La Campaña Defender la Libertad un asunto de todas, alerta de manera temprana y preventiva sobre la vulneración de derechos humanos a las y los manifestantes que se encuentran a las alturas del Portal de Suba, así mismo alertamos sobre los hostigamientos que están recibiendo las Comisiones de Verificación e Intervención por parte de la Fuerza Pública y el ESMAD.
HECHOS
Sobre las ocho y media de la noche del día de hoy, 23 de junio de 2021, se encuentran agentes del ESMAD agrediendo a los manifestantes y disparan directamente hacia los cuerpos de los y las manifestantes que se encuentran a las alturas del Portal Suba.
Aproximadamente a la misma hora, agentes del ESMAD y de la Fuerza Disponible, hostigan de manera incesante a los y las defensoras de derechos humanos que se encuentran haciendo verificación, agrediéndolas verbalmente, con expresiones como “Ustedes solo defienden a los vándalos” o “Sobran aquí” y solicitándoles que dejen de grabar los procedimientos que violan los protocolos de intervención. Esto claramente desconoce y confunde todo el trabajo de las Comisiones de Verificación e Intervención de DDHH en las manifestaciones.
Agentes del ESMAD disparan aturdidoras en contra de Diálogo Social y Comisiones de Verificación e Intervención y lanzan piedras en contra de las manifestantes.
Miembros de la Fuerza Pública aseguran que algunas y algunos defensores de Derechos Humanos se encuentran tirando piedras en contra del ESMAD y de la Fuerza Disponible, sin ningún sustento probatorio, por lo que se difama y desconoce la labor de los y las defensoras que es velar por el ejercicio del derecho a la protesta.
EXIGIMOS
EXIGIMOS al Estado Colombiano, en cabeza de Iván Duque, y a la Fuerza Pública, el respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el respeto por el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica.
EXIGIMOS al Ministerio Público que haga veeduría de estas actuaciones de la Fuerza Pública, puesto que atentan contra el libre ejercicio del derecho a la protesta social.
Bogotá D.C., 22 de junio de 2021. Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima. Si bien no se conoce el contenido de la reforma anunciada porque no se ha publicado un texto oficial, advertimos que este anuncio genera riesgos significativos frente al deber estatal de brindar garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social.
El pasado viernes 18 de junio el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la modificación del decreto 003 de 2021, a través de un video en su cuenta de Twitter. En dicha publicación se afirma que “se realiza modificación al Decreto 003/2021 donde se establece que NO constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura del transporte”[1].
La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional por las siguientes razones:
Primero, la Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-227 de 2017 que la regulación del derecho a la protesta social pacífica, por ser fundamental, no podía realizarse a través de una ley ordinaria, si no que requería de un trámite de ley estatutaria. En este sentido, una regulación orientada a establecer los límites legales del derecho a la manifestación pacífica, tampoco podría realizarse a través de un decreto.
Segundo, el decreto 003 de 2021 fue expedido como consecuencia de la orden quinta de la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020, como mecanismo para garantizar el respeto por el derecho a la protesta social. Por tanto, la modificación al decreto no puede restringir el ámbito de protección de este derecho.
Tercero, al ser un decreto emitido en el marco de una mesa de negociación con participación de las organizaciones accionantes, personas interesadas en proteger el derecho a la protesta y demás instituciones relevantes para la garantía de la manifestación pública y pacífica, cualquier modificación debería tramitarse del mismo modo. Las modificaciones no fueron negociadas ni concertadas, ni tampoco puestas previamente en su conocimiento.
