por Campaña | May 11, 2021 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
Dirigido al representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Comisión de la Verdad, a la oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y a la opinión pública.
Frente a la grave situación de violencia que vive la ciudad, se solicita acompañamiento y veeduría internacional en Bogotá D.C. para garantizar el derecho humano y fundamental a la protesta social pacífica y manifiesta frente a las actuaciones del gobierno distrital y nacional:
- Que en este momento no se está garantizando el derecho a la protesta social pacífica por parte del gobierno distrital, ni del gobierno nacional. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá no cumple con los protocolos internacionales, nacionales y distritales; está violando de manera grave y sistemática los derechos humanos, sin dar cabal cumplimiento al Decreto 563 del 2015. Exigimos que se detenga de forma inmediata la violencia, abuso y brutalidad policial.
- Las organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias por parte de la ciudadanía, en las que se ha alertado sobre graves hechos presentados en Bogotá D.C. como detenciones ilegales y arbitrarias, utilizando infraestructura pública como el Portal Américas de Transmilenio para torturar jóvenes, evidenciando tratos crueles e inhumanos. Encerramiento por parte del ESMAD a las manifestantes sin rutas de evacuación claras y seguras. Ataques de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos, periodistas y personal de salud que busca socorrer a las personas herida El uso de un colegio para operaciones de la fuerza pública en el marco de la represión de la protesta, resaltando el aterrizaje de un helicóptero Black Hawk con munición de gases para el ESMAD en Bosa. El uso de gases desproporcionado, que provocó afectaciones a la salud afectando viviendas y conjuntos residenciales de barrios populares, en Usme hubo un caso de un gas por el aire entró a una casa. Fuerza pública que roba a las manifestantes, tortura y presuntamente participa en procesos de desaparición forzada. Uso de “armas no letales” con graves consecuencias, como propiciar quemaduras, afectaciones a la integridad personal, lesiones oculares y hasta tentativas de homicidio. También hay casos de homicidios que se encuentran en proceso de esclarecimiento en cuanto a su nexo causal con las jornadas de protesta del Paro Nacional.
- Hacemos un llamado a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López a pronunciarse de manera vehemente frente a la violencia policial, a llamar a la Policía Metropolitana de Bogotá a acatar el orden legal y constitucional, así como la cadena de mando de la Alcaldía Mayor, así como aplicar de manera integral el Decreto 563 del 2015, que garantiza el derecho a la protesta social pacífica. La alcaldesa no puede mantener una actitud de ambigüedad frente a los graves hechos de abuso y violencia policial que se han presentado durante el Paro Nacional. Hoy no es claro, cuál es la autoridad civil que está al mando de la policía en la ciudad de Bogotá.
- Denunciamos la no aplicación del Decreto 563 de 2015 con referencia a la intervención de organizaciones de derechos humanos. La administración distrital no realizó una planeación y preparación integral para garantizar el derecho a la protesta social con las organizaciones de derechos humanos, barriales, ambientales, feministas, animalistas y sociales, ni con el Comité Distrital de Paro. Tampoco está teniendo ninguna incidencia la participación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado, y sus intervenciones y peticiones no son respondidas de manera efectiva. Especialmente grave es el secretismo y la negación de información con referencia a las razones y al momento en que el ESMAD o la Fuerza Disponible intervienen en los puntos de protesta social, además las actas del Puesto de Mando Unificado están siendo recortadas y la intervención de las organizaciones de derechos humanos no aparecen registradas en las mismas. Sistemáticamente las cámaras de seguridad no funcionan cuando de registrar abuso policial se trata. Todo esto va en contravía de las determinaciones del Decreto 563 del 2015, de la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.
- Conminamos a la administración distrital, a la Policía Metropolitana de Bogotá, al gobierno nacional en especial, al Ministerio de Defensa, a renovar los acuerdos de garantías a la protesta social en la ciudad.
- Manifestamos que la protesta pacífica en Bogotá no puede ser violentada ni por el abuso de la policía, ni por actos violentos en los sectores empobrecidos y segregados de la ciudad que en algunos casos pueden estar soportados en redes i En ambos casos es deber del gobierno; prevenir con una política de seguridad integral estos actos violentos, y además controlar a la Policía Metropolitana como parte integral del Estado, cuya responsabilidad es garantizar los derechos humanos de las manifestantes.
- Pedimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación interinstitucional, que presenten e implementen planes de prevención integrales para garantizar el derecho legítimo a la protesta social pacífica.
