por Campaña | May 4, 2022 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
4 de mayo de 2022. El día 27 de abril del 2022 fueron capturadas ocho personas señaladas de pertenecer a la primera línea en Neiva. Estas capturas se dieron por órdenes de la Fiscalía (Seccional 6 de Neiva) en las cuales se imputaron cargos relacionados a eventos sucedidos en el marco del Paro Nacional en Neiva durante mayo y junio del 2021: la fiscalía señaló a la primera línea como un Grupo Delincuencial Organizado, y formuló cargos a los capturados por concierto para delinquir, terrorismo, secuestro, incendio, obstrucción de vías, entre otros.
El pasado viernes 29 de abril, la Fiscalía inició la presentación de su solicitud de imposición de medida de aseguramiento ante la Juez 03 Penal Municipal de Garantías, la petición principal fue sitio de reclusión y la petición secundaria fue detención domiciliaria.
En la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, la defensa en representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, organizaciones integrantes de la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, paz y territorio -OBSURDH-, denunciaron hostigamientos e intimidaciones la noche del viernes 29 de abril a los capturados por parte de presuntos integrantes de la Fiscalía para que aceptaran los cargos en su contra. Luego de que los jóvenes no aceptaron los cargos, el 02 de mayo de 2022 la Fiscalía retiró la petición de detención domiciliaria.
El día de hoy, familiares de los detenidos nos informan que los capturados fueron víctimas de intento de agresión al interior del CAI BOGOTÁ; en el cuál, además, luego de las 5 de la tarde, las luces del lugar de reclusión son apagadas durante la noche y afirman que ingresan personas desconocidas pronunciando amenazas.
Aun cuando la Policía Nacional de Colombia tiene el deber y la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas capturadas bajo su custodia, evitando a toda costa agresiones u otras acciones que atenten contra su integridad personal y la vida misma, uniformados en inmediaciones del CAI nos informan que no van a garantizar la seguridad de las personas que se encuentran detenidas por protestar en Neiva.
Solicitamos de manera urgente que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Neiva puedan realizar una visita de verificación de derechos humanos en el CAI BOGOTÁ, sitio donde residen los jóvenes capturados, que permita asegurar su integridad y sus derechos en el marco del debido proceso.
por Campaña | May 3, 2022 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
Durante el año 2021, Colombia vivió un periodo de auge movilizatorio y de fuerte exigibilidad de derechos humanos, fundamentales, ambientales y territoriales; en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, los derechos humanos de la población fueron vulnerados, lo que terminó en un balance anual de 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 114 lesiones oculares, 106 violencias basadas en género, 343 agresiones a defensores de DDHH y 3.546 denuncias por abuso y violencia policial[1].
Luego del Paro Nacional continúan la agresiones
Las protestas sociales presentadas en los 4 primeros meses de 2022, respondieron a situaciones de diversa índole, como el aumento del precio en el pasaje de transporte público, la crisis económica de gran parte de la población, la situación humanitaria en varias zonas del país, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Putumayo, la ocurrencia de violencia sexual en instituciones educativas de Bogotá, entre otras. Esto indica que subsisten las problemáticas que han llevado a la ciudadanía a manifestarse en los últimos años. En lo que va de 2022 la represión a la protesta continúan, la CDLAT encontró que se han presentado las siguientes agresiones:
- 1 homicidio cometido presuntamente por la Policía, contra el guardia indígena Luis Tombé en Miranda, Cauca[2].
- 54 personas heridas, dos (2) de ellas con lesión ocular (en Santander y Medellín). De los 54 registros, 41 se presentaron en Bogotá, 8 en Antioquia, 3 en Bucaramanga y 2 en Cauca. 42 agresiones fueron ejercidas presuntamente por el ESMAD y 3 por agentes de la Policía Nacional.
- 162 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria. 107 se presentaron en Bogotá, 19 en Medellín, 14 en Cundinamarca, 8 en Neiva, 6 en Risaralda, 4 en Santander, 3 en Cauca, 1 en Putumayo.
- 16 allanamientos, 8 en Huila y 8 en Antioquia, contra personas que hicieron parte de las movilizaciones del paro nacional de 2021.
- 4 agresiones contra defensores de DDHH, dos (2) presentadas en Bogotá, una en Bucaramanga y otra en el Cauca. Entre las agresiones se documentó una detención, un empadronamiento y amenaza de detención, un disparo de blas de goma y un homicidio.
Pese a que no fueron cometidas en protestas, se han documentado 3 agresiones sexuales, cometidas presuntamente por agentes de policía, ya que se dieron en el marco de detenciones arbitrarias. La primera, en Manizales, Caldas, donde una mujer fue abusada sexualmente mientras era trasladada a CTP en una patrulla de la Policía[3], la segunda, un hombre fue agredido sexualmente por otros detenidos en la estación de Policía de Soledad, Atlántico[4], y la tercera, en un CAI Villas de Granada de la ciudad de Bogotá, una mujer fue acosada sexualmente, al parecer, por agentes de la Policía, quienes le decían frases como “cuando llegue me la tiene que chupar” amenazano con un furturo abuso sexual, además los agentes la torturaron física y psicológicamente[5].