Cuarto, no se puede desconocer y modificar de manera arbitraria, vía decreto presidencial, la ley penal vigente y su interpretación constitucional (sentencia C-742 de 2012) que frente a este asunto particular es clara al señalar que el único caso en el que el bloqueo de vías se constituye un delito es cuando la obstrucción se hace a través de medios ilícitos. “La Ley 1453 de 2011, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, modificó el Código Penal y dio origen a delitos como obstrucción vías que afecten el orden público (artículo 44), el cual, en realidad, tipifica como tipo penal la obstrucción a vías mediante el uso de medios ilícitos.[2]”
Finalmente, es importante que la opinión conozca otro incumplimiento del Gobierno nacional a la garantía del derecho a la protesta. El 19 de mayo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. resolvió dar trámite al incidente de desacato, que busca sancionar a los responsables por el incumplimiento de la sentencia. El Gobierno nacional no ha presentado los informes correspondientes a las acciones adelantadas en cumplimiento de todas las órdenes en las que está involucrado dentro del plazo establecido por el Tribunal. Esto demuestra, nuevamente, su absoluta falta de compromiso con el cumplimiento de órdenes de carácter judicial, vulnerando además el equilibrio de poderes, que es básico para el ejercicio del rol de garante que ejerce un Estado social de derecho. Dicho incumplimiento de la sentencia implica, además, que el ejercicio del derecho a la protesta social -como un derecho polivalente-, sigue siendo vulnerado de manera sistemática y arbitraria por parte de todas las instituciones accionadas, incluida la Presidencia de la República.
Es imprescindible que cesen las vulneraciones de derechos humanos en contextos de protesta social. Que se respeten los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de locomoción, la libre movilidad por el territorio nacional en el marco del ejercicio de la protesta social y pacífica, los cuales están protegidos tanto a nivel constitucional como en declaraciones y tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos – DIDH. La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional porque no garantiza ninguno de estos derechos y se está haciendo de manera arbitraria.
Firman:
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Profes al Paro
El Veinte
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – DH Colombia
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
Red de Derechos Humanos «Francisco Isaías Cifuentes»
[2] Entre estos medios pueden incluirse: el daño en bien ajeno, el incendio, el disparo de armas de fuego, el empleo de sustancias peligrosas y la violencia contra servidor público. Información tomada de: Fiscalía General de la Nación. Directiva N° 008. “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta social”, 2016. Citado en Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP y Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (2019). Guía práctica para defender la Protesta en Colombia. P. 24.
22 de junio de 2021. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cincuenta y cinco (55) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 22 de junio (14:00 pm) en el territorio nacional:
83 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 27 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. 16 de estos asesinatos están en proceso de verificación sobre su relación con la protesta social.
1.677 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 80 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que dentro del universo de personas heridas: 643 son hombres, 133 son mujeres y de 893 no se reporta su género; pues muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
267 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas en contra de su vida, familias y/o de judicialización arbitraria, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 10 han sido dirigidas a comunicadoras sociales, en especial, prensa alternativa.
788 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 507 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 133 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 85 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 59 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 17 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 21 casos de violencia física a mujeres en razón del género,18 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
3.203 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
1. 476 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4].
Vemos con gran preocupación que a pesar de que las movilizaciones en el marco del Paro Nacional han disminuido, las actividades de movilización social pacífica continúan y así, las vulneraciones a los derechos humanos en el país no cesan. En Valle del Cauca continúa el uso desproporcionado e ilícito de la fuerza contra personas manifestantes, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las manifestantes sin importar si hay presentes niñas, niños y bebés[5] quienes ya se han visto afectadas. También, la fuerza pública y civiles no identificados han atacado a quienes ejercen su derecho a la protesta con armas de fuego, violando protocolos y normatividad nacional e internacional sobre el uso de la fuerza en protesta social. Alertamos sobre la aparición de dos personas asesinadas y desmembradas en zona rural del municipio Aguaclara[6] y en la ciudad de Cali[7], la primera hacía parte presuntamente de la primera línea del municipio[8] -información por confirmar-. Estas terribles y abominables acciones son cometidas con el fin de generar terror y zozobra en la población, para que se desincentiven y terminen las diferentes actividades de protesta social pacífica. Hacemos un contundente y especial llamado a las autoridades a atender, esclarecer y juzgar a las personas responsables de estos graves crímenes.