- Instamos a la Policía Metropolitana de Bogotá a instancias del gobierno distrital a un reconocimiento del abuso policial y el no cumplimiento de protocolos, como un primer paso para desescalar la violencia en la ciudad. Sin reconocimiento por parte del Gobierno Distrital y la Policía Metropolitana de lo que está pasando, no habrá un proceso de reparación integral y por lo tanto, de reconciliación entre las ciudadanías que ejercen el derecho a la protesta social pacífica y las fuerzas de policía en la ciudad. La administración distrital en cabeza de la Alcaldesa, no puede ser inferior a este llamado ético.
Por lo tanto, frente a esta vulneración sistemática de los derechos humanos y la falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta social por parte de las ciudadanías, solicitamos al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Verdad, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz:
- Generar una Veeduría Internacional sobre el cumplimiento del Decreto 563 del 2015, la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. En particular, relacionado con el papel de la fuerza pública en la protesta social y en la garantía del uso de la fuerza bajo los principios establecidos en los protocolos por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como las garantías de la real y eficaz incidencia de las organizaciones de derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado.»
- Acompañar a las organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en la ciudad, para rodearlas de garantías con el fin de que puedan cumplir su labor, sobre todo de sus Comisiones de Verificación e Intervención CVI.
- Acompañar los espacios de diálogo territorial que se están generando con las manifestantes para iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación integral desde los territorios afectados por la violencia en escenarios de protesta social, de tal manera que se empiecen a transformar las dinámicas de conflictividad territorial de manera no violenta, generando diálogos improbables.
- Facilitar el diálogo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá para este proceso de verdad, justicia y reparación integral.
- Acompañar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y los mecanismos territoriales de defensa de derechos humanos que está gestionando la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Bogotá 9 de mayo del 2021. Suscriben:
Comité de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá
Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas
Fundación Lazos de Dignidad
Alternativa
Temblores ONG
Boroló
Comité Distrital de Paro CDP
Ciudad en Movimiento
Colectivo José Martí
Red Popular de Derechos Humanos
Comité Local de Derechos Humanos de Suba
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz CIJP
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU
Comité Permanente de Derechos Humanos
Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -ColectivoOFB
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR
Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos
Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP
Colectivo Jurídico Popular de Engativá
Congreso de los Pueblos
Asociación dhColombia
Red Contra el Abuso de Autoridad Red CAA
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capítulo Bogotá
Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Comisión de Garantías de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos
Fundación de Derechos Humanos PASOS
Fundación Defensoras de los Derechos del Pueblo BAKIA
Comisión Colombiana de Juristas CCJ
Corporación Juridica Yira Castro
Asociación Colombiana de de Estudiantes Universitarios – ACEU
Mesa Ambiental Usaquén San Cristóbal Oriental UPZ 11 Territorio La Mariposa de los Cerros Orientales de Usaquén
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
Coordinador de Organizaciones Sociales COS Bogotá
Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá-Cundinamarca
Unión Patriótica UP
Juventud Comunista Colombiana JUCO
Unión de Jóvenes Patriotas UJP
Juventud Humana Bogotá
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES
Polo Joven
Red Nacional del Agua de Colombia
FUMPAZ
Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO
Colectivo Agrario Abya Yala
Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC
Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra REDEPAZ
Asociación Distrital de Educadoras ADE
Proceso de Comunidades Negras – PCN Bogotá
Ecolectiva
Kilombo Autónomo Iré Arikú
Fundación Red Hilos de Ananse
Juntanza Techotiva
Asamblea Suba Oriental
Colectiva Antimilitarista La Tulpa
Fundación Ecológica Bacatá
Red de Mujeres de Puente Aranda
Don Jumento Comunicación Alternativa
Fundación Alma
Tejido Pal Barrio
Escuela Popular Ambiental y Cultural de Puente Aranda
Huerta Agroecológica Las Hadas
Colectiva Las Abejas
Movimiento PorLaVida
Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior – UNEES
Colectivo Jaime Garzón Unisalle
Colectivo Vamos Por los Derechos
Somos Uno
The Class Records, medio comunitario alternativo de Engativá
Caicas
Asociación Dedise
Huertas Chapinero
Colectivo Yuliana Samboní
Corporación de Estudios Sociales y Jurídicos Sentipensar
Colectivo Alianza por el Agua
Mesa de Cerros Orientales
Comité Páramo Cruz Verde
Colectiva Huertopía
Observatorio de Paz
Colectivo Interdisciplinario de Derechos Humanos Waman Iware
Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda
Movimiento Magisterial Dignidad Educativa
Casa de Los Colores
Critical Peace & Transformation
Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Van Der Hammen
Voces En Resistencia VER Fontibón
Asociación Minga
Corporación Manaba
Corporación Yurupari
Corporación Colectivo Creacción
Esquema Feminista de Derechos Humanos
Colectivo Ciudadano Sembradores Van Der Hammen
Teusaradio
Red de protección y bienestar animal de Bosa
Organizaciones internacionales:
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, Liga Mexicana por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Chilena de Amistad con la RASD, Fundación Constituyente XXI Chile, Amigos por un Sahara Libre – México
por Campaña | May 11, 2021 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de doce días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo (18:20 pm) en el territorio nacional:
- 52 personas registradas como fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
- 489 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 33 sufrieron lesiones oculares. 48 fueron heridas por arma de fuego. 69 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 1365 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- Hemos recibido el registro de 548 personas presuntamente desaparecidas, sólo 113 han aparecido. Es decir, seguimos en la búsqueda de 435 personas a nivel nacional.