Es claro que los 239 hechos de violencia registrados son muestra de la continuidad de la violencia estatal, persecución y castigo a quienes ponen en cuestión al Gobierno Nacional y exigen sus derechos en las calles. A pesar de las denuncias, la visita de la CIDH en junio de 2021 y las recomendaciones elevadas por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia, es claro que el accionar policial pone en riesgo la vida y la integridad de personas manifestantes.
Un ambiente de persecución y judicialización.
En lo que va corrido de 2022, han continuado las dinámicas de estigmatización y judicializaciones hacia la población que protesta, algunas marchas han sido señaladas de tener infiltrados chilenos[6] o ser permeadas por la injustamente criminalizada primera línea[7], estos señalamientos son interpretados por los agentes de Policía como avales para intervenir en protestas y capturar arbitrariamente a las personas que participan en ellas. La persecución judicial es preocupante, pues la Fiscalía anunció que adelanta procesos penales en contra de 280 personas de Primera Línea, señaladas de cometer delitos en medio de las protestas[8], pero hasta el momento ninguna persona ha sido condenada[9].
Estos procesos se han caracterizado por su arbitrariedad, pues en algunos casos la Fiscalía infla las imputaciones acusándolas de delitos de mayor gravedad como terrorismo, concierto para delinquir, secuestro y tentativa de homicidio, con el fin de lograr medidas inmediatas de aseguramiento privativas de la libertad y dar aparentes resultados. Uno de los ejemplos más recientes de dicha situación, fue el montaje judicial contra jóvenes de la primera línea en Pasto, en audiencia del 23 de marzo, la defensa pudo evidenciar la existencia de una operación encubierta sin autorización judicial y afirmaciones falsas sobre un supuesto informe de allanamiento donde se aseguraba la supuesta existencia de artefactos explosivos[10].
Pese a la celeridad de la Fiscalía en la apertura de procesos hacia integrantes de la primera línea, la situación contrasta con las investigaciones contra la fuerza pública por casos de abuso de autoridad y violencia policial que no avanzan. Por los hechos ocurridos durante el Paro Nacional fueron abiertos 231 procesos disciplinarios en 2021, pero apenas 11 han tenido resultados, y 120 ya fueron cerrados al no encontrar responsabilidad en los hechos . Esto demuestra la impunidad que ha protegido a la fuerza pública, ante los 7,649 hechos victimizantes ocurridos en 2021.
A un año del inicio del Paro Nacional, y con miras a los actos de protesta en varias ciudades del país y en conmemoración a las víctimas, las detenciones y allanamientos a personas que han participado en las protestas en 2021 y 2022 han vuelto con más fuerza. El 27 de abril de 2022, 8 personas fueron detenidas en Neiva, Huila que supuestamente habrían participado en hechos vandálicos en junio de 2021, fecha en la cual fue incendiado un camión, un colectivo de transporte público y un establecimiento comercial fue saqueado[11]. Durante la noche del 27 y madrugada del 28 de abril, 5 personas fueron allanadas y detenidas en la ciudad de Medellín, las señalan por los delitos de terrorismo, financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizada, concierto para delinquir agravado y fabricación y porte de armas de fuego y explosivos, esto a raíz de la supuesta participación en un incendio a varios establecimientos[12].
Varias de las capturas y allanamientos realizados, han sido fundamentados en las declaraciones de fuentes humanas “no formales”, cuyas declaraciones no tienen sustento, no aportan material probatorio suficiente o el material aportado presentó irregularidades, (como el caso de Pasto, anteriormente referenciado) por las que han declarado ilegales varias capturas, tal como ocurrió con las 14 personas en la ciudad de Bogotá el pasado mes de enero[13].
Las últimas jornadas de protesta.
El 28 Abril durante las protestas de conmemoración a un año del estallido social y de las víctimas de la represión policial, la CDLAT documentó:
- 15 personas heridas, una de ellas menor de edad con lesión ocular, y otra, una mujer embarazada afectada por inhalación de gas lacrimógeno. 7 registros son de la ciudad de Bogotá, y 8 del departamento de Antioquia.
- 37 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria, entre las cuales 18 fueron reportadas como menores de edad. 25 detenciones ocurrieron en Bogotá (ninguna fue judicializada), 9 en Cundinamarca, y 3 en Risaralda.
- 1 agresión a defensores de DDHH, ocurrida en la ciudad de Bogotá, cuando un agente del ESMAD dispara con balas de goma contra los defensores.
- 24 denuncias por violencia y abuso policial, 16 se presentaron en Bogotá, 6 en Antioquia, 1 en Risaralda y 1 en Cundinamarca.