En Bogotá, es preocupante la situación en Portal Resistencia (antes Portal Américas), la localidad de Usme y Portal Suba. En dichos puntos, las vulneraciones a los derechos humanos se presentan casi a diario, colocando en riesgo la vida e integridad de las manifestantes y de las habitantes en las inmediaciones de dichos sectores, estas últimas se han visto bastante afectadas por los daños materiales y la inhalación de gases lacrimógenos aún estando en sus viviendas. Estas jornadas han dejado decenas de personas heridas, y ayer, 21 de junio, una persona fue asesinada en Usme según versiones preliminares por el impacto de un gas lacrimógeno[9], situación por esclarecer .Además, rechazamos los intentos de desalojo que se han presentado en el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla en el Parque El Mundo por parte de la Policía Nacional.
Alertamos sobre la situación de las personas detenidas ayer, 21 de junio, en Usme, sobre las cuales se había informado que se encontraban en URI de Kennedy en Puente Aranda; hoy, 22 de junio, en horas de la mañana las autoridades le manifestaron a las familiares de las detenidas que éstas no se encuentran en ninguno de los lugares de detención, aumentando el riesgo de ocurrencia de violaciones a los derechos fundamentales como lo son el debido procesos, la asistencia jurídica técnica, a no ser incomunicados y aumentan el riesgo de ocurrencia de desaparición forzada. Afortunadamente y gracias a la presión ciudadana en horas de la tarde sus familiares obtuvieron información sobre las personas detenidas.
Rechazamos los hostigamiendos, la discriminación y la vulneración de derechos a tres mujeres indígenas. Uno de estos hechos ocurrió en Bogotá el 12 de junio, dos mujeres indígenas Misak son hostigadas por la Policía en un bus de servicio público, el agente dice que ellas no pueden ir en el bus porque la «gente como ellas» está haciendo disturbios[10]. La segunda vulneración dio lugar en Cundinamarca, donde una mujer indígena Embera fue retenida, recibió trato discriminatorio y no facilitaron un traductor durante el procedimiento[11]. Esto evidencia la fuerte estigmatización por parte de la policía hacia este sector de la población que ha sido marginado históricamente por el Estado. Dicha estigmatización ha venido en aumento luego de las manifestaciones contra las estatuas de personajes de la historia que colonizaron los territorios de Abya Yala -las cuales generan violencias simbólicas en contra de Pueblos Originarios, quienes hacen parte de las jornadas de movilización.- Estas acciones reivindicativas y no violentas, no deben ser atacadas y señaladas por parte del Estado, quien por el contrario debe implementar medidas de protección especial a pueblos que han sido históricamente víctimas del genocidio.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de las apariciones de personas asesinadas y desmembradas.
Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no-violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 5 personas asesinadas en el marco de la protesta social, 3 en Valle del Cauca, 1 en Cesar y 1 en Bogotá.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1205 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 379 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 108 en Santander, 5 en Cartagena, 244 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 37 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 27 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, lamenta informar a la opinión pública que en la localidad de Usme (Bogotá) una persona de sexo masculino, Jaime Alonso Fandiño Ariza, fue impactada por un gas lacrimógeno en el pecho, posteriormente fue trasladada al CAMI de Santa Librada, donde finalmente falleció por trauma de neumotórax. Sobre las 5:20 pm del 21 de junio de 2021 la familia confirmó la noticia.
Rechazamos los excesos del uso de la fuerza de la Policía Metropolitana y del ESMAD, quienes están haciendo caso omiso al cumplimiento de los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, incluso portando armas de fuego en el marco de la retención de los manifestantes.
Alertamos de manera urgente a las entidades competentes sobre la situación desbordada de violencia en la Localidad de Usme desde las 4:00 de la madrugada, la cual pone en riesgo inminente la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de las personas que se manifiestan.
