas, incluso exagerando los tipos penales para lograr la imposición de medidas de aseguramiento privativa de la libertad.
El Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Valle, tomaron varias acciones para impedir los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, libertad de locomoción y participación de parte del pueblo colombiano en la Asamblea Nacional Popular desarrollada en la ciudad de Cali, con el cierre de fronteras en Valle del Cauca, múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá, Tolima, Santander y Bogotá. El sábado 17 de julio la policía detuvo una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá, dejándolos por más de 7 horas retenidos en las carreteras de Colombia sin justificación alguna. Agentes de la policía manifestaban que no los dejarían continuar porque “sabían a donde se dirigían”. Durante la Asamblea, se identificó y entregó a dos policías que hacían labores de inteligencia en medio del evento, esto agrava y corrobora las ideas divulgadas por medios de comunicación donde según informes de inteligencia del Estado estas Asambleas eran parte del plan terrorista del ELN para el 20 de julio.
El clima de estigmatización generó una repercusión negativa en las garantías al derecho a la protesta, lo que se evidenció en las acciones de la fuerza pública, pues las múltiples declaraciones fueron interpretadas por los agentes como órdenes de no permitir la ocupación del espacio público y por lo tanto usar la fuerza. Según la Policía, el ESMAD y autoridades de gobierno “no están permitidos los corte de ruta o bloqueos”, cuestión que claramente va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estándares interamericanos e internacionales en la materia.
De igual manera, resultan preocupantes los constantes ataques de agentes de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos que realizamos cubrimiento de las protestas a través de las CVI. Varias defensoras fueron agredidas físicamente, hostigadas, empadronadas, perfiladas y se evidenciaron múltiples acciones para entorpecer las labores de las CVI bajo el discurso gubernamental que señala a las organizaciones de derechos humanos de maquillar cifras y no ser imparciales, e incluso, de manera falsa y sin sustento, señalan que son los defensores y defensoras quienes les agredimos; estos casos, son una muestra de la violencia dirigida, intencionada e individualizada, que pone en mayor riesgo a quienes desempeñamos esta labor en medio de la protesta social.
Además, reiteramos nuestra preocupación por el uso del arma de lanzamiento múltiple de gases “Venom” en la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país, la cual disparó indiscriminadamente a la ciudadanía, generando múltiples daños inciertos debido a su uso masivo. Advertimos nuestra preocupación sobre la falta de información en los protocolos de uso de esta arma, ya que la fuerza pública la viene utilizado desconociendo el principio de proporcionalidad y focalización de la fuerza, poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad de las manifestantes y habitantes de sectores aledaños a los puntos de concentración.
Por otro lado, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, se permite informar las cifras de violaciones de derechos humanos que hemos registrado en el territorio nacional desde el 28 de abril hasta el 21 de julio (16:20 pm).
- 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares sin identificar, y en 46 casos no se ha identificado el agresor. Cuatro (4) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
- 1.905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 88 casos de lesiones oculares y 115 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que de las personas heridas: 670 son hombres, 141 son mujeres y de 1084 no se reporta su género; pues muchas personas se niegan a iniciar la denuncia penal o compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
- 326 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; homicidio y uso de la fuerza letal, de la cual tenemos 1 caso, lesiones personales con 129 casos, estigmatización con 139 casos, detenciones arbitrarias o amenazas de detención con 34 casos y violencias basadas en género con 19 casos.
- 833 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 525 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 141 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas, 95 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos un registro de 68 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 16 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 26 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 23 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 3 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos, y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 3.365 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 52 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 44 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 1.603 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- En el mes de julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en extrañas circunstancias.
Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:
LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho a la protesta social.
- Se respete la vida y la integridad de las mujeres, diversidades sexuales y en general de la población que participa -aplicando los correspondientes enfoques diferenciales del caso-, se encuentren o no en el marco de la protesta social.
- Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales que brinden acceso a información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
- Al Gobierno Nacional y Ministerio Público que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, para que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
- A la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas y que aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad, celeridad y garantía de participación de las víctimas.
- Al Gobierno Nacional que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra.
- Finalmente, exigimos al gobierno colombiano adoptar íntegramente las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe sobre Colombia.