Rechazamos las graves agresiones de las que han sido víctimas comuneras integrantes de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, realizado por parte de civiles armados acompañados de la fuerza pública, así como las declaraciones hechas por parte del Presidente, sobre el cierre de fronteras del departamento de Valle del Cauca y su llamado hostigante a la población indígena del Pueblo Nasa a volver a sus Resguardos, sugiriendo y propiciando con ello, una afectación y restricción de sus derechos a la libertad de locomoción, libertad de expresión, libertad de movilidad y circulación por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad de asociación, así como el ejercicio del derecho a la protesta social y al intercambio de experiencias organizativas con procesos sociales promotores del Paro Nacional, en la ciudad de Cali, con las que adelantan labores de salvaguarda de la población que ha sido abusada y violentada desde el día 28 de abril por parte de la Policía Nacional y de civiles armados.
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de homicidios, mutilaciones, agresiones, detenciones arbitrarias, judicializaciones arbitrarias, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones asociadas a detenciones arbitrarias de personas que ejercen su derecho a la protesta social pacífica. A ellas, sus familias, redes de amistades, afectos y conocidas ¡toda la fortaleza, por la exigencia de sus derechos! Queremos decirles que no están solas y que seguiremos acompañándolas en los arduos procesos de exigibilidad integral de justicia social, ambiental, búsqueda indeclinable de la libertad, verdad completa y reparación integral junto a cada una de ustedes.
Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas, que van en contra de protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social pacífica. Estas medidas responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de odio que han sido generados por el gobierno de Iván Duque Márquez y personalidades políticas del partido de gobierno como Álvaro Uribe Vélez, a través de prácticas de terrorismo de Estado, así como de la perpetuación de prácticas sociales genocidas y de un trato militar y paramilitar de la protesta social pacífica, para imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado, violentando masiva y sistemáticamente los derechos humanos de la población y el derecho fundamental a la protesta social pacífica.
Rechazamos la militarización de los territorios, sustentada en afirmar que las movilizaciones son promovidas por grupos armados ilegales, y justificando así el posible accionar de las Fuerzas Militares y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y el ESMAD. Además, rechazamos el anuncio sobre la posibilidad de declarar en el país un Estado de Conmoción Interior, ya que este tipo de Estado de excepción puede facilitar la violación de derechos civiles y políticos.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial), así como para activar los mecanismos urgentes a que haya lugar.
- Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
- A la Fiscalía general de la Nación, cesar los procesos judiciales infundados que criminalizan la protesta social a través de falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Al Gobierno Nacional ante la posible aprobación de la declaración de Estado de Conmoción Interior, que no sea declarado este tipo de estado de excepción ya que configuraría un escenario de mayores vulneraciones a los DDHH en el país, poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población.
[1] El registro de detenidas por ciudad es el siguiente: 602 detenciones en Bogotá, 31 en Cauca, 154 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 12 en Casanare, 7 en Meta, 35 en Tolima, 126 en Atlántico, 63 en Santander, 66 en Cundinamarca, 98 en Nariño, 13 en Boyacá, 22 en Armenia, 31 en Risaralda, 25 en Antioquia, 1 en Cesar, 5 en Caldas, 2 en Sucre y 64 detenciones reportadas sin ubicación.
por Campaña | May 8, 2021 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de siete días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo (16:50 pm) en la ciudad de Bogotá:
- 133 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 14 sufrieron lesiones oculares. 8 fueron heridas por arma de fuego. 33 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 6 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 560 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 383 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- 1 persona falleció presuntamente por el accionar de la fuerza pública o por civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por esclarecer su relación con las protestas).
