La Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todas denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la violación al derecho fundamental al derecho de reunión que tienen todos/as los ciudadanos, por parte del Gobierno Nacional en Cabeza de Iván Duque Márquez la Gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la Policía Nacional a cargo del General Jorge Luis Vargas Valencia.
Desde el viernes 16 de julio varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias han sido objeto de hostigamiento constante por parte de la fuerza pública en las carreteras de Colombia por dirigirse a la Asamblea Nacional Popular, espacio amplio y diverso de encuentro y deliberación política del movimiento social. En este contexto se han recibido múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá y Tolima.
El sábado 17 de julio la policía ha detenido una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá en la zona de La Herradura, La Tebaida, Quindío y La Paila siendo estos municipios limítrofes con el Valle del Cauca, a los conductores se les ha amenazado con confiscarle los buses e imponerles comparendos. En este momento las delegaciones llevan más de 7 horas detenidos sin poder desplazarse a la Asamblea Nacional Popular, generando un desgaste físico y mental debido la imposibilidad de poder obtener y consumir alimentos. Lo anterior se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público”.
Exigimos a la Policía Nacional que permita y garantice el ingreso seguro sin hostigamientos e intimidaciones a las delegaciones que se concentran en la Universidad del Valle. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para que articulen acciones en favor de la garantía de los Derechos civiles y políticos de los ciudadanos que participarán en este encuentro ciudadano y en las movilizaciones convocadas de manera pacifica para los próximos días.
Un Estado que impide el Derecho de Reunión no puede llamarse democrático.
La CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, la RED UNIVERSITARIA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS y el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre la situación de la DESAPARICIÓN FÍSICA DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DARIEL FAJARDO y sobre los riesgos inminentes y latentes que de ella se derivan en contra su vida, integridad física, psicológica y libertad civiles y políticas, en su condición de ciudadano y defensor de derechos humanos.
HECHOS
Cerca de las 10:00 a 11:00pm el día lunes 12 de julio de 2021, el defensor de derechos humanos DARIEL FAJARDO se encontraba en el barrio San Marcos de la Localidad de Engativá acompañando a su novia.
Él está vestido con un jean, camisa, chaqueta negra, gorro vinotinto de lana.
A sus familiares les parece extraño que DARIEL FAJARDO haya dejado su celular y algunas pertenencias de uso común en su casa.
Desde que salió de la casa de su novia, no se tienen noticias sobre su paradero, ni por parte de sus familiares, ni amistades.
EXIGENCIAS
La activación del MECANISMO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS de manera urgente, para actuar con prontitud en su búsqueda y ubicación con todos los elementos y tecnologías que tiene disponibles las entidades estatales como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
El respeto y garantías de sus derechos a la vida, la integridad personal, así como libertades de los que goza como persona, ciudadano y defensor de derechos humanos.
El acompañamiento urgente del Ministerio Público, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como de la Personería de Bogotá, ejerciendo sus roles de asistencia a la familia del defensor de derechos humanos.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantías reforzadas de las PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.
El día 11 de julio del presente año, siendo las 7:24PM el líder comunitario y comunicador social Daniel Guillermo Pedraza Arias integrante activo de la Asamblea Popular de Engativá (APE) recibió junto con su familia una amenaza por medio del teléfono celular de su mamá en el cual se manifestaba lo siguiente:
“Señores Pedraza Arias saquen a su hijo de lo que anda porque ya está pintando él cree que por estar grabando y gritando y fumando con sus amig@s marihuaneros va a arreglar el país. Sabemos que hace, sabemos donde vive y con quien vive que hace el hermano la cuñada y hasta donde trabaja a que horas sale y hasta con quien sale del trabajo lo sabemos todo, donde se la pasa y que a hecho todos estos meses después del trabajo. Por el bien de el y de todos ustedes haga que se retire de las asambleas y de todo eso!!!”
Posteriormente el 12 de julio sobre las 8.00PM, Daniel se dirigió a una tienda cercana a su lugar de vivienda y se percató del seguimiento continuo de una moto con dos sujetos, allí se le manifestó que hombres no identificados o reconocidos en la comunidad habían indagado por él.
Estos hechos se enmarcan en un contexto desbordado de exacerbación de la violencia a nivel nacional y de la continuada persecución a los liderazgos comunitarios que han participado activamente de las diversas actividades de carácter público en el marco del paro nacional del 2021. Así mismo, tal como se ha señalado por la Alerta Temprana No. 010 del 31 de mayo de 2021 en Bogotá se han establecido escenarios de riesgo continuados expandiendo sus dinámicas hacia nuevos territorios, entre ellos diversos barrios de la localidad de Engativá.
Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional que se pronuncie en contra de las amenazas y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, comunitarios que ponen en riesgo la vida e integridad de jóvenes, entre ellos Daniel Pedraza y su núcleo familiar. A la Fiscalía General de la Nación, le exigimos una investigación eficaz sobre las amenazas en contra del líder y periodista Daniel Guillermo PedrazaArias. A la Defensoría Regional del Pueblo de Bogotá que ponga en marcha de carácter urgente planes de acción en materia de prevención y atención de posibles vulneraciones a los derechos humanos hacia Daniel Pedraza y su familia.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.
Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).
Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.
La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.
Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.
Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .
Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.
Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares» y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.
Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.
Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT, presenta el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”, el cual da cuenta de agresiones a personas defensoras de derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril en Colombia.
El trabajo realizado mediante las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil –CVI, por medio de la interlocución con las autoridades y recolección de información acerca de la violencia y el abuso policial, detenciones arbitrarias, lesiones personales y otras agresiones en el contexto de la protesta social, han permitido registrar casos, realizar denuncias públicas, atención jurídica y acciones de litigio estratégico e incidencia con el objetivo de exigir la garantía del ejercicio satisfactorio de la protesta social y de los demás derechos humanos en el marco de la protesta social.
En ese sentido, las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, desde una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Debido a esto, tanto la CDLAT, como las personas defensoras de derechos humanos que pertenecen a ella o a diferentes CVI, se han posicionado como un referente a nivel nacional y territorial para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en dicho marco.
De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles” expone , en primer lugar, un contexto general de las agresiones que han sufrido las personas defensoras a nivel nacional, en conjunto con un análisis concreto de lo que ocurre en algunas regiones y ámbitos locales, resaltando algunas cifras que evidencian dicha actuación dirigida y que por ende, revelan los riesgos que tienen las personas defensoras en los escenarios de protesta social.
En segundo lugar, se exponen de manera preliminar y sucinta las principales violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos en Colombia en el marco del Paro Nacional que inició del 28 de abril de 2021, tales como:
Homicidios.
Lesiones personales.
Violencias Basadas en Género (VBG).
Estigmatización.
Judicializaciones y detenciones arbitrarias.
Para ello se reseñan algunos casos representativos de las agresiones anteriormente enunciadas en distintos territorios de Colombia como Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga – Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander y Villavicencio – Meta. Señalando la responsabilidad de distintos actores en las agresiones registradas, la cual en todas las categorías registradas la encabeza el Estado colombiano.
En tercer y último lugar, se realizan unas breves conclusiones relacionadas con los diferentes apartados de este informe, así como una serie de peticiones y exigencias dirigidas a los organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para que puedan desarrollar su labor e instar al Estado colombiano -una vez más- a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Este informe tiene una versión pública y una privada que fue remitida a la Relatoría Especial para las Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH; dentro de la información reservada se encuentran sendos anexos que detallas la gravedad de las agresiones que hemos sufrido las defensoras de derechos humanos en este Paro Nacional 2021.