Durante la jornada del 28A, en la ciudad de Bogotá se convocaron varios puntos de concentración, que incluyeron actividades culturales y artísticas, con amplia participación de jóvenes, niños y niñas, como se evidenció en el número de menores retenidos y trasladados al CESPA o los Centros Revivir. En la localidad de Usme, hubo fuerte presencia del ESMAD y la Policía Nacional, lo cual intimidó a la población que se encontraba en las actividades culturales, a pesar de ello no se presentaron confrontaciones. Contrario a ello, en la Universidad Nacional, punto de llegada de varias movilizaciones (principalmente del sector universitario) se presentó la intervención por parte del ESMAD, en la cual 7 personas fueron heridas, 3 de ellas con heridas producidas por armas potencialmente letales, lo cual evidencia la continuidad de las agresiones y el riesgo que corre la juventud al ejercer su derecho a la protesta social.
También, en la ciudad de Bogotá se desarrolló la Caravana Humanitaria del 27 al 28 de abril, acción de protesta que busca denunciar la violencia en contra de defensores de DDHH y liderazgos sociales, principalmente en los territorios del suroccidente del país y declarar una emergencia humanitaria. La Caravana, liderada por Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y compuesta por alrededor de 1.500 personas, se instaló en la Universidad Pedagógica y se movilizó de forma pacífica el 28A a la sede de Naciones Unidas para entregar las respectivas denuncias y comunicados.
En Medellín, se reportaron concentraciones en el Parque de los Deseos, la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, La Alpujarra y la Universidad de Antioquia[14], en este último punto se presentó intervención del ESMAD, dejando 8 personas heridas, 6 de ellas afectadas por proyectiles lanzados por el Escuadrón; además, se presentó una lesión ocular con trauma facial contra un menor de edad, lo cual evidenció una continuidad en la intención de cometer daños graves en la integridad de manifestantes como forma de aleccionamiento y castigo al ejercicio de la protesta. También se registró el uso del arma VENOM, la cual, genera un accionar desproporcionado e indiscriminado en el control de manifestaciones.
La jornada del 1 de Mayo de 2022 en conmemoración a los trabajadores, transcurrió con tranquilidad y amplia participación de sectores sindicales y juveniles. El principal hecho de gravedad se presentó en Miranda, Cauca; en medio de un proceso de liberación de la madre tierra en una zona agroindustrial de caña de azúcar, la Policía y el ESMAD detuvieron a 3 comuneros, por lo que las comunidades se movilizaron a la Estación de la Policía para exigir la libertad de los detenidos, pero cuando llegó la movilización, la Policía disparó con arma de fuego hacia la población, asesinando presuntamente al guardia indígena Luis Tombé, e hiriendo a dos personas más[15], lo cual es muestra de la continuidad de prácticas ilegales y desproporcionadas por parte de la Policía, como el uso de armas de fuego en protestas sociales y el tratamiento de guerra hacia el ejercicio de este derecho.
Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:
LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916
[1] CDLAT. (2021). El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6710a368-d494-4597-92f9-f5a51177aa54#pageNum=1
[2]https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/un-muerto-y-dos-heridos-dejo-encuentro-entre-esmad-e-indigenas-en-miranda-cauca/
[3] El Tiempo. (2022). Mujer habría sido abusada mientras la trasladaban en patrulla de la Policía. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-mujer-habria-sido-abusada-mientras-la-trasladaban-en-patrulla-643110
[4] El Tiempo. (2022). Denuncian presunto abuso sexual a recluso en Estación de Policía de Soledad. https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/caso-de-abuso-sexual-contra-detenido-en-cai-de-soledad-2-000-649642
[5] https://www.instagram.com/p/CalKnNtLnQK/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
[6] Caracol Radio. (2022). MinDefensa: Agitadores chilenos promueven ‘colatón’ y violencia en Bogotá. https://caracol.com.co/radio/2022/01/13/judicial/1642085527_632599.html
[7] Blu Radio. (2022). Primera Línea se infiltró en colegios donde protestan por casos de abuso sexual: Policía de Bogotá. https://www.bluradio.com/nacion/primera-linea-se-infiltro-en-colegios-donde-protestan-por-casos-de-abuso-sexual-policia-de-bogota
[8] El Espectador. (2022). Capturaron a presuntos miembros de la Primera Línea en Neiva y Medellín. https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/
[9] Cuartas, P. (13 de febrero, 2022). 201 personas de Primera Línea investigadas y ninguna condenada. El Espectador. En: https://www.elespectador.com/investigacion/201-personas-de-primera-linea-investigadas-y-ninguna-condenada/
[10] CAJAR. (2022). Defensa devela montaje de la Fiscalía contra jóvenes de Primera Línea en Pasto. https://www.colectivodeabogados.org/defensa-devela-montaje-de-la-fiscalia-contra-jovenes-de-primera-linea-en-pasto/
[11] Blu Radio. (2022). Juez legalizó la captura de los ocho presuntos miembros de la ‘Primera Línea’ en Neiva. https://www.bluradio.com/nacion/juez-legalizo-la-captura-de-los-ocho-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-rg10
[12] El Espectador. (2022). Capturaron a presuntos miembros de la Primera Línea en Neiva y Medellín. https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/
[13] El Espectador. (2022). Jueza dejó libres a 14 señalados de terrorismo en marchas del 28 de abril. https://www.elespectador.com/bogota/jueza-dejo-libres-a-14-senalados-de-terrorismo-en-marchas-del-28-de-abril-article/
