Boletín informativo 11: #ParoNacional

Boletín informativo 11: #ParoNacional

13 de mayo de 2021. La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de dieciséis (16) días de jornadas de protesta social pacífica a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo (18:00 pm) en el territorio nacional:

  • 50 personas registradas como fallecidas[1] presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar y se está verificando su relación con las protestas. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
  • 524 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 35 sufrieron lesiones oculares. 51 fueron heridas por arma de fuego. 74 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 21 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1.430 personas han sido detenidas[2], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa el traslado por protección , siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 753 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89[3] personas desaparecidas en medio del paro, pero para el 10 de mayo la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada manifestó que en su registro habían 379[4] personas desaparecidas. Esta cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización.

Manifestamos nuestra preocupación debido a las actuaciones arbitrarias de la fuerza pública en Buga, Valle del Cauca hoy ante la manifestación pacífica de la población, y en Barranquilla ante las movilizaciones realizadas en el marco de las jornadas del Paro Nacional y los señalamientos estigmatizantes hacia la misión médica que atendía a personas heridas en la vía pública. Así como hacia las defensoras de derechos humanos, acusándolas de porte y uso de armas de fuego, lo cual, aclaramos es falso y hace parte de intentos de tergiversación de nuestra labor en el contexto actual del país ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y fundamentales de la población.

Rechazamos la utilización de artefactos como las armas VENOM, que han sido catalogadas como municiones “no letales” para la dispersión de masas por parte del ESMAD, sin embargo, se ha reportado que el uso indiscriminado de esta puede ser peligrosa para los manifestantes. Anoche en Popayán, el ESMAD usó el lanzador de proyectiles múltiples VENOM desde el suelo y de forma horizontal[5], esta es un arma indiscriminada y es peligrosa, ya que pone en riesgo la vida de las manifestantes con el uso de esta manera.  Asimismo, en las jornadas de protesta se han encontrado latas de gases lacrimógenos vencidos, los cuales no deben ser utilizados.

Manifestamos la preocupación por el aumento de violaciones a los derechos fundamentales al momento de las detenciones, como que se limite el contacto con defensoras de derechos humanos, sus defensores de confianza, familiares y otros, o demoras injustificadas de los traslados a centros de protección, así como la utilización de estaciones de policía  como Centros de Traslado por protección improvisados, como ocurre en Bogotá, CAI’s u otros sitios no autorizados,  y la falta de presencia del Ministerio Público en las manifestaciones. Todo ello ha puesto en riesgo de desaparición forzada y de la ocurrencia de agresiones por parte de la fuerza pública a la ciudadanía; por lo cual es imprescindible que las instancias pertinentes del Estado activen los Mecanismos de Búsqueda y se inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en dichos casos en los que la fuerza pública se ha negado a dar información de los detenidos y ha intentado ocultar su paradero.

Manifestamos nuestra preocupación por la deficiente respuesta estatal en la condena y persecución judicial de civiles armados que atacan a manifestantes de manera coordinada y sistemática con armas de fuego. La cual obedece a los intereses de grupos armados ilegales y paraestatales de ejercer temor y control territorial para evitar el ejercicio del derecho a la protesta. Lo anterior, ha sido alentado por los mensajes racistas y criminalizantes de funcionarios del gobierno nacional y el partido Centro Democrático quienes asocian indebidamente la protesta con organizaciones armadas ilegales.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡Toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica. Estas medidas responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de odio que han sido generados por el gobierno de Iván Duque Márquez y personalidades políticas del partido de gobierno como Álvaro Uribe Vélez, a través de prácticas de terrorismo de Estado, así como un trato militar y paramilitar de la protesta social pacífica

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
  • Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada a las personas responsables.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.

[1] Se confirmó el estado de una persona que se había registrado como fallecida, la cual se encuentra hospitalizada y en estado de gravedad, y otra que no falleció en el marco de la protesta social.

[2] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 665 detenciones en Bogotá, 33 en Cauca, 155 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 66 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 32 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 6 en Caldas, 2 en Sucre y 66 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.