- 28 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social.
Brindamos todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo a las víctimas de asesinatos, mutilaciones, agresiones, violencias basadas en género, tortura, tratos crueles e inhumanos y desapariciones; a ellas, sus familias y conocidas ¡toda la fuerza! Queremos decirles que no están solas y seguiremos acompañándolas y llevando esta lucha por la justicia social, la libertad y la vida junto a ustedes.
Llamamos la atención sobre la falta de coordinación de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Bogotá y los entes de control en suministrar datos oportunos y certeros de carácter oficial sobre el número de personas heridas y detenidas en la ciudad y el lugar de su traslado; con esta falta de información, se han propiciado condiciones que generan un riesgo permanente de la ocurrencia de hechos de desaparición forzada en el marco de las conducciones y detenciones arbitrarias durante las jornadas del Paro Nacional en la ciudad. Además, los traslados por protección no se están desarrollando de manera inmediata a los lugares destinados para ello, en su lugar las personas están siendo llevadas a estaciones de Policía y CAI, lo que no permite la localización y comunicación con las familiares y abogadas, y así mismo, brindar las garantías de derechos de las detenidas.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Distrital, que brinde las garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad.
- A la Alcaldía Distrital, la NO MILITARIZACIÓN de la ciudad.
- Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] El registro de detenidas en Bogotá por día es el siguiente: 81 detenidas el 28 de abril, 61 el 29 de abril, 85 el 30 de abril, 75 el 01 de mayo, 58 el 02 de mayo, 38 el 03 de mayo, 62 el 04 de mayo, 71 el 05 de mayo y 29 el 06 de mayo.
por Campaña | May 5, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de siete días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos hasta el 5 de mayo (11:50 am) en el territorio nacional:
-
- 24 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública (por verificar).
- 381 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 31 sufrieron lesiones oculares. 24 fueron heridas por arma de fuego. 58 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 1.180 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
- 408 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
Estas agresiones cometidas por la fuerza pública, dan cuenta de la forma generalizada y sistemática con que la Policía Nacional ha violado los derechos humanos en las jornadas del Paro Nacional de los días 28 de abril, 29 de abril, 30 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo y la mañana del 5 de mayo. Desconociendo abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social. Todas estas agresiones son mecanismos para infundir terror entre la ciudadanía, evitando y violentando el derecho fundamental y legítimo de la protesta social de la ciudadanía, a la que se supone, debe proteger.
Además, manifestamos nuestra preocupación por las acciones de las instituciones gubernamentales, la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional al estigmatizar a las jóvenes, artistas, movimientos sociales y a todos aquellas que han participado de las movilizaciones, quienes han utilizado sus armas en contra de la población civil, ingresando a los barrios, lanzado aturdidoras, gases lacrimógenos y disparando indiscriminadamente, provocando lesiones, heridas e incluso asesinatos.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten heridas y detenidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
- Al Gobierno Nacional, que pare la estigmatización de los pronunciamientos estigmatizantes de la protesta social, y paren los procesos judiciales infundamentados (falsos positivos judiciales) y detenciones injustificadas.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria.
- A la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, el NO uso de armas de fuego en estos contextos y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com y también al número celular por la red social whats app: 313 392 19 16.
por Campaña | May 4, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
#QuiénDioLaOrdenEnBogotá La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública luego de cinco días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos hasta el 4 de mayo (11:00 am) en la ciudad de Bogotá D.C.:
- 112 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 13 sufrieron lesiones oculares. 27 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 5 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 379 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
- 307 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
Llamamos la atención sobre la falta de disposición de la Alcaldía de Bogotá en suministrar datos certeros oficiales sobre el número de personas heridas y detenidas en la ciudad y el lugar de su traslado; con esta falta de información, se propician condiciones que generan un riesgo permanente de la ocurrencia de hechos de desaparición forzada en el marco de las conducciones y detenciones arbitrarias durante las jornadas del Paro Nacional. Además, los traslados por protección no se están desarrollando de manera inmediata, lo que no permite la localización y comunicación con las familiares y abogadas, y así mismo, brindar las garantías de derechos de las detenidas.
Esta grave situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos ha sido minimizada por la alcaldesa Claudia López, quien en comunicaciones alude a la no existencia de violencia homicida durante las jornadas de movilización[1], reconociendo su falta de control sobre la fuerza pública[2], lo que ha permitido un incremento de las situaciones de abuso policial sobre las manifestantes.