[14] El Tiempo. (2022). Marchas en Medellín del 28 de abril: así transcurrió la jornada, en: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-en-medellin-asi-avanzan-las-marchas-y-protestas-hoy-28-abril-2022-668420
[15] CRIC. (2022). BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS. Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Çxhab Wala Kiwe – ACIN, https://www.cric-colombia.org/portal/boletin-ddhh-un-muerto-dos-heridos-y-tres-capturados-en-liberacion-de-la-madre-tierra-en-miranda/
por Campaña | May 2, 2022 | Abuso Policial, Actividades de la Campaña, Informes, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
Hace un año, Colombia y el mundo fueron testigos de serios hechos de violencia ejercidos por parte de la fuerza pública en contra de manifestantes en diferentes zonas del país en el marco del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021 – #28A. Desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de prensa, entre otros, se registraron diferentes formas violentas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que incluyeron asesinatos, tortura, violecias basadas en genero, detenciones arbitrarias, y todo tipo de agresiones en contra de las personas que ejercían su derecho a la protesta. Dentro de estas víctimas también se encontraban niñas, niños y adolescentes.
Teniendo en cuenta la grave situación de violencia y violación de derechos humanos que vivió el pueblo Colombiano, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, La Plataforma Colombiana por el Protagonismo de las Niñas, Niños y Jóvenes y la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, elaboramos el informe “Por el derecho a luchar y la no violencia contra niñas, niños y adolescentes’ en el marco del Paro Nacional.
El informe presenta información publicada desde diferentes sectores, especialmente internacionales, acerca de la situación general de violencia en contra de personas manifestantes. Luego, el documento se centra específicamente en las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se reconoce que esta población tiene derecho a protestar pacíficamente en el marco de las disposiciones de la Constitución Política y en tratados internacionales ratificados por el Estado. Además como sujetos de especial vulnerabilidad requieren de protección acentuada. Partiendo de esta idea, el informe recoge las voces, perspectivas y pliegos de peticiones de NN de diferentes sectores del país respecto del paro nacional, varios de los cuales, participaron activamente en el paro.
Posteriormente el informe recoge los datos de hechos violentos registrados contra niñas, niños y adolescentes durante las movilizaciones y que son atribuibles a la fuerza pública. De allí, se realiza un análisis de las cifras y hechos violentos con base en el interés superior de los niños y una serie de obligaciones internacionales, concluyendo con unas recomendaciones/exigencias, al Estado colombiano, especialmente encaminadas a respetar el derecho a la protesta de las NN y a garantizar su participación significativa sin violencia.
¡Consulta el informe completo haciendo click aquí!
por Campaña | Feb 24, 2022 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Noticias
24 de febrero del 2022
En el Día Nacional contra la Brutalidad Policial, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, la Campaña Defender la Libertad y la Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, llaman la atención sobre la necesidad de reconocer a las víctimas de la violencia policial y expresan nuevamente su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana que legaliza el paramilitarismo urbano al legitimar el uso de la fuerza letal en manos de particulares, criminalizando el ejercicio de defensa de los derechos humanos cuando de verificar la legalidad de procedimientos policiales se trata, y perpetuando la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía y el ESMAD.
Como consecuencia de lo anterior, organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra 13 artículos de la Ley 2197 de 2022, evidenciando la forma en la que se desconocen no solo derechos consagrados en la Constitución sino en tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por Colombia. La Ley de «seguridad ciudadana» del gobierno nacional va en contravía de los derechos de la ciudadanía; en lugar de ofrecer soluciones francas para los problemas de inseguridad que puedan provenir de actos delincuenciales, retoma la vieja fórmula del punitivismo y del populismo punitivo, agregando un nuevo riesgo para la seguridad de las personas: el de un Estado autoritario, que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso.
Es inconcebible este concepto de “seguridad ciudadana” que estigmatiza y criminaliza a quienes ejercen su derecho a la protesta social, así como a quienes han propendido por la defensa de derechos bajo el rol de comisiones de verificación, brigadas de salud y medios alternativos de comunicación, siendo estos señalados y judicializados bajo argumentos endebles que buscan desestabilizar y apaciguar la movilización social. Es inaceptable que no se propongan alternativas para la judicialización de los responsables de graves abusos de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza en un contexto en el que las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado no encuentran precedentes recientes en la historia de Colombia, especialmente las cometidas en el marco del Paro Nacional de 2021.
La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas registró[1] un total de 7.620 agresiones en el marco de la protesta social durante el 2021: 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 106 violencias basadas en género, de las cuales 23 corresponden a violencia sexual, 343 agresiones a personas defensoras de DDHH, 3.546 detenciones arbitrarias e ilegales y 1.636 denuncias por abuso de poder y violencia policial.
Para garantizar los derechos de las víctimas de la violencia policial se requieren retomar las bases del Estado Social de Derecho con: a) un poder judicial y disciplinario que investigue y juzgue eficaz y debidamente las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado; y, b) un control constitucional oportuno de la legislación que vele por la salvaguarda y el respeto de los derechos fundamentales como el de la protesta social y los derechos de las comunidades étnicas, indígenas y campesinas.
Hoy volvemos a insistir en la urgencia de una reforma profunda de la policía, que nos permita avanzar en una fuerza pública para la paz, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la abolición del servicio militar obligatorio y la sanción de todos los militares y policías comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos como garantías de no repetición.
[1] Para más información vea: Campaña CDLAT, 2021. El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021.
por Campaña | Nov 18, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Noticias
Bogotá DC, 18 de noviembre de 2021
Con la intención de promover el debate de una Fuerza Pública para la Paz y construir rutas de exigibilidad integral de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas de violencia policial, víctimas y diversos procesos organizativos realizan este 19 y 20 de noviembre el Encuentro Nacional contra la Violencia Policial: construyendo memoria y dignidad.
Las plataformas y organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos documentado durante décadas el trato violento y hostil que la Policía Nacional ha dado a las personas en el ejercicio de sus funciones de control y gestión del espacio público, vigilancia y labores de seguridad, así como la intervención sistemáticamente violenta contra aquellas que ejercen su derecho constitucional a la protesta social pacífica.
La arbitrariedad de la Policía Nacional se ha visto incrementada desde 2016 con la entrada en vigencia del Código de Policía, el cual le entregó amplios poderes para regular, intervenir y sancionar gran parte de las libertades ciudadanas. Así, sólo entre 2017 y 2019 fueron capturados 1.733 Policías por la comisión de diferentes delitos. Estas dinámicas violentas contra la ciudadanía se incrementaron en la pandemia, ya que el Gobierno nacional y gobiernos locales le entregaron la gestión del espacio público a los funcionarios de policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, lo que trajo graves violaciones de derechos humanos, tal como lo evidenció el caso de Javier Ordoñez. Solo en 2020 durante la pandemia se registraron 86 homicidios atribuidos a la Policía Nacional. Esta actuación violenta de la policía también se vive en zonas rurales, entre marzo y junio de 2020 fueron asesinados 6 campesinos y heridos otros 13 en operativos de erradicación forzada.
Este accionar violento ha dejado múltiples víctimas en sectores sociales que han sido históricamente excluidos como lo son las grandes capas de colombianos y colombianas empobrecidos, las y los jóvenes, los pueblos indígenas en movilización, comunidades campesinas, afrocolombianas, vendedores y vendedoras informales, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, entre muchas otras. Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021).
Durante las jornadas de movilización y protesta, ha sido característica la estigmatización de funcionarios y funcionarias públicos, que antecede a la represión policial violenta por cuanto es interpretada como una orden de limitar la movilización social por medio de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Movimientos sociales y procesos organizativos también han sido víctimas de hostigamientos, allanamientos y detenciones bajo criterios ilegales y arbitrarios, en donde muchas veces se violan las garantías procesales de las y los ciudadanos.
Solo en el marco del estallido social desde abril hasta julio del 2021 desde la Campaña “Defender la libertad asunto de todas”, se registraron 87 homicidios de personas civiles, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos estuvieron en aumento, 833 mujeres fueron víctimas de violencias policiales y 3.365 personas fueron detenidas, en su mayoría por procedimientos arbitrarios.
En Colombia cotidianamente la Policía Nacional lleva a cabo una sistemática persecución y abuso en el espacio público contra personas trabajadoras sexuales, vendedoras y vendedores ambulantes, población juvenil principalmente de los barrios empobrecidos, población consumidora de sustancias psicoactivas, personas habitantes de y en calle y población migrante, entre muchas más. Esta violencia policial que además se cimienta en una visión clasista, patriarcal y racista, ha provocado en los últimos dos años según Colombia Diversa (2021), 477 agresiones contra la población LGBTI (principalmente mujeres trans); 289 homicidios (2017- 2019), el 50% de ellos ocurridos en espacios públicos (Temblores, 2021); y una permanente agresión contra los venteros informales que están en las principales calles de Colombia, buscando obtener ingresos.
Frente a estas realidades, organizaciones y víctimas convocantes exigimos que se dé cumplimiento a las recomendaciones de órganos internacionales para dotar de garantías a la protesta y se lleven a cabo las investigaciones disciplinarias y judiciales que permitan establecer las responsabilidades hasta el más alto nivel de esta violencia sistemática y generalizada ejercida por los cuerpos policiales y se adopten las sanciones pertinentes. Frente al abuso policial necesitamos saber quién dio la orden.
Insistiremos en la importancia de una reforma integral a la Policía Nacional como garantía de no repetición. Para ello, buscaremos impulsar de manera conjunta el diseño de políticas públicas y reformas legales sobre seguridad ciudadana y construcción de paz y garantías para los derechos humanos.
Construyamos memoria y dignidad a favor de las víctimas de violencia policial.
por Campaña | Sep 15, 2021 | Abuso Policial, Actividades de la Campaña, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
En el marco de la conmemoración de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hemos acompañado algunos de los escenarios de memoria convocados por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares y víctimas. En este ejercicio es fundamental comprender el contexto sociopolítico en el cual se llevan a cabo estas expresiones democráticas para identificar si existen avances judiciales en las investigaciones penales y disciplinarias y si realmente se han generado transformaciones en la Policía Nacional como ente gubernamental.
Para ello, podríamos preguntarnos: ¿Qué ha pasado con los casos de las víctimas del 4, 9 y 10 de septiembre del 2020? Con esta pregunta nos remontamos a dolorosos hechos de violencia y brutalidad policial[1] que padecieron personas privadas de la libertad y comunidades de barrios populares, quienes salieron a rechazar mediante múltiples protestas sociales el abuso de poder policial y en particular la tortura y homicidio del estudiante de derecho y conductor de taxi Javier Ordoñez[2]. La respuesta policial fue represión, violencia desmedida y desproporcionada que produjo detenciones masivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, lesiones físicas y los homicidios de personas humildes y trabajadoras: Javier Ordoñez, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Cristhian Andrés Hurtado Menece, Marcela Zuñiga, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smyth Puentes, Julián Mauricio González, Cristian Camilo Hernández Yara, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero Rojas y Eidier Jesús Arias. Además, en el marco de esas jornadas se conoció el escabroso y tenebroso hecho de la masacre por incineramiento de jóvenes detenidos en el CAI de Soacha, Cundinamarca.
Podemos afirmar que en todos los casos referidos existe continúa la impunidad institucional y judicial tanto en el ámbito disciplinario interno de la Policía y del control preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación, así como en el ámbito penal de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria colombiana.
Frente a los hechos del 4 de septiembre del 2020 acaecidos en Soacha, Cundinamarca[3], podemos recordar que se generó un encubrimiento de graves circunstancias en las que murieron incinerados 8 jóvenes detenidos por la Policía dentro de un CAI en este municipio. Aunque en los vídeos que se dieron a conocer a través de la Revista Semana se identifican a varios uniformados de la Policía, se informó a la opinión pública que tan solo dos policías[4] serían presuntos responsables del incendio.
Frente a los hechos del 9[5] y 10 de septiembre del 2020 la Veeduría Distrital emitió un informe preliminar[6] en el cual se citan cifras de la Secretaría Distrital de Salud que frente al 9 de septiembre donde señalaron: 7 casos de asesinatos de personas en Bogotá y 3 en Soacha, 305 personas heridas en el marco de las protestas, de las cuales 75 fueron heridas por arma de fuego, 43 por arma blanca y 187 por otro tipo de armas. Asimismo, se identifican como las localidades más afectadas a Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Se señaló que se documentaron 119 denuncias por parte de la Alcaldía de Bogotá por presuntos abusos policiales, la Veeduría Distrital informó que tan solo contaba con 3 expedientes abiertos frente al abuso de autoridad, que la Procuraduría General de la Nación adelanta 73 procesos contra integrantes de la Policía Nacional (19 activos, 38 en etapa probatoria, 8 en indagación, 3 en evaluación de investigación disciplinaria, 3 en fallo de primera de instancia y 2 en proceso de registrar sanción). Citando al Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes se resaltó que 3 de cada 10 ciudadanas considera que la Policía no les protege.
Por nuestra parte, emitimos boletines informativos[7] que dieron cuenta de la gravedad de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional, de los cuales resaltamos el uso de armas de fuego contra manifestantes, las agresiones a defensoras de derechos humanos, detenciones arbitrarias masivas, asesinatos de personas manifestantes pacíficas, detenciones arbitrarias masivas incluyendo personas menores de 18 años, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, secuestros y casos de presuntas desapariciones. Todos los registros que hicimos en el Sistema de Agresiones a la Protesta Social SIAP, encuentran que algunos patrones de agresiones que se repiten respecto de lo ocurrido en el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y en los meses del Paro Nacional de 2021.
Un año después de estos hechos de violencia policial, no existe información completa y veraz que dé cuenta de sanciones ejemplarizantes contra los integrantes de la fuerza pública que fueron responsables de los crímenes cometidos en Bogotá. Tampoco se encuentran evidencias de la existencia de políticas públicas de construcción de paz y transformación estructural de la Policía que permitan la implementación de medidas contra la impunidad y de garantías de no repetición de la violencia policial. Con políticas públicas efectivas, no habríamos asistido a la profundización de esa violencia que sufrimos en el Paro Nacional de este 2021. Pese a que la Alcaldesa de Bogotá Claudia López mantenga un discurso de pedir disculpas por el abuso de la policía[8], sus actuaciones en el año 2021 frente a las jornadas del Paro Nacional y frente a su deber de contribuir con los avances judiciales de investigaciones y tomar las riendas de la Policía Metropolitana de Bogotá, siguen estando en deuda y concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso con el propio Decreto Distrital 563 de 2018.
Lo anterior es parte fundamental de los factores que explican los detonantes que mantienen viva la convulsión social que sienten las familiares de las víctimas y las diferentes organizaciones sociales, lo que conlleva a que realicen actos conmemorativos y a la vez denuncias nacionales e internacionales sobre la ausencia de justicia, verdad y garantías de no repetición en los hechos de los que fueron víctimas por culpa exclusiva de la Policía Nacional y del Estado colombiano. Por ejemplo, la jornada de conmemoración en el barrio Verbenal en Bogotá D.C. que se llevó a cabo el jueves 9 de septiembre de 2021 da cuenta del dolor que se mantiene vivo en las familiares de las víctimas de este barrio y de la ciudad en general y pese a que la jornada mantuvo viva la esperanza y los anhelos de justicia, se empañó por algunas acciones violentas registradas en otros puntos de la ciudad y por la ausencia de avances investigativos significativos que sean un aliciente para las personas que rodean a las víctimas del 4S, 9S y 10S.
La deuda histórica frente a la reforma policial estructural sigue vigente
La Policía Nacional de Colombia actualmente cuenta como una entidad con un bajo nivel de legitimidad, con un amplio reconocimiento social como institución vulneradora de los derechos humanos en escenarios de manifestantes pacíficas y que gozan de una impunidad garantizada por el fuero penal militar y por la ausencia del trabajo que deben realizar la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. A propósito de las nuevas jornadas de movilización social del 9 y 10 de septiembre del 2021 y las discusiones que se proyectan en el senado de la república, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas queremos retomar[9] algunos elementos centrales de la discusión vigente sobre la reforma policial, que en sus aspectos estructurales y de fondo no encuentran ningún avance en lo planteado por el gobierno nacional.
- Es imprescindible diseñar, construir e implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana y construcción de paz que orienten la reestructuración de la Policía Nacional, haciendo uso de diferentes mecanismos de participación ciudadana que doten de legitimidad democrática y popular estos ejercicios.
- La insistencia en la reubicación sectorial de la Policía, del sector Defensa al sector del Interior o de Justicia, tiene que ver con el alcance que puede tener el enfoque de derechos humanos en sus actuaciones y en el propósito de mediano plazo de desmilitarizar la doctrina de la entidad.
- La desmilitarización de la Policía Nacional pasa por separar los cuerpos policiales contrainsurgentes, que luchan contra el narcotráfico, EMCAR, Comandos Jungla y Comandos Especiales para que definitivamente sean parte de las FFMM.
- Se necesita una investigación interna rigurosa que permita identificar las faltas disciplinarias y delitos que se enmarcan en violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía en las jornadas de protesta social pacífica. Es urgente el esclarecimiento total de estos casos, pues la impunidad no es tolerable en ninguna medida.
- Es urgente que los diferentes funcionarios públicos que conforman la Policía Nacional, reciban formación integral en derechos humanos, por parte de entidades independientes del Sector Defensa y del gobierno nacional. Este proceso debe tener un carácter permanente y debe ser impartido por actor imparcial y capacitado. Se requiere profundizar conocimientos en enfoques diferenciales para el tratamiento de asuntos de seguridad ciudadana.
- Se necesita la reforma del proceso de convocatoria y selección de integrantes de la Policía Nacional, incorporando estándares de derechos humanos.
- La transformación de la doctrina operacional de la Policía debe ser radical y completa. La Policía Nacional colombiana no puede funcionar bajo doctrinas militares que perpetúan la visión de la búsqueda del enemigo interno.
- Creación de una cultura de rendición de cuentas transparente, oportuna y masiva, de parte de la Policía Nacional hacia las ciudadanías, en las que se expliquen los detalles de los operativos de acompañamiento a protestas sociales.
- Dentro de la Policía solo deben existir cuerpos que acompañen los asuntos exclusivos de seguridad ciudadana.
- Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes.
- Es necesario clarificar que la Policía Nacional jerárquicamente responde a su superior que son las Alcaldías y no las fuerzas militares. Esto es ratificar el carácter civil que tiene la Policía.
- Se necesita revisar el régimen de carrera que tiene la Policía. Son demasiados rangos: 15. Las oportunidades de profesionalización de integrantes de la fuerza pública son mínimas.
- Se necesita limitar el derroche financiero de supuestas reformas, que invierten millonarias cifras en compra de equipamientos, vehículos y uniformes nuevos, que no solucionan los problemas estructurales de la Policía.
- Se deben generar regulaciones y prohibiciones de tácticas y procedimientos policiales abusivos, violentos y agresivos. Así como generar una restricción y limitación al abuso de la figura de traslado por protección para desincentivar la protesta social.
- Se propone la creación de la Auditoría Policial, adscrita a la Defensoría del Pueblo, en la cual la ciudadanía haga denuncias oportunas que puedan ser atendidas por mecanismos de participación ciudadana.
- Es urgente la modificación del fuero penal militar, toda vez que los policías no son militares y no pueden beneficiarse del mismo. Este fuero genera impunidad en casos de violaciones de DDHH a manifestantes. Se requieren investigaciones judiciales independientes y eficientes en casos de violaciones DDHH en contra de manifestantes.
La comprensión de las problemáticas estructurales de la sociedad colombiana implica un abordaje integral, incluyendo una revisión particular sobre las difíciles condiciones socio económicas en este contexto ampliamente agudizadas por la pandemia, que brindan elementos para explicar la conflictividad en escenarios de protestas. La policía como institución debe transformarse para garantizar el cumplimiento de su fin misional y trascienda a la comprensión y aplicación efectiva de los Derechos Humanos, es necesario que las instituciones estatales puedan promover una reforma policial, pero que a la par realice acciones efectivas de esclarecimiento de la verdad y garantía de justicia para todas las víctimas de crímenes de Estado.
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Notas al final
[1] Colombia: La masacre del 9 y 10 de septiembre: brutalidad policial como ejercicio de gobierno. Somos Abya Yala. 21 de noviembre de 2020. Disponible en: http://somosunaamerica.org/2020/11/21/la-masacre-encolombia/
[2] El abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía, afirman sus familiares, Contagio Radio, 9 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.contagioradio.com/el-abogado-javier-ordonez-fue-asesinado-por-la-policia-afirman-sus-familiares/; Medicina Legal señala que la muerte de Javier Ordóñez fue “violenta-homicidio”, El Espectador, 08 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/medicina-legal-senala-que-la-muerte-de-javier-ordonez-violenta-homicidio/
[3] Alcanzó a decir: ‘mamá, no llore’’. Madre de quemado en incendio”, El Tiempo, 11 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-madre-de-uno-de-los-jovenes-muertos-en-incendio-en-cai-de-policia-noticias-hoy-548378; Los detalles de lo que pasó en estación de Policía de Soacha. El Tiempo, 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/incendio-en-soacha-detalles-de-lo-que-paso-el-4-de-septiembre-548670; Atención: estos son los escalofriantes videos del incendio en el CAI de Soacha donde murieron ocho jóvenes. Semana, 2 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-estos-son-los-escalofriantes-videos-del-incendio-en-el-cai-de-soacha-en-el-que-murieron-ocho-jovenes/202100/
[4] Exclusivo: dos policías serían responsables del incendio en el CAI de Soacha donde murieron 8 jóvenes. Semana, 31 de enero de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-dos-policias-estarian-involucrados-en-el-incendio-de-la-estacion-de-soacha-donde-murieron-ocho-jovenes/202157/
[5] La noche del 9S: voces de una masacre. Primera entrega. Cuestión Pública, 13 de septiembre de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/la-noche-del-9s-voces-de-una-masacre-primera-entrega/
[6] Veeduría Distrital, Informe “El 09 y el 10 de septiembre en Bogotá. Las cifras y datos detrás de los hechos de vandalismo y abuso policial que afectaron el derecho a la protesta social”, septiembre de 2020. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.pdf
[7] Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. Disponibles en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-1-9s/; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-2-10s/ y; https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-3-10s/
[8] Claudia López rindió homenaje a las víctimas del ‘9S’ y pidió reformar a la Policía: “para las familias no ha habido verdad ni justicia”. Infobae, 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/09/claudia-lopez-rindio-homenaje-a-las-victimas-del-9s-y-pidio-reformar-a-la-policia-para-las-familias-no-ha-habido-verdad-ni-justicia/
[9] Se retoman elementos de las propuestas del profesor Alejo Vargas Velázquez, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Reforma policial: urgente y estructural, pero poco probable. Periodico UNAL, 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-policial-urgente-y-estructural-pero-poco-probable/; asimismo se retoman elementos de las propuestas de proyectos de ley radicados en el Congreso de la República por parte de Congresistas de la Bancada de Oposición.