Nos solidarizamos con la familia de Jamie Alonso Fandiño Ariza, y con todas las víctimas de abuso policial en Colombia.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cuarenta y cinco (45) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 11 de junio (14:30 pm) en el territorio nacional:
78 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 24 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
1.522 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado setenta y nueve (79) los casos de lesiones oculares y ciento cinco (105) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 635 son hombres, 129 son mujeres y 751 no se reporta su género; muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
178 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 9 han sido dirigidas a comunicadores sociales, en especial, prensa alternativa.
707 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 489 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 129 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 42 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 14 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 12 casos de violencia física a mujeres en razón del género,11 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
3.086 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
1.434 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4].
Es de gran relevancia la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para el conocimiento y verificación de las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población colombiana que ejerce su derecho a la protesta social. Allí, víctimas y organizaciones de derechos humanos pudimos dar a conocer las graves violaciones a derechos humanos en el marco del Paro Nacional, y aportar elementos para las recomendaciones y observaciones que realice la CIDH luego de su visita.
El día 8 de junio reportamos información detallada de 81 casos de homicidios ocurridos directa o indirectamente en el marco de la protesta social, algunos de estos hechos están por confirmar su relación con el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021; 78 casos corresponden a personas civiles asesinadas presuntamente por fuerza pública y/o actores civiles armados, y 3 casos de homicidios contra agentes de la fuerza pública. Del total de asesinatos, dos (2) fueron cometidos contra mujeres, dos (2) contra menores de edad, dos (2) contra adultos mayores que fueron afectados por inhalación de gases lacrimógenos , hemos identificado tres (3) personas asesinadas por impacto de gases lacrimógenos y/o aturdidoras, una (1) persona arrollada por una tanqueta, una (1) persona que según las denuncias de sus familiares falleció incinerada, una (1) persona fallecida por torturas y golpizas (en el municipio de Madrid), una (1) persona que denuncian falleció luego de que el ESMAD la obligara a lanzarse al río Cauca, dos (2) agentes estatales víctimas de linchamiento uno de ellos un policía y otro un agente del CTI que no se encontraba en funciones y accionó su arma de fuego contra varias personas dejando tres de ellas muertas, veinticuatro (24) de los homicidios fueron presuntamente atribuidos a la fuerza pública y treinta y dos (32) fueron debido al uso de armas de fuego. Estas muertes se concentran en 14 municipios de Colombia, demostrando la masividad del fenómeno de uso de la fuerza letal para contener movilizaciones.
La cantidad de casos de vulneraciones a los derechos humanos demuestra el uso indebido de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD, ya que se han faltado a los criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. Además, se ha utilizado el armamento de manera irregular con el fin de maximizar sus daños. Ejemplo de ello, la realización de disparos de balas de goma, cartuchos de impacto y gases lacrimógenos para generar lesiones oculares de las cuales la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas ha registrado setenta y cuatro (78) casos de lesiones oculares entre los que se encuentra un (1) menor de edad.
Sobre las violencias basadas en género, se tuvo reunión con la Secretaria adjunta para el monitoreo Maria Claudia Pulido y su equipo de trabajo, al cual pudo informarse en conjunto con otras organizaciones, sobre los actos constitutivos de violencia sexual, violencias físicas, psicológicas, patrimoniales y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados del 28 de abril al 02 de junio de 2021[5]. Esto teniendo en cuenta las agresiones que que mujeres y población con identidad de género y orientación sexual diversa, sufren en diferentes espacios de participación y movilización, impidiendo el goce efectivo de sus derechos, el hacer parte de la vida pública, y a vivir una vida libre de violencias. Las principales violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como parte de la represión violenta hacia las manifestantes, son la violencia sexual, las detenciones ilegales y arbitrarias (que son escenarios en los que el riesgo de violencias aumenta) y las agresiones físicas en medio de las manifestaciones.
De igual manera se informó a la CIDH sobre la situación de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, en Colombia, ya que labor implica asumir un alto riesgo para la vida e integridad. La Campaña, ha podido documentar 178 agresiones a defensoras de DDHH, de éstas, 116 fueron en Bogotá, 4 en Cauca, 8 en Valle del Cauca, 1 en Meta, 2 en Tolima, 10 en Atlántico, 4 en Santander, 12 en Cundinamarca, 6 en Nariño, 6 en Boyacá, 1 en Risaralda, 2 en Antioquia, 2 en Caldas, 1 en Putumayo, 1 en Norte de Santander y 2 registros sin ubicación. Estos son casos que incluyen agresiones físicas (golpizas y Tortura) violencias basadas en género, insultos, empadronamiento de los documentos de identificación, impedir la labor de verificación e intervención, grabación de sus rostros sin autorización, seguimiento por medio de drones, hostigamiento, violencia verbal, amenazas de detenciones y detenciones arbitrarias.
Consideramos fundamental la visita de trabajo de la CIDH a Colombia, toda vez que los entes de control e investigación no son imparciales y se caracterizan por su tardía acción en la salvaguarda de los derechos humanos. Por ello, esperamos que organismos de carácter internacional insten al Estado colombiano a respetar los DDHH y cese el ataque contra el pueblo colombiano. Así mismo esperamos que la CIDH continúe haciendo seguimiento a la grave situación del país.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 2 personas asesinadas en Cali, y se comprobó que una de las personas anteriormente registradas no fue asesinada en el marco de las protestas sociales.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1122 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 377 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 107 en Santander, 222 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
El pasado miércoles, 9 de junio de 2021, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen entregan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH un informe que da cuenta de las violencias basadas en género en el marco del #ParoNacional 2021.
Organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que las mujeres han jugado un rol importante en las protestas sociales del Paro Nacional 2021, entregan ante la CIDH un informe que da cuenta de las graves vulneraciones a los DDDH en contra de mujeres en el marco de las movilizaciones, las cuales se ubican en los actos constitutivos de violencia sexual, las violencias sufridas en el marco de detenciones arbitrarias y, las agresiones físicas y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021. Se debe tener en cuenta que la participación de mujeres durante las movilizaciones ha sido activa y masiva, en distintas ciudades del país las mujeres han llevado a cabo plantones y vigilias feministas; se han agrupado “Mamás de la Primera Línea”, con el fin de proteger a los y las jóvenes que protestan; han organizado ollas comunitarias para sostener las protestas; entre otras.
En el marco de las diversas formas de participación, las mujeres han sufrido distintas formas de violencias sexuales (“VS”) y otras violencias basadas en género (“VBG”) por parte de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencias como parte de la represión violenta de la protesta, incurriendo así en violaciones de derechos humanos, y reafirmando dichas violencias como formas de impedir el goce efectivo de los derechos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias.
La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual.
Las principales violaciones de DDHH de la Fuerza Pública contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta han sido:
Violencia sexual
Detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS
Agresiones físicas en el contexto de las manifestaciones
Las organizaciones de la sociedad civil que hicieron entrega del informe, solicitan, entre otras, que la CIDH incorpore en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación de los derechos humanos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.
Además, se solicita a la CIDH que requiera al Estado colombiano implementar algunas recomendaciones, tales como:
Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres ocurridas desde el 28 de abril de 2021, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigaciones disciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública.
Solicitar a la Fiscalía General de la Nación un informe público sobre las acciones adelantadas por el Grupo de Género a nivel nacional para investigar los hechos delictivos ocurridos en el marco del Paro Nacional, para el esclarecimiento de estas agresiones.
Solicitar a Colombia la realización de las investigaciones sobre los hechos de violencia sexual acontecidos en el marco del Paro Nacional 2021 y dar seguimiento a dichas investigaciones con el fin de conocer los resultados arrojados y las medidas para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Llevar a cabo seguimiento a dichas investigaciones con el fin de constatar los resultados de las mismas.
Exhortar al Estado colombiano, para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia, todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres, sean conocidos por la justicia ordinaria.
Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el ESMAD.