[3] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-reporta-89-personas-como-desaparecidas-durante-el-paro-nacional-en-colombia/202138/

[4] Ver: https://twitter.com/coeuropa/status/1391890887031001100

[5] https://twitter.com/jmvivancohrw/status/1392957373111808007?s=21

Boletín informativo: Bogotá #ParoNacional

Boletín informativo: Bogotá #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de siete días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 14 de mayo (17:30 pm) en la ciudad de Bogotá:

    • 169 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD, 17 sufrieron lesiones oculares, 9 fueron heridas por arma de fuego y 37 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
    • 10 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
    • 672 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
    • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
    • 444 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
    • 3 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública o por civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por esclarecer su relación con las protestas).

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las familiares de víctimas de homicidios, así como a las víctimas de mutilaciones, agresiones, lesiones oculares, violencias basadas en género, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas asociadas. ¡Toda la fuerza! queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.

Rechazamos el accionar de la Policía Metropolitana y del ESMAD por sus excesos de fuerza y abuso de autoridad que se han presentado durante sus intervenciones hacia la protesta social pacífica, violando protocolos, estándares y normas internacionales y nacionales sobre los derechos humanos en la protesta social, incluso llegando al uso de armas de fuego contra las manifestantes, lo cual va en contra de la vida e integridad de la ciudadanía, y el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica y la exigencia de sus derechos fundamentales.

Rechazamos la utilización de artefactos como las armas Venom, que han sido catalogadas como municiones “no letales” para la dispersión de masas por parte del ESMAD, sin embargo, se ha reportado que el uso indiscriminado de esta puede ser peligrosa para los manifestantes. Asimismo, en las jornadas de protesta se han encontrado latas de gases lacrimógenos vencidos, los cuales no deben ser utilizados. Rechazamos también los casos de violencias basadas en género que se han presentado en la ciudad, y de los cuales funcionarios de la Policía han sido los responsables, el acoso, miradas y expresiones lascivas, tocamientos indebidos, desnudos parciales y completos, golpizas y abuso sexual, han estado presentes durante las detenciones, por lo cual es necesario que ante dichas violencias se adelante los procesos penales contra las personas responsables.

Llamamos la atención sobre la falta de coordinación de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Bogotá y los entes de control en suministrar datos oportunos y certeros de carácter oficial sobre el número de personas heridas y detenidas en la ciudad y el lugar de su traslado; con esta falta de información, se han propiciado condiciones que generan un riesgo permanente de la ocurrencia de hechos de desaparición forzada en el marco de las conducciones y detenciones arbitrarias durante las jornadas del Paro Nacional en la ciudad. Además, los traslados por protección no se están desarrollando de manera inmediata a los lugares destinados para ello, en su lugar las personas están siendo llevadas a estaciones de Policía y CAI, lo que no permite la localización y comunicación con las familiares y abogadas, y así mismo, brindar las garantías de derechos de las personas detenidas. 

EXIGIMOS

  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para el ejercicio de las organizaciones sociales de defensoras de derechos humanos que acompañan las jornadas de protesta social pacífica.
  • A la Alcaldía Mayor de Bogotá, la NO MILITARIZACIÓN de la ciudad.
  • Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional.
  • A la Fuerza Pública, el cumplimiento de los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
Comunicado sobre la Situación de Derechos Humanos en Bogotá D.C

Comunicado sobre la Situación de Derechos Humanos en Bogotá D.C

Dirigido al representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Comisión de la Verdad, a la oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y a la opinión pública.

Frente a la grave situación de violencia que vive la ciudad, se solicita acompañamiento y veeduría internacional en Bogotá D.C. para garantizar el derecho humano y fundamental a la protesta social pacífica y manifiesta frente a las actuaciones del gobierno distrital y nacional:

  1. Que en este momento no se está garantizando el derecho a la protesta social pacífica por parte del gobierno distrital, ni del gobierno nacional. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá no cumple con los protocolos internacionales, nacionales y distritales; está violando de manera grave y sistemática los derechos humanos, sin dar cabal cumplimiento al Decreto 563 del 2015. Exigimos que se detenga de forma inmediata la violencia, abuso y brutalidad policial.
  2. Las organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias por parte de la ciudadanía, en las que se ha alertado sobre graves hechos presentados en Bogotá D.C. como detenciones ilegales y arbitrarias, utilizando infraestructura pública como el Portal Américas de Transmilenio para torturar jóvenes, evidenciando tratos crueles e inhumanos. Encerramiento por parte del ESMAD a las manifestantes sin rutas de evacuación claras y seguras. Ataques de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos, periodistas y personal de salud que busca socorrer a las personas herida El uso de un colegio para operaciones de la fuerza pública en el marco de la represión de la protesta, resaltando el aterrizaje de un helicóptero Black Hawk con munición de gases para el ESMAD en Bosa. El uso de gases desproporcionado, que provocó afectaciones a la salud afectando viviendas y conjuntos residenciales de barrios populares, en Usme hubo un caso de un gas por el aire entró a una casa. Fuerza pública que roba a las manifestantes, tortura y presuntamente participa en procesos de desaparición forzada. Uso de “armas no letales” con graves consecuencias, como propiciar quemaduras, afectaciones a la integridad personal, lesiones oculares y hasta tentativas de homicidio. También hay casos de homicidios que se encuentran en proceso de esclarecimiento en cuanto a su nexo causal con las jornadas de protesta del Paro Nacional.
  3. Hacemos un llamado a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López a pronunciarse de manera vehemente frente a la violencia policial, a llamar a la Policía Metropolitana de Bogotá a acatar el orden legal y constitucional, así como la cadena de mando de la Alcaldía Mayor, así como aplicar de manera integral el Decreto 563 del 2015, que garantiza el derecho a la protesta social pacífica. La alcaldesa no puede mantener una actitud de ambigüedad frente a los graves hechos de abuso y violencia policial que se han presentado durante el Paro Nacional. Hoy no es claro, cuál es la autoridad civil que está al mando de la policía en la ciudad de Bogotá.
  4. Denunciamos la no aplicación del Decreto 563 de 2015 con referencia a la intervención de organizaciones de derechos humanos. La administración distrital no realizó una planeación y preparación integral para garantizar el derecho a la protesta social con las organizaciones de derechos humanos, barriales, ambientales, feministas, animalistas y sociales, ni con el Comité Distrital de Paro. Tampoco está teniendo ninguna incidencia la participación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado, y sus intervenciones y peticiones no son respondidas de manera efectiva. Especialmente grave es el secretismo y la negación de información con referencia a las razones y al momento en que el ESMAD o la Fuerza Disponible intervienen en los puntos de protesta social, además las actas del Puesto de Mando Unificado están siendo recortadas y la intervención de las organizaciones de derechos humanos no aparecen registradas en las mismas. Sistemáticamente las cámaras de seguridad no funcionan cuando de registrar abuso policial se trata. Todo esto va en contravía de las determinaciones del Decreto 563 del 2015, de la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.
  5. Conminamos a la administración distrital, a la Policía Metropolitana de Bogotá, al gobierno nacional en especial, al Ministerio de Defensa, a renovar los acuerdos de garantías a la protesta social en la ciudad.
  1. Manifestamos que la protesta pacífica en Bogotá no puede ser violentada ni por el abuso de la policía, ni por actos violentos en los sectores empobrecidos y segregados de la ciudad que en algunos casos pueden estar soportados en redes i En ambos casos es deber del gobierno; prevenir con una política de seguridad integral estos actos violentos, y además controlar a la Policía Metropolitana como parte integral del Estado, cuya responsabilidad es garantizar los derechos humanos de las manifestantes.
  2. Pedimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación interinstitucional, que presenten e implementen planes de prevención integrales para garantizar el derecho legítimo a la protesta social pacífica.
  3. Instamos a la Policía Metropolitana de Bogotá a instancias del gobierno distrital a un reconocimiento del abuso policial y el no cumplimiento de protocolos, como un primer paso para desescalar la violencia en la ciudad. Sin reconocimiento por parte del Gobierno Distrital y la Policía Metropolitana de lo que está pasando, no habrá un proceso de reparación integral y por lo tanto, de reconciliación entre las ciudadanías que ejercen el derecho a la protesta social pacífica y las fuerzas de policía en la ciudad. La administración distrital en cabeza de la Alcaldesa, no puede ser inferior a este llamado ético.

Por lo tanto, frente a esta vulneración sistemática de los derechos humanos y la falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta social por parte de las ciudadanías, solicitamos al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Verdad, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno  y al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz:

  1. Generar una Veeduría Internacional sobre el cumplimiento del Decreto 563 del 2015, la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. En particular, relacionado con el papel de la fuerza pública en la protesta social y en la garantía del uso de la fuerza bajo los principios establecidos en los protocolos por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como las garantías de la real y eficaz incidencia de las organizaciones de derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado.”
  2. Acompañar a las organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en la ciudad, para rodearlas de garantías con el fin de que puedan cumplir su labor, sobre todo de sus Comisiones de Verificación e Intervención CVI.
  3. Acompañar los espacios de diálogo territorial que se están generando con las manifestantes para iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación integral desde los territorios afectados por la violencia en escenarios de protesta social, de tal manera que se empiecen a transformar las dinámicas de conflictividad territorial de manera no violenta, generando diálogos improbables.
  4. Facilitar el diálogo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá para este proceso de verdad, justicia y reparación integral.
  5. Acompañar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y los mecanismos territoriales de defensa de derechos humanos que está gestionando la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Bogotá 9 de mayo del 2021. Suscriben:

Comité de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas

Fundación Lazos de Dignidad

Alternativa

Temblores ONG

Boroló

Comité Distrital de Paro CDP

Ciudad en Movimiento

Colectivo José Martí

Red Popular de Derechos Humanos

Comité Local de Derechos Humanos de Suba

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz CIJP

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU

Comité Permanente de Derechos Humanos

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -ColectivoOFB

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR

Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos

Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle

Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP

Colectivo Jurídico Popular de Engativá

Congreso de los Pueblos

Asociación dhColombia

Red Contra el Abuso de Autoridad Red CAA

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capítulo Bogotá

Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Comisión de Garantías de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos

Fundación de Derechos Humanos PASOS

Fundación Defensoras de los Derechos del Pueblo BAKIA

Comisión Colombiana de Juristas CCJ

Corporación Juridica Yira Castro

Asociación Colombiana de de Estudiantes Universitarios – ACEU

Mesa Ambiental Usaquén San Cristóbal Oriental UPZ 11 Territorio La Mariposa de los Cerros Orientales de Usaquén

Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA

Coordinador de Organizaciones Sociales COS Bogotá

Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá-Cundinamarca

Unión Patriótica UP

Juventud Comunista Colombiana JUCO

Unión de Jóvenes Patriotas UJP

Juventud Humana Bogotá

Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES

Polo Joven

Red Nacional del Agua de Colombia

FUMPAZ

Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO

Colectivo Agrario Abya Yala

Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC

Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra REDEPAZ

Asociación Distrital de Educadoras ADE

Proceso de Comunidades Negras – PCN Bogotá

Ecolectiva

Kilombo Autónomo Iré Arikú

Fundación Red Hilos de Ananse

Juntanza Techotiva

Asamblea Suba Oriental

Colectiva Antimilitarista La Tulpa

Fundación Ecológica Bacatá

Red de Mujeres de Puente Aranda

Don Jumento Comunicación Alternativa

Fundación Alma

Tejido Pal Barrio

Escuela Popular Ambiental y Cultural de Puente Aranda

Huerta Agroecológica Las Hadas

Colectiva Las Abejas

Movimiento PorLaVida

Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior – UNEES

Colectivo Jaime Garzón Unisalle

Colectivo Vamos Por los Derechos

Somos Uno

The Class Records, medio comunitario alternativo de Engativá

Caicas

Asociación Dedise

Huertas Chapinero

Colectivo Yuliana Samboní

Corporación de Estudios Sociales y Jurídicos Sentipensar

Colectivo Alianza por el Agua

Mesa de Cerros Orientales

Comité Páramo Cruz Verde

Colectiva Huertopía

Observatorio de Paz

Colectivo Interdisciplinario de Derechos Humanos Waman Iware

Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda

Movimiento Magisterial Dignidad Educativa

Casa de Los Colores

Critical Peace & Transformation

Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Van Der Hammen

Voces En Resistencia VER Fontibón

Asociación Minga

Corporación Manaba

Corporación Yurupari

Corporación Colectivo Creacción

Esquema Feminista de Derechos Humanos

Colectivo Ciudadano Sembradores Van Der Hammen

Teusaradio

Red de protección y bienestar animal de Bosa

Organizaciones internacionales:

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, Liga Mexicana por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Chilena de Amistad con la RASD, Fundación Constituyente XXI Chile, Amigos por un Sahara Libre – México

 

Boletín informativo 10: #ParoNacional

Boletín informativo 10: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de doce días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo (18:20 pm) en el territorio nacional:

  • 52 personas registradas como fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
  • 489 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 33 sufrieron lesiones oculares. 48 fueron heridas por arma de fuego. 69 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1365 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Hemos recibido el registro de 548 personas presuntamente desaparecidas, sólo 113 han aparecido. Es decir, seguimos en la búsqueda de 435 personas a nivel nacional.

Rechazamos las graves agresiones de las que han sido víctimas comuneras integrantes de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, realizado por parte de civiles armados acompañados de la fuerza pública, así como las declaraciones hechas por parte del Presidente, sobre el cierre de fronteras del departamento de Valle del Cauca y su llamado hostigante a la población indígena del Pueblo Nasa a volver a sus Resguardos, sugiriendo y propiciando con ello, una afectación y restricción de sus derechos a la libertad de locomoción, libertad de expresión, libertad de movilidad y circulación por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad de asociación, así como el ejercicio del derecho a la protesta social y al intercambio de experiencias organizativas con procesos sociales promotores del Paro Nacional, en la ciudad de Cali, con las que adelantan labores de salvaguarda de la población que ha sido abusada y violentada desde el día 28 de abril por parte de la Policía Nacional y de civiles armados.

Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.

Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica. Estas medidas  responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de odio que han sido generados por el gobierno de Iván Duque Márquez y personalidades políticas del partido de gobierno como Álvaro Uribe Vélez, a través de prácticas de terrorismo de Estado, así como de la perpetuación de prácticas sociales genocidas y de un trato militar y paramilitar de la protesta social pacífica, para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando masiva y sistemáticamente los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social pacífica.

Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la  violación de derechos civiles y políticos.

EXIGIMOS

  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
  • Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
  • Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
  • A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
  • Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
  • Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
  • Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.

 

[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 602 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 154 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 66 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 31 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 64 detenciones reportadas sin ubicación.

Alerta temprana por estigmatización contra la minga desde cuenta de Twitter Brigada anticomunista

Alerta temprana por estigmatización contra la minga desde cuenta de Twitter Brigada anticomunista

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS, el COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO,  el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS y la COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica, libertades civiles y políticas, el enfoque diferencial étnico de Pueblos Indígenas, la autonomía y autodeterminación de la Minga Indígena, que en la ciudad de Cali, Valle del Cauca se encuentra ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.

  1. HECHOS

El 10 de mayo de 2021 recibimos información sobre una cuenta de Twitter denominada Brigada anticomunista, desde la cual se comparte información que estigmatiza a la Minga Indígena señalandola de tener vínculos con grupos armados ilegales, en donde se encuentran publicaciones como “Minga es FARC” y se hace un llamado a los habitantes de Cali para que envién la ubicación exacta de las manifestantes y a hacer uso de las armas para atacarlas. Incluso alertan a las personas que circulan por el sur de la ciudad para que no salgan de sus casas porque pueden confundirlos con “vándalos”.  En uno de los trinos se les advierte que “ya saben como deben ir vestidos para poderlos identificar”.

Estos hechos, se suman a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las manifestantes de la ciudad de Cali que han participado de las movilizaciones en el marco del Paro Nacional realizado de manera continuada desde el día 28 de abril del 2021, los cuales comprometen el uso indiscriminado, abusivo y violento de la fuerza por parte de agentes estatales que integran la fuerza pública, así como por parte de particulares. Todas estas han sido denunciadas en diferentes alertas tempranas, denuncias públicas y comunicados emitidos ante organismos de control, entidades públicas, organismos internacionales de derechos humanos y opinión pública en general[1].

  1. EXIGIMOS
  • El rechazo por parte de las diferentes autoridades estatales sobre los discursos de odio que estigmatizan a la Minga Indígena y promueven el uso indiscriminado y abusivo de la fuerza en su contra.
  • En este sentido, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a quienes se encuentran detrás de la promulgación y difusión de estos discursos que ponen en riesgo la vida, integridad física y psicológica de las integrantes de la Minga Indígena y se observe su relación con los hechos acontecidos el 9 de mayo de 2021 en los que resultaron heridas 10 personas del Pueblo Nasa articulado a la Minga Indígena. Estas investigaciones deberán incorporar un enfoque étnico, esclareciendo la posible participación de agentes estatales en estos hechos.
  • Se adopten medidas para solicitar la suspensión y bloqueo de cuentas de Twitter u otra red social que promuevan discursos de odio que incitan a ejercer actos que constituyen violaciones a los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre ejerciendo sus derechos a la protesta social, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación en el marco del Paro Nacional.
  • El acompañamiento efectivo de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal, así como de las correspondientes Secretarías de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca y su presencia en terreno.
  • Garantías para que las misión de verificación de organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo sobre situaciones de vulneración a derechos humanos.
  • Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley . Naciones Unidas. 1990

El Estado Social de Derecho está llamado a amparar el derecho a la protesta social, a la libertad de reunión o asociación y a la libertad de expresión. Por ello, permitir la elaboración y difusión de discursos de odio que estigmatizan a la Minga Indígena y promueven la violencia en su contra, es contrario a los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos los cuales prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio que constituyan incitaciones a la violencia sin distinción de motivos.  Los discursos de odio son en sí mismos una amenaza para la vida e integridad física y psicológica de las personas hacia las que va dirigido, sumado a que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional debido a la discriminación histórica que ha recaído sobre sus colectivades. Por esta razón, hacemos un llamado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos de la Minga Indígena.

 

[1] Ver por ejemplo: Campaña Defender la Libertad. Defensores y defensoras de derechos humanos objetivo directo de la represión estatal en Colombia.4 de mayo de 2021.

Denuncia pública de amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos y manifestantes

Denuncia pública de amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos y manifestantes

Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS y el el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS denunciamos ante la opinión pública y las entidades competentes, sobre las situaciones de riesgo inminente y latente contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanas y ciudadanos manifestantes, que en la provincia de Ubaté, Cundinamarca se encuentran ejerciendo de manera pacífica y legítima su derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación, en el marco de las exigencias con ocasión del Paro Nacional.

HECHOS

  1. Desde el 29 de abril de 2021, defensores y defensoras de derechos humanos en conjunto con manifestantes han ejercido su derecho a la protesta de manera pacífica en la provincia de Ubaté. En este marco, las personas defensoras han realizado acciones de verificación y veeduría al actuar de la Fuerza Pública. Cabe notar al respecto que el Ejército y la Policía Nacional han agredido y empujado a los y las lideresas y defensoras en este marco.
  1. En específico, el día 08 de mayo de 2021, personas vestidas de negro si dirigieron a un grupo de defensores amenazando a algunos de ellos exigiéndoles que “cerraran la boca y no se metieran o los matarían”. De manera particular, les manifestaron que ELÍAS HELO, defensor de derechos humanos del municipio, debía tener cuidado porque lo iban a matar.

EXIGIMOS

  1. El respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que han ejercido las y los ciudadanos en la provincia de Ubaté.
  2. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y su presencia en terreno.
  3. Garantías para que las comisiones de verificación de organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo sobre situaciones de vulneración a derechos humanos
  4. Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior, así como los estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, incluyendo el respeto y garantía del ejercicio al derecho a la protesta social.  Se recuerda que el derecho a la protesta está relacionado con el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación política.

Recordamos igualmente el nivel de riesgo al que se encuentran sometidas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y que nos hace contar hasta el día de hoy 60 líderes y lideresas sociales asesinadas, lo que hace imperativo a las entidades territoriales y nacionales el despliegue de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como parte esencial de la democracia. La respuesta estatal no puede continuar siendo la militarización de los territorios y la estigmatización y criminalización de la defensa de los derechos humanos, sino la adopción de garantías integrales que amplíen la participación de la sociedad civil.