El contexto de permanente emergencia se ha visto agravado por los pronunciamientos de funcionarios del Gobierno Nacional e integrantes del partido de Gobierno que incitan, a través de sus redes sociales, a usar armas de fuego de manera generalizada y abusiva por parte del Ejército y la Policía.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Distrital que brinde las garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brindar información completa y efectiva de las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad.
- Al Ministerio Público que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de la movilización del 1 de mayo de 2021.
- A la Fuerza Pública que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
Bo
[1] Alcaldía de Bogotá, en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/protestas-en-bogota-este-fue-el-balance-del-dia-del-trabajo
[2] Revista Semana, El Control a la ‘falta de control’ de Claudia López con el Esmad en Bogotá, en: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-control-a-la-falta-de-control-de-claudia-lopez-con-el-esmad-en-bogota/202113/
por Campaña | May 4, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
Ante la grave situación de violación a los Derechos Humanos en Colombia, la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas como red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, nos permitimos informar sobre el registro de lo sucedido en las jornadas de movilización del 28 de abril al 3 de mayo del presente año:
- 305 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 23 sufrieron lesiones oculares. 47 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 11 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 18 personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía.
- 988 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.
- 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
- Se han presentado 398 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante estas actuaciones arbitrarias y desproporcionadas que van en contra de los protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social. Todas estas agresiones son mecanismos para infundir terror entre la ciudadanía, evitando y violentando el derecho fundamental y legítimo de la protesta social de la ciudadanía, a la que se supone, debe proteger.
Denunciamos que el Gobierno Nacional y varios gobiernos locales han emitido pronunciamientos donde estigmatizan la movilización, acudiendo a términos como “vándalos”, e incluso vinculandolas o asociandolas de pertenecer a grupos armados ilegales como lo ha hecho el ministro de defensa Diego Molano con el colectivo escudos azules. Bajo estos argumentos, el presidente Iván Duque acude a la “asistencia militar” en las ciudades donde se presentaron las agresiones y enfrentamientos más fuertes. Ésta no es una medida nueva, está consignada en el artículo 170 de la Ley 1806. No obstante, ceder el control del orden público al Ejército Nacional en el marco de manifestaciones facilita arremeter contra la puede facilitar la ocurrencia de graves violaciones de DDHH.
Además, manifestamos nuestra preocupación por las acciones de las instituciones gubernamentales, la fuerza pública y el ESMAD al estigmatizar a las jóvenes, artistas, movimientos sociales y a todos aquellas que han participado de las movilizaciones. Las acciones que han tenido las manifestantes, han sido a través de expresiones culturales y demás acciones creativas que buscan el diálogo y el consenso, sin embargo, la Policía y el ESMAD ha respondido con provocaciones y actitudes hostigantes que generan violencia, y quienes han utilizado sus armas en contra de la población civil, afectando no solo a las personas más vulnerables, sino también ingresado a los barrios, lanzado aturdidoras, gases lacrimógenos y disparando indiscriminadamente, provocando lesiones y heridas a personas que se encontraban dentro de sus casas.
Por otra parte, se ha evidenciado en algunas ciudades como Cali, Bogotá, Santander y Medellín cortes eléctricos, situación que ha sido aprovechada por el ESMAD y la Polícia para agredir, vulnerar, perseguir y capturar arbitrariamente a todos los ciudadanos que se encuentran fuera de sus casas. incluso aprovechan para hacer uso de armas de fuego, situación que ha resultado y puede aumentar los asesinatos, desapariciones forzosas y graves violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, repudiamos las violencias basadas en género que ha ejercido la Policía y el ESMAD principalmente hacia las mujeres que han detenido y aprovechándose de su estado de vulnerabilidad para accederlas RESPONSABILIZAMOS
Al presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, a las gobernaciones y alcaldías locales por las violaciones sistemáticas de DDHH en el país en las jornadas de protesta del 28, 29 y 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo y las futuras movilizaciones en el marco del paro nacional.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que expongan toda la información completa y oportuna de los casos donde se presenten heridas y detenidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
- Al Gobierno Nacional, que pare la estigmatización de los pronunciamientos estigmatizantes de la protesta social, y paren los procesos judiciales infundamentados (falsos positivos judiciales) y detenciones injustificadas.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas de Estado que dejan estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, el NO uso de armas de fuego en estos contextos y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional
