Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 10:35PM del 11 de septiembre de 2020 se reportan 75 personas detenidasy 4 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.
Manifestamos con preocupación que en la Autopista Norte con 170, así como en otros puntos de la ciudad donde se desarrollan manifestaciones, hay agentes de policía vestidos de civil y sin identificar, que agreden y provocan a los manifestantes. Esta situación aumenta el riesgo de que ocurran violaciones a los derechos humanos. Reiteramos la exigencia a la Policía Nacional de que cumpla con sus protocolos y brinde garantías para la protesta social.
Llamamos la atención sobre la falta de disposición de los integrantes de la Policía Nacional para entablar diálogos con las Comisiones de Verificación que acompañan las manifestaciones, así como su actitud hostil y amedrentadora hacia los defensores de derechos humanos que ejercen una legítima labor. En el CAI de El Pinar, en Suba, agentes de la Policía, muchos de ellos sin identificar, atacaron con marcadoras a las personas que se encontraban grabando los procedimientos de captura.
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación sobre la falta de vinculación al Puesto de Mando Unificado (actual COE) de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tal como lo estipula el Decreto 563 de 2015. Esto impide el dialogo con las autoridades de gobierno y policía, disminuyendo la capacidad de ejercer veeduría sobre las actuaciones de las mismas.
También informamos que hoy fueron puestos en libertad dos jóvenes que estuvieron detenidos ayer por más de 20 horas en la URI de Engativá, bajo la constante amenaza de ser judicializados. Además de ello, los uniformados se negaron a entregarles sus documentos de identificación, sus zapatos y otras pertenencias personales. Advertimos una clara violación al Código de Policía que establece que el tiempo máximo de detención en un traslado por protección son 12 horas e igualmente señalamos el abuso por parte de esta autoridad al hostigar a los jóvenes y desaparecer sus pertenencias.
Alertamos que, en distintos puntos de concentración de la ciudad de Bogotá, como la Autopista Norte, CAI el PINA, Banderas y el centro de la ciudad el ESMAD ha lanzado ataques injustificados para dispersar las manifestaciones y con ello puso en riesgo la vida e integridad personal de quienes se encontraban protestando.
Exigimos respeto y garantías para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y que el uso de la fuerza por parte de las autoridades se atenga a los protocolos establecidos y no se utilice para impedir el ejercicio de derechos fundamentales.
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que siendo las 10:30PM del día 10 de septiembre de 2020 se reportan 138 personas detenidas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.
Dentro de las personas detenidas se encuentran varios niños, niñas y adolescentes. En la Estación Sexta de Tunjuelito están tres menores de edad, uno de ellos manifiesta haber sido golpeado, sin acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esa misma estación se encuentran ocho personas detenidas desde las 8:00pm del día de ayer, completando más 26 horas sin que un juez conozca de su situación y sin tener acceso a la comunicación con abogados defensores de derechos humanos. Le recordamos a las autoridades que la presentación de las personas detenidas ante autoridad judicial debe hacerse de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas.
De otra parte, en la ciudad de Popayán, Cauca organizaciones de derechos humanos denuncian que agentes del ESMAD golpearon a un manifestante y lo dejaron herido en vía pública, mientras que a otra persona la subieron a un carro particular de placas OTV196 y partieron con rumbo desconocido. Resaltamos que los traslados de personas detenidas deben hacerse en vehículos oficiales y plenamente identificados, y que negarse a dar información sobre el paradero de una persona retenida puede constituir en una desaparición forzada.
Finalmente, reiteramos nuestra preocupación por la negativa que hemos tenido por parte de los comandantes de las estaciones de policía de Bogotá de permitir el ingreso de abogados defensores de derechos humanos a las estaciones para verificar la situación de las personas detenidas, lo cual esta contemplado en el Decreto 563 de 2015.
Con preocupación manifestamos que, pese a las declaraciones públicas de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que se rechaza la violencia policial y se exige un cambio estructural de la institución, en la capital del país se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos y establecen límites claros al accionar de la Policía Metropolitana. Lastimosamente la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido desconocer abiertamente el Decreto 563 de 2015 y con eso, ha cerrado todo dialogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos que veníamos desde hace más de cinco años participando en una mesa de trabajo, la cual múltiples organismos nacionales e internacionales han reconocido por sus importantes logros.
Desde la CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS informamos de manera urgente que, siendo las 9:30PM del día 10 de septiembre de 2020 se reportan 113 personas detenidasy 11 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la brutalidad policial.
Los cuatro defensores de derechos humanos de la Campaña Defender la libertad que se encontraban detenidos en la estación de Usaquén, informan que fueron presionados para firmar un comparendo policial a cambio de su libertad, lo que demuestra la arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento. Varias de las personas que se encontraban detenidas en esta Estación denuncian que recibieron fuertes golpizas por parte de la policía. Una joven denuncia que una agente del ESMAD la golpeó y la amenazó con desaparecerla, mientras que otro presenta graves heridas en su tabique.
A las personas detenidas en esta estación y en la de Puente Aranda no se les ha permitido entrevistarse con abogados defensores de derechos humanos. Tenemos información que cinco de ellos iban a ser presentados ante un juez para la legalización de su captura sin tener la oportunidad de hablar con un abogado de confianza, violentando el debido proceso.
Adicionalmente hemos recibido denuncias por violencia basadas en género. En la localidad de Engativá una joven menor de edad denunció que un motorizado se bajo de la moto en la que iba y le tocó sus partes íntimas, posteriormente le golpeó el trasero. Otros dos jóvenes que iban con ella fueron golpeados en el tórax con tablas.
Alertamos a las autoridades nacionales e internacionales, particularmente a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se están presentando en Colombia, así como las detenciones masivas y arbitrarias durante las protestas sociales contra la brutalidad policial.
Asunto: Activación de Alerta Temprana Preventiva sobre situación de riesgo de violaciones de derechos humanos como judicialización, agresiones a integridad física y psicológica de la ciudadanía de Bogotá D.C.
Desde la -CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS- ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA, URGENTE Y PREVENTIVA, a las autoridades competentes, sobre situaciones de riesgo inminente y latente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física, psicológica y libertades civiles y políticas de ciudadanxs manifestantes y transeúntes de la ciudad de Bogotá D.C., que se están manifestando públicamente y/o se encuentran en medio de las jornadas de protestas como rechazo del asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional, en la madrugada del 9 de septiembre de 2020.
En particular ADVERTIMOS DE GRAVES HECHOS y circunstancias que se han reportado desde las diferentes Comisiones de Verificación de las que dispusimos para acompañar las jornadas de movilización convocadas para el día de hoy.
Además, alertamos que la dispersión que se ha generado a manifestantes y ciudadanas, no cumple, ni respeta los protocolos de respeto de derechos humanos, ya que se ha usado la fuerza desproporcionalmente, pues se ha realizado con armas de fuego.
Hasta el momento de esta publicación, se nos reporta un herido por arma de fuego y más de 10 heridos, como consecuencia del actuar de la Fuerza Pública. Más 10 personas retenidas por parte de la Fuerza Pública.
En el Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia en el que nos encontramos, es deber del Estado brindar todas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de las ciudadanas.
La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.
En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.
De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.
Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.
Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.
Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.
[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio
En el marco de la llegada de la Covid-19 a Colombia, que llevó a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo de 2020 por parte del gobierno, y que se ha extendido hasta el día de hoy, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social y violaciones de derechos humanos. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas[1], por medio Sistema de Agresión a la Protesta Social (SIAP) reporta, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, 42 protestas sociales en las que se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza para dispersar y amedrentar a manifestantes, haciendo uso indebido e indiscriminado del armamento para el control de multitudes, uso de armas de fuego y/o por medio de detenciones arbitrarias. La intervención de la Fuerza Pública ha dejado al menos 162 personas heridas, 1 persona con una lesión ocular y 32 personas muertas.
Además, se han registrado 189[2] detenciones arbitrarias y masivas en escenarios de protesta social, las cuales se concentraron principalmente en las ciudades de Bogotá (42,8%) y Medellín (29%), tras las jornadas de movilización del pasado 15 de junio de estudiantes y otros sectores para exigir “matricula cero” para el próximo semestre académico y para rechazar, entre otras cosas, la violencia policial, las muertes por discriminación racial, la violencias basadas en género, los desalojos forzados. En la Guajira se registra un importante número de detenciones arbitrarias (10 en Riohacha y 28 en Maicao) en protestas para exigir atención humanitaria.
En términos generales, los sectores sociales que más han protestado en este período son: 1) los pobladores urbanos (42,8%) que han sido afectados por desalojos forzados o por la insuficiente atención humanitaria para vivir una cuarentena sin hambre y en condiciones de dignidad. 2) la población privada de la libertad (19%) que ha adelantado distintas jornadas de protestas, en cerca de 24 cárceles colombianas, por las insuficientes medidas del gobierno para atender la situación humanitaria y evitar el contagio en el marco de las problemáticas estructurales de las cárceles, como el hacinamiento, conocidas como el Estado de Cosas Inconstitucional por sentencias de la Corte Constitucional (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015); 3) Finalmente, las comunidades campesinas han participado en distintas protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (16,6%) que no han cesado durante la cuarentena nacional.
[1] Esta base de datos se alimenta de prensa (masiva y alternativa) e información reportada por diferentes organizaciones sociales que hacen acompañamiento in situ a la protesta social desde las Comisiones de Verificación e Intervención. No obstante, es necesario alertar sobre subregistro en los datos del SIAP teniendo en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil tienen menor capacidad de registro en situaciones de confrontación social y menor presencia territorial que las instituciones públicas.
[2] Otros casos de detenciones se registraron en Cartagena, Bolívar (3 casos), Plato, Magdalena (7 casos) y María La Baja, Bolívar (7 casos).
