por Campaña | Jul 2, 2020 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Noticias, Organizaciones, Uncategorized
HECHOS
PRIMERO: Hoy jueves 02 de julio del 2020, los habitantes de la Comuna 4, Ciudadela Sucre, reportan a las 5:20 AM la presencia en el sector de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
SEGUNDO: Siendo las 6:30 AM las personas asentadas en sector de La Margarita y Villa Nueva Alta reportan la intervención del ESMAD con armamento de baja letalidad, sin una previa labor de mediación por parte de la fuerza pública y sin presentarse agresiones por parte de la población. Se reporta además la agresión con arma de perdigones por parte del ESMAD a un joven, a quien le estropean y retienen una moto de su propiedad, las llaves de la misma y sus documentos de identificación.
TERCERO: Hace presencia en el sector de La Margarita y Villa Nueva Alta a las 7:20 PM, cuatro tanquetas antidisturbios y camiones con fuerza pública que incluye Ejercito Nacional que se encuentra armado, según lo manifestado por personas del sector. También se refiere la presencia de población vulnerable como niños, niñas y adolescentes, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
CUARTO: En el lugar hace presencia el Secretario de Gobierno y la Personera Municipal. De acuerdo a las versiones de quienes se encuentran allí, El Secretario de Gobierno manifestó que la administración va a tomar acciones definitivas frente al asentamiento porque no puede estar acercándose al sector cada tercer día.
QUINTO: Los residentes de los barrios aledaños al sector del asentamiento refieren a las 7:40 AM que fue cortado el suministro de agua potable, recurso vital para la subsistencia.
Por lo anterior hacemos un llamado:
1. A la Alcaldía Municipal en cabeza de Juan Carlos Saldarriaga, al Secretario de Gobierno, a que no se dé una salida violenta y trato bélico a la situación y que instalen una mesa de dialogo con las comunidades representadas en el Comité Humanitario por la Vivienda Digna. Evitando realizar intervenciones de la fuerza pública que afecte a la población civil.
2. A las autoridades municipales, Alcalde, Secretario de Gobierno, Comandante de Policía del Distrito de Soacha, a la Personería municipal y a la Defensoría del Pueblo, que sean garantes de los derechos de la ciudadanía tomando medidas para que en tiempos de aislamiento preventivo no se violen los derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad y al agua como recurso vital.
3. Al Gobierno Departamental, al Gobierno Nacional y a la Comunidad Internacional para que generen escenarios de dialogo con las comunidades y atiendan su necesidad de vivienda.
“Comisión de Verificación Humanitaria Ciudadela Sucre”
por Campaña | Feb 21, 2020 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS, INFORMAMOS DE MANERA URGENTE, que siendo las 6:00pm de la tarde, en la ciudad de Bogotá se presentan aproximadamente 14 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la movilización del Paro Nacional, entre ellos 5 adolescentes.
1. Siendo aproximadamente las 3:15pm, la Policía interviene una concentración que se estaba llevando a cabo en la carrera 7ma con calle 41. Producto de la intervención, detienen a 5 jóvenes (4 menos de edad), los cuales fueron trasladados a la estación de Policía para proceder con una detención.
2. De las personas detenidas, 9 fueron bajo la figura de “traslado por protección”. Persiste el uso irregular y arbitrario de esta figura, la cual se usa más como un mecanismo de represión a la protesta que como una forma de protección. Adicionalmente, las demoras injustificadas en los traslados continúan, incrementando el riesgo de vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. Seis personas que fueron conducidas a las 8am en Suba, ingresaron al CTP siete horas después de su detención. Es de recordar que el plazo límite para dicho procedimiento es de 12 horas.
3. Se han presentado seis heridos. Entre ellos un joven que fue arrollado por una motocicleta policial, y otro que presentó una lesión ocular.
4. Queremos manifestar que el cuerpo especializado ESMAD ha hecho lanzamiento de armamento no convencional. Particularmente, en los hechos presentados en la sede Vivero de la Universidad Distrital se evidenció el lanzamiento de piedras por parte de los agentes policiales.
5. Finalmente, denunciamos el ingreso del ESMAD al campus de la Universidad Distrital sede 40 a las 3:40pm aproximadamente, sin que éste estuviese autorizado. Lo anterior es no solo es una violación a la autonomía universitaria, sino al mismo protocolo anunciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
6. Hacemos un llamado público a los organismos de control y a las autoridades nacionales, para que inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya a lugar y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades frente a estos acciones irregulares e ilegales, que afectan el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.
Desde la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, exigimos que se respete la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanos y ciudadanas manifestantes. En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com
por Campaña | Feb 10, 2020 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Noticias, Organizaciones
Ante las justas reclamaciones del pueblo araucano por vida digna, el Estado colombiano continúa su estrategia de agresión y se ensaña contra el movimiento social.
Una vez más, nuestro movimiento ha sido objeto de la criminalización y persecución estatal, a través del eje de la judicialización. En la madrugada de este lunes, en el municipio de Arauquita fueron capturados los compañeros WBEIMAR ALEXANDER CETINA LOZADA presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca y HORACIO RAMÍREZ dirigente campesino de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA-. Las capturas y allanamientos fueron desarrollados en sendos operativos de la fuerza pública en cabeza de la DIJIN, quienes además irrumpieron en la casa de habitación de la suegra del compañero JUAN DE JESÚS GÓMEZ, presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Arauquita, en su búsqueda.
Los compañeros capturados Wbeimar y Horacio, así como, Juan de Jesús, en cumplimiento de sus labores como líderes comunales y campesinos, acompañaron la justa movilización que trabajadores y comunidades desarrollaron el año anterior, exigiendo a ECOPETROL, CENIT y el Estado colombiano, las garantías laborales, inversión social y compensación ambiental. Así mismo, los tres dirigentes han participado de los diferentes espacios de interlocución que como movimiento sostenemos con el Estado y las empresas petroleras, en el marco del decreto 0285 de 2013.
Estas nuevas capturas ocurren en el contexto de cumplimiento del Estado colombiano a los designios del capital nacional y transnacional, donde el Estado servil a esos intereses de acumulación, persigue y criminaliza a quienes sentamos nuestra voz de protesta en defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio. A quienes no asesina haciendo uso de sus fuerzas legales (Ejército, Policía y organismos de inteligencia) e ilegales (estructuras paramilitares), nos amenaza, constriñe y encarcela.
Pese a esta persecución sistemática con la cual el Estado pretende desarticular el tejido social, acallar nuestras voces e impedir que sigamos materializando nuestro Plan de Vida, nosotros reiteramos el compromiso con el pueblo, con el territorio, y con la construcción permanente de ese otro mundo posible.
Exigimos al Estado colombiano respetar y garantizar nuestra labor social y comunitaria, y dejar en libertad de manera inmediata a nuestros compañeros injustamente detenidos.
Al pueblo araucano lo llamamos a no desfallecer en sus demandas por vida digna, y como respuesta, los invitamos a participar de manera activa y protagónica en las próximas movilizaciones que a nivel nacional venimos coordinando como movimiento social contra el paquetazo de Duque, por la garantía de nuestros derechos y, por la vida y libertad de nuestros líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos.
¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!
por Campaña | Dic 3, 2019 | Abuso Policial, Actividades de la Campaña, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias, Uncategorized
Balance de situación de agresiones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional
Foto: El Nuevo Siglo
La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, abuso policial y criminalización de la protesta social en Colombia. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, ha realizado acompañamiento in situ a la movilización social que se ha presentado en el país, documentado casos y sistematizando la información.
A continuación, se presenta un balance general de la situación que hasta el momento se ha evidenciado en el país. Para ello, es preciso tener en cuenta que el Paro Nacional convocado desde el pasado 21 de noviembre de 2019 ha sufrido una antesala de agresiones, estigmatizaciones y señalamientos que ha afectado el goce efectivo del derecho de reunión y asociación, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.
Antecedentes del Paro Nacional: Allanamientos y militarización
El 15 de noviembre, seis días antes de que iniciara la jornada de Paro, el Gobierno Nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército Nacional en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Nueve contingentes de la Brigada XIII fueron desplegados en Bogotá. Más de 350 soldados[1] intervinieron en monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en la ciudad. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la participación de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información conocida a través de las autoridades.
Es importante recordar que las Fuerzas Militares no deberían intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo casos excepcionales.
De otra parte, el día 19 de noviembre desde las 6:00am, se llevaron a cabo –de acuerdo a la confirmación de las autoridades- 37 allanamientos[2] a casas y sedes de trabajo de medios de comunicación en todo el país. De estos, hasta la fecha, 21 se han declarado ilegales en el posterior control judicial que se hace de los mismos, debido a que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que legitimara esta acción.
La información suministrada por las autoridades, señalaba que estos allanamientos se hacían contra personas que posiblemente podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes al movimiento social. Algunos de los elementos incautados fueron afiches, pinceles y pinturas.
Decreto y directrices frente al Orden Público
El 19 de noviembre de 2019, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087 de 2019, por medio del cual se orientaron medidas para el mantenimiento del orden público. En el artículo 3 se estableció: “Se hace un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”.
Este llamado propició las condiciones para que por lo menos ocho ciudades (Bogotá, Cali, Facatativá, Chía, Candelaria -Valle del Cauca-, Jamundí, Buenaventura y Popayán) decretaran toques de queda que afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación, a la protesta social entre otros, sin que existieran razones suficientes para que estas restricciones se impusieran al conjunto de la ciudadanía; puesto que, los hechos de alteración al orden público eran focalizados en pocos puntos.
Detenciones y judicializaciones arbitrarias
Durante los primeros diez días de Paro Nacional, se han presentado en el país 914 detenciones, de estas 835 han sido en Bogotá, 26 en Popayán y 25 en Barranquilla. De estas 914 personas, 47 personas (5,6%)[3] han sido judicializados, y las demás (94,3%) han sido trasladas por protección o por procedimiento policivo. En el primer caso, las personas que fueron capturadas en supuesta flagrancia, fueron por los delitos de violencia contra servidor público. Sin embargo, en un alto porcentaje fue decretado ilegal el procedimiento de captura, tanto por no existir los elementos que la justificaran, como por las agresiones físicas que recibieron durante su desarrollo.
En el segundo caso, las personas fueron conducidas bajo la figura de traslado por protección y traslado por procedimiento policivo (artículos 155 y 157 de la Ley 1801 de 2016). Ésta establece que la persona solo podrá ser conducida cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, al funcionar como una detención administrativa, se ha hecho un uso abusivo de esta facultad, y se ha utilizado como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, configurándose en la mayoría de los casos, como detención arbitraria.
En algunos de estos casos se han presentado tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en CAIs o estaciones de Policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a partir de dispositivos de control eléctrico y finalmente, a algunas personas se les fractura sus manos producto de golpes dados con la tonfa o con patadas.
Adicionalmente, en Bogotá, más de 418 personas que fueron trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, el cual se impone por alteración a la convivencia, en muchos casos, argumentando obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que supera los $196.720, se usa de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.
Uso indiscriminado y desproporcional de la fuerza
Otro de los aspectos que han afectado el desarrollo de la protesta social es el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Actualmente, se registran más de 300 heridos, entre ellos algunos jóvenes heridos con arma de fuego por parte de la Policía, como lo es el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala que recibió en su espalda. Adicionalmente, otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del Esmad, y otras 2 personas tienen su pierna en riesgo por el impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.
De otra parte, se encuentra el asesinato de Dylan Cruz, un joven que participaba de una movilización pacífica y que fue intervenida por el ESMAD sin justificación alguna el pasado 23 de noviembre. La munición disparada por el ESMAD, si bien se encuentra dentro de las armas permitidas, su uso indebido ocasionó la muerte del joven, dado que, según normas internacionales, este tipo de armas solo pueden lanzarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo a las extremidades inferiores, y no al rostro, como ocurrió, pues su riesgo letal está establecido en normas internacionales. Llama la atención que un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD decirle a otro: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.
La intervención del ESMAD se ha dado, en la mayoría de los casos, sin que exista una razón aparente para ello. El 22 de noviembre intervinieron la Plaza de Bolívar con más de 5.000 personas, pese a que era una concentración totalmente pacífica. Es de recordar que la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”.
Estigmatización y daño al buen nombre
Las organizaciones de defensores de derechos humanos denunciamos el uso arbitrario de los llamados “carteles de vándalos” en varias ciudades del país, en los cuales se publica sin ningún tipo de verificación e individualización, fotografías de jóvenes que han participado en la protesta social. El uso de estos carteles vulnera los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, así como a la intimidad y a la integridad. Es de recordar que la nación ya ha sido condenada por el uso de este tipo de carteles en protestas anteriores.
Violación a la intimidad y el abuso de autoridades frente a información personal
Hemos recibido de denuncias sobre el accionar de algunos funcionarios de la Policía, los cuales han retenido a jóvenes y les han exigido tener acceso a su celular, para verificar la información relativa a redes sociales y mensajes personales, en aras de establecer una relación de ellos con la movilización, y así justificar una supuesta vinculación con acciones delictivas. Esto constituye una flagrante violación al derecho a la intimidad. Recordamos a la ciudadanía que este acceso solo se puede dar si existe una orden judicial que lo ampare.
Agresiones a defensores/as de derechos humanos
Los y las defensoras han sido atacadas de distintas formas durante su accionar legítimo como Comisiones de Verificación, reconocidas en la Resolución 1190. En primer lugar, la policía ha amenazado con imponer comparendo policial por una supuesta obstrucción del procedimiento policial en las labores de verificación de situación de detenidos, lo cual ha constituido un amedrentamiento en aras de disminuir las acciones que las Comisiones realizan.
En segundo lugar, han sido atacados de manera física y verbal por parte de distintos agentes de policía uniformados o particulares. El 23 de noviembre, luego de los hechos acontecidos con Dilan Cruz, el ESMAD llegó a la zona de concentración y lanzó balas de goma. Una de ellas impactó en el labio de un defensor de derechos humanos.
[1] Batallón Colombia, Batallón de Facatativá, Batallón de Fusagasugá, PM 15, PM 13, Batallón de Guardia Presidencial, Batallón Energético Cubará, Batallón de Artillería y Batallón de Alta Montaña No. 1 Sumapaz.
[2] De estas, 27 en Bogotá y Soacha, 6 en Cali y 4 en Medellín.
[3] Estas judicializaciones han sido en Bogotá (19 casos), Medellín (3) y Popayán (25).
por Campaña | Jun 18, 2019 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
Tomado de: www.reddhfic.org
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
RED NACIONAL DE GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA MARCHA PATRIÓTICA.
DENUNCIA PÚBLICA
En desarrollo de acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y hombres de civil, tortura y ejecución extrajudicial de niño de 16 años de edad, campesino defensor de Derechos Humanos, integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Guardia Campesina, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.
Ataque indiscriminado en contra de comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y campesinos integrantes de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, y ataque a misiones médicas y Humanitarias.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE
HECHOS
Departamento del Cauca, Municipio de Caloto.
Jueves 6 de junio de 2019
Resguardo de López Adentro, Vereda Vista Hermosa, cerca de las 11:00 de la mañana, fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil, llegan a una finca que viene siendo ocupada por comunidades indígenas desde hace más de 3 años.
En el lugar los agentes de la fuerza pública proceden a atacar de forma indiscriminada, utilizando armas letales y no letales con efecto letal, mediante el uso de gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de diferentes armas en contra de la humanidad de los comuneros indígenas y campesinos que se encontraban en el lugar.
Cerca de las 11:30 de la mañana, el campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE, es herido de gravedad por un proyectil disparado por las fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y hombres de civil que se encontraba en el lugar.
Pese a que JEFERSON TROCHEZ ESCUE estaba mal herido y en el piso un grupo de integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD de la Policía Nacional lo arrastraron del lugar en el que cayó mal herido y durante un lapso de aproximadamente 30 minutos lo golpearon en repetidas ocasiones.
Pese a que en repetidas ocasiones defensores de derechos humanos del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“ entre los que se encontraban los defensores de Derechos Humanos IRMA CORPUS JULICUE y GERARDO BARONA AVIRAMA, y la señora LUZ DARY ESCUE TOMBE (madre de JEFERSON TROCHEZ ESCUE) le solicitaron a los agentes de la policía que les permitiera el paso para ir a ver el estado de JEFERSON TROCHEZ ESCUE quien se encontraba herido; Los agentes de la policía se negaron a permitirles el paso y procedieron a lanzar de forma intimidante gases lacrimógenos y perdigones.
Producto de las acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y hombres de civil, resulto herido el comunero indígena ALXADER QUIGUANAS VELASCO de 19 años de edad.
Cerca de la 1:00 de la tarde integrantes del cuerpo de bomberos trataron de llegar al sitio pero la Policía Nacional no les permitió el paso
Posteriormente se informó que el defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE había muerto a causa de las heridas ocasionadas por agentes de la fuerza pública.
Cerca de las 3:07 de la tarde llego al sitio de los hechos una comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y realizo el levantamiento del cuerpo sin vida de JEFERSON TROCHEZ ESCUE.
Quienes pudieron ver el cuerpo sin vida de JEFERSON TROCHEZ ESCUE informaron que tenía múltiples heridas presumiblemente causadas por arma blanca y golpes en el cuerpo.
JEFERSON TROCHEZ ESCUE fue trasladado al Hospital Municipal de Santander de Quilichao.
Pese a lo anterior fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil, continuaron su ataque de forma indiscriminada, utilizando armas letales y no letales con efecto letal, mediante el uso de gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de diferentes armas en contra de la humanidad de los comuneros indígenas y campesinos que se encuentran en el lugar.
Señalando, que:
JEFERSON TROCHEZ ESCUE, niño de 16 años de edad, identificado con Tarjeta de Identidad No. 1.002.947.961, en la actualidad era integrante de La Guardia Campesina de Caloto, de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Carmelo, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.
GERARDO BARONA AVIRAMA, identificado con C.C. No. 1.061.429.183 de Caloto (Cauca), en la actualidad es beneficiario de Medidas Cautelares incluido en la Resolución 030 del 5 de mayo de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y es integrante comité de Derechos Humanos de Caloto, hace parte de la mesa de víctimas como coordinador LGTBI, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.
IRMA CORPUS JULICUE, identificada con C.C. No. 25.734. 026 de Toribio (Cauca), en la actualidad una lideresa social y defensora de Derechos Humanos que se desempeña como responsable Municipal del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, y a su vez es integrante de La Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.
FRENTE AL FUNDADO TEMOR POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DEL NÚCLEO FAMILIAR DE JEFERSON TROCHEZ ESCUE, AL IGUAL QUE, LOS LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE HACEN PARTE DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DE LA GUARDIA CAMPESINA, Y DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PRO-CONSTITUCIÓN ZONAS DE RESERVA CAMPESINA DE CALOTO – ASTRAZONACAL, FILIALES FEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA –FENSUAGRO CUT, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA – ANZORC, DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES“, DEL PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO – PUPSOC, Y DE LA COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA MARCHA PATRIÓTICA CAUCA Y EN RECHAZO A LAS ACCIONES MILITARES ARBITRARIAS Y DESPROPORCIONADAS DE FUERZAS COMBINADAS DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTI DISTURBIOS ESMAD Y EL ESCUADRÓN MÓVIL DE CARABINEROS EMCAR DE LA POLICÍA NACIONAL.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, a la Gobernación del Departamento de Cauca en Cabeza de OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, al Mayor General WILSON NEYHID CHAWEZ MAHECHA Comandante de la III División del Ejército Nacional y al Coronel SANDRO GRAJALES MARIN Comandante del Comando Operativo APOLO y al Coronel FABIO ALEXANDER ROJAS GARCÍA Comandante del Departamento de Policía Cauca, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas regulares policiales y militares del Estado Colombiano, acompañados por hombres de civil.
EXIGIMOS
Que se adelantes las medidas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de la verdad frente a la tortura y ejecución extrajudicial cometido en contra del defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE y responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN.
AL ESTADO COLOMBIANO
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la tortura y ejecución extrajudicial cometida en contra del campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.
· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, integridad física y psicológica, a la intimidad personal, familiar, a la honra, reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; los cuales están siendo afectados por acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil.
· El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la tortura y ejecución extrajudicial cometida en contra del campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.
· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, integridad física y psicológica, a la intimidad personal, familiar, a la honra, reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; los cuales están siendo afectados por acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la tortura y ejecución extrajudicial cometida en contra del campesino defensor de Derechos Humanos JEFERSON TROCHEZ ESCUE consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.
· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad personal, integridad física y psicológica, a la intimidad personal, familiar, a la honra, reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Caloto, de la Guardia Campesina, y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, filiales Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, comuneros indígenas del territorio de López Adentro y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; los cuales están siendo afectados por acciones militares arbitrarias y desproporcionadas de fuerzas combinadas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañados por un grupo de hombres de civil.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”
RED NACIONAL DE GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA MARCHA PATRIÓTICA.
6 DE JUNIO DE 2019
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
IVAN DUQUE MARQUEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
MARTA LUCIA RAMIREZ
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
GUILLERMO BOTERO
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
NANCY PATRICIA GUTIERREZ
Ministra del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
GLORIA MARIA BORRERO
Ministro de Justicia y del Derecho
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
CARLOS ALFONSO NEGRET
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupció n@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co
NOTA: FAVOR REMITIR CORREO ELECTRÓNICO redfcifuentes@gmail.comLOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN
por Campaña | Abr 10, 2019 | Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Noticias
El movimiento social, sindical y de derechos humanos del sur occidente colombiano amenazado nuevamente por grupos paramilitares
Tomado de: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
El comité de solidaridad con los presos políticos denuncia ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas de las que ha sido objeto, al igual que miembros de organizaciones sociales y sindicales de la región. Estas agresiones se han venido presentando de manera constante y reiterada, señalando y estigmatizando el trabajo de los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social. Estas últimas amenazas, se han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, con la preocupación que las investigaciones de este último hecho terminen sin hallar a los responsables de los mismos, como ha sucedido en otras ocasiones.
Hechos:
El día sábado 6 de abril del año en curso, siendo las 17:46, un funcionario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca recibe una llamada del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el Valle del Cauca, quien le manifiesta si tiene conocimiento de una amenaza que ha llegado contra personas pertenecientes al movimiento social del Valle del Cauca, posteriormente un miembro de derechos humanos de SINTRAUNICOL , hace llegar vía Whatsaap imágenes del panfleto en el cual se amenazan a varios dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
En el texto enviado por el grupo paramilitar, denominado autodefensas gaitanistas de Colombia AGC, amenazan a las siguientes personas: Cristian Toconas, coordinador de derechos humanos del resguardo indígena Kwexs Kiwe nasa, José Milciades Sánchez de SINTRAUNICOL, Hernán Arciniegas de Sintra municipio Yumbo, Wilson Sáenz presidente de la CUT Valle, Walter Agredo Muñoz del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Noel Cruz gobernador del resguardo Kwexs Kiwe Nasa del corregimiento el Cedro en Jamundí, Alexander López Senador de la República, Berenice Celeyta de NOMADESC, Feliciano Valencia Senador de la República, Fabio Cardozo, secretario de paz de la gobernación del valle, Jorge Iván Ospina del partido verde, Rosalba Ospina de las comunidades negras, Carlos González representante legal del consejo comunitario de Robles, Lina Margarita Tabares Duque representante de FUNDERPAZ y a Elizabeth Correa. De igual forma, se amenaza a las siguientes organizaciones: Asociación de institutores del Cauca ASOINCA, al consejo regional indígena del Cauca CRIC y a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC.
Esta nueva amenaza, según lo han manifestado, fue dejada en el vehículo en el cual se transportaba el señor Noel Cruz gobernador del resguardo Kwexs Kiwe nasa del corregimiento el Cedro de Jamundí, quien hacia presencia en el sector de la Delfina en la vía al mar entre Cali- buenaventura, el día sábado 6 de abril.
Señalamos que esta nueva amenaza se constituye en el reiterado ataque al movimiento social, sindical y defensores de derechos humanos de la región que le apuestan a la paz con justicia social, trabajan por el respeto y garantía de los derechos laborales, políticos y de las víctimas de crímenes de Estado en el Valle del Cauca.
En la amenaza señalan que esta nueva acción obedece a que los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos son los que están provocando la movilización y la protesta social, que por esta razón han sido declarados objetivos militares.
Texto completo:
“ las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC después de un minusioso análisis a todos estos hijueputas guerrilleros, con su actitud terrorista en los campos y ciudades promoviendo el terrorismo en las universidades, convocando y apoyando marchas indígenas para desestabilizar el país, por eso mismo nuestro propósito es arreciar con todos los grupos insurgentes que son ELN, FARC, EPL a todos sus brazos políticos y estructuras urbanas que al igual que nosotros estamos en diferentes partes del país y todos aquellos que de una forma los financian.
Por eso hoy mas que nunca ratificamos nuestra bandera y nuestros ideales
Bajo nuestro fuego los declaramos objetivo militar a partir de este comunicado, hemos dado instrucciones a nuestras estructuras urbanas a nivel nacional de callarlos para siempre, ya están avisados.
CAMPESINOS DE LA ANUC, WILSON SAENZ, ALEXANDER LOPEZ, ASOINCA, CRIC, VERENICE CELERTA, WALTER AGREDO, FELICIANO VALENCIA, HERNAN ARCIENIEGAS, NOEL CRUZ, FABIO CARDOZO, CRISTIAN TOCONAS, JORGE IVÁN OSPINA, ROSALBA CASTILLO, ELIZABETH CORREA, JOSEMILCIADES, CARLOS GONZALES, LINA TABARES”
ESTADO MAYOR BLOQUE CENTRAL DEL VALLE
AGC PRESENTES
Por una Colombia
Madres patria, para todos
Antecedentes:
- El día 5 de diciembre del año en curso, siendo las 23:26, llega al celular de WALTER AGREDO MUÑOZ, funcionario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca, y a otros dirigentes sociales, vía Whatsaap, un mensaje proveniente de un grupo creado que se llama MUERTE COMUNISTAS, administrado desde el número abonado 3185863747 denominado EL INDIO, donde se amenazan a líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, igualmente organizaciones sindicales y sociales, esta amenaza remitida por el grupo paramilitar AGUILAS NEGRAS.
- El día viernes 30 de noviembre del 2018 llega al celular de WALTER AGREDO MUÑOZ, funcionario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca y otros dirigentes sociales, vía mensaje de texto, una amenaza, proveniente del número de abonado 321 261 59 72, donde se amenazan a líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, igualmente organizaciones sindicales y sociales, esta amenaza remitida por el grupo paramilitar autodefensas gaitanistas de Colombia, por sus siglas conocidos como AGC.
- El día 15 de enero del 2018 llega a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, seccional Valle del Cauca, un sobre de manila el cual contenía un comunicado del grupo paramilitar autodefensas gaitanistas de Colombia, por sus siglas conocidos como AGC, en donde amenazan a un grupo de sindicalistas y defensores de derechos humanos de la región.
- El día 17 de Julio del año 2017, siendo aproximadamente las 2: 15 de la tarde llega al celular del coordinador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca, WALTER AGREDO MUÑOZ, un mensaje de texto en el que lo amenazan junto con otros integrantes del movimiento social, sindical sindicales y derechos humanos de la región, esta amenaza proviene del abonado número 312 381 55 52.
Amenazas que han sido puestas en conocimiento de la fiscalía general de la nación.
Para las organizaciones de derechos humanos de la región es preocupante esta situación, más aún cuando la presencia de los grupos paramilitares en la ciudad de Santiago de Cali, se fortalece y hacen de esta una de las ciudades más violentas del país. Es claro para nosotros la presencia de las estructuras de los paramilitares en la ciudad, los cuales se vienen disputando el control del microtráfico de las drogas en los barrios, las extorsiones en las plazas de mercado y otras actividades, que nos llevan a plantear que Santiago de Cali, como muchas otras ciudades del país, es controlada por el paramilitarismo.
Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en el Valle del Cauca en los años 90s advirtieron del avance del paramilitarismo en la región, cuando supuestamente se desmoviliza el bloque Calima y Pacífico de las AUC, estas mismas organizaciones advirtieron que tal desmovilización no era real y que estos aun hacían presencia en varias comunidades, las cuales vivían amedrantadas y temerosas por su presencia.
Exigimos:
Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, IVÁN DUQUE:
- Que el Estado Colombiano reconozca la continuidad del paramilitarismo en nuestro país, de igual forma, que lo enfrente de manera contundente con mecanismos que lleven al desmonte real de sus estructuras y de sus financiadores.
- Que a los Defensores de Derechos Humanos amenazados se les respeten sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia, primordialmente el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
- Que en el marco de los diálogos adelantados por el Estado colombiano con la insurgencia colombiana se establezcan las garantías para el ejercicio real de la participación política, al igual que la defensa de los Derechos Humanos, este ejercicio como garantía de una paz duradera.
- Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones y que estas den resultados concretos sobre los responsables de dichas amenazas.
A la comunidad internacional
Solicitamos mantener un escenario de interlocución con el Estado colombiano, en el cual se le haga seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra el movimiento social, sindical y de derechos humanos en Colombia ante las amenazas de los diferentes grupos paramilitares que existen en el país.
De igual forma a que le exijan al Estado Colombiano que muestre voluntad política para desmontar el paramilitarismo en Colombia como un requisito de la paz duradera.
