por Campaña | Jul 27, 2021 | Movilización Social, Noticias, Uncategorized
BOLETÍN INFORMATIVO BOGOTÁ #PARONACIONAL
27 de julio de 2021
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 27 de julio (8:00 am) en la ciudad de Bogotá:
- 6 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social[1], de los cuales, en 4 casos existen evidencias o elementos probatorios que indicarían que son presuntamente atribuibles al ESMAD, 1 atribuible a particulares sin identificar y en 1 caso no se ha identificado el agresor.
- 790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 42 casos de lesiones oculares y 12 casos de personas heridas por arma de fuego.
- 171 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI.
- 25 mujeres fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) presuntamente ejercidas en 7 de los casos por agentes de la Policía, y en 18 casos no se identifica el agresor. De los 25 registros, 5 casos corresponden a agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 9 casos de violencia física en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 2 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos y 5 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 313 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 941 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 75 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad según datos de la Personería de Bogotá[2].
Vemos con gran preocupación la actual situación de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad capital de Colombia, esto se ha concentrado principalmente en el Portal Resistencia (antes Portal Américas), Portal Suba, y en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. Aunque la cantidad de intervenciones de la Policía, la Fuerza Disponible y el ESMAD han disminuido, la letalidad de las agresiones se mantiene; tan solo en el último mes se han presentado 4 homicidios de los 6 cometidos en Bogotá.
El 21 de junio en la localidad de Usme, Jaime Alonso Fandiño de 33 años, es impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD[3], situación pendiente por esclarecer; el 23 de junio, Cristian David Castillo fue asesinado presuntamente por el ESMAD en las inmediaciones al Portal de Suba debido al disparo directo a la cabeza de un gas lacrimógeno y el 25 de junio Cristian Camilo Vélez falleció en las inmediaciones del Portal Resistencia luego de chocar en su moto con un cable colocado sobre la vía por personas no identificadas. A esto se suma el asesinato de Duvan Felipe Barros de 17 años, que había sido reportado como desaparecido el 5 de junio, al parecer, lo último que se supo del joven es que se encontraba en las manifestaciones de las inmediaciones del Portal Resistencia[4] y un amigo del joven ha manifestado que la víctima fue retenida por el ESMAD, desde entonces no se había tenido conocimiento de su paradero[5] hasta el pasado 11 de junio, fecha en la que Medicina Legal reportó la aparición del cuerpo a sus familiares.
Este último caso de homicidio presentado en Portal Resistencia, además del asesinato, constituye el delito de la desaparición forzada (la cual se considera independientemente de que aparezca o no la persona después de ser reportada como desaparecida). La cual es considerada una práctica de tortura y hostigamiento mientras no se brinde información clara del paradero de las personas. Las detenciones realizadas en el marco del Paro Nacional, han sido realizadas en su mayoría por medio de prácticas arbitrarias, y algunas de ellas han implicado la nula comunicación de las personas detenidas con sus familias, con sus seres queridos y/o con sus abogados, obstaculizándoles el uso de mecanismos legales, sometiéndoles a la zozobra personal y la angustia familiar, ya que en varios casos de desaparición forzada, las víctimas fueron sometidas a ultrajes, malos tratos, torturas y violencia sexual.
En cuanto a las violencias sexuales, el 1 mayo Defender la Libertad registró 5 casos de abuso sexual en una URI Puente Aranda cometidas presuntamente por agentes de Policía y dirigidas hacia hombres y una mujer que al ser retenida en la Estación de la Policía del barrio San Benito fue obligada por un agente a desnudarse; en el mes de mayo, dos mujeres fueron retenidas por la Policía en el sector Tintal, subidas a un camión donde fueron abusadas sexualmente; el 27 de mayo en Usme, una menor es violentada psicológicamente[6]. Las agresiones mencionadas fueron cometidas presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de detenciones arbitrarias, lo que evidencia el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos para las manifestantes en medio de dichos procesos de traslado por protección y retenciones arbitrarias.
Aclaramos que estas son sólo algunas de las vulneraciones de este tipo presentadas en la ciudad, la última de ellas, ocurrió en el Conjunto Alameda San José en la localidad de Kennedy, en la que un agente de la Policía muestra sus genitales a la comunidad del conjuntos, quienes se encontraban grabando una intervención del ESMAD[7].
El uso de las “armas de menor letalidad o de letalidad reducida” también ha representado un riesgo para la vida e integridad de las manifestantes en medio de las intervenciones del ESMAD; tan sólo en el último mes hemos registrado 4 casos de lesiones oculares: el 28 de junio en el sector de la Estancia en Ciudad Bolívar y los otros tres ocurridos en las jornadas de movilización del 20 de julio, uno en el Portal Resistencia, y dos en Suba; productos de el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y/o balas de goma.
Alertamos sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las defensoras DDHH en medio de su labor en las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI, las cuales son una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización. Durante lo corrido del paro, hemos documentado 171 casos, de los cuales 71 corresponden a lesiones personales, 90 a estigmatizaciones, 7 detenciones y judicializaciones arbitrarias, o amenazas de ello, 3 agresiones reportadas sin identificar.
En la jornada del día 20 de julio se registraron 13 casos de agresiones a defensoras DDHH en la ciudad de Bogotá, presentadas en las inmediaciones del Portal Resistencia, Portal Suba y la localidad de Usme; 8 de ellas estigmatizaciones que incluyeron falsos señalamientos y hostigamientos y 5 casos con lesiones personales que incluyeron empujones y lanzamiento de rocas, atentando contra la integridad de las personas que desempeñan dicha labor. La cantidad y recurrencia de los casos evidencian una actuación de la violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las defensoras DDHH en la protesta social, por lo cual exigimos garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y el respeto por nuestra vida e integridad.
Rechazamos la baja respuesta institucional en su intención por omitir y minimizar la gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad; nos recogemos en las observaciones y recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita de trabajo a Colombia sobre “la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones” y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana”. Advertimos que varias de estas recomendaciones están en consonancia con exigencias y solicitudes expresas realizadas a la Alcaldesa Claudia López y al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez el pasado 26 de mayo en una mesa de trabajo que sostuvo con organizaciones DDHH de manera presencial en a Alcaldía de Bogotá.
EXIGIMOS
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde garantías de seguridad y bioseguridad para el ejercicio del derecho a la protesta social y brinde información completa y efectiva sobre las personas heridas y detenidas en tiempo oportuno y real, que permita la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad, cumpliendo efectivamente con las solicitudes que le realiza la Personería Distrital de Bogotá.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que brinde todas las garantías para la defensa de los derechos humanos por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil que realizan el acompañamiento en terreno a las movilizaciones.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que realice el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y familias de las víctimas de las agresiones cometidas por la Policía y otros actores en el marco de las protestas, además de impulsar el avance en el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la construcción de memoria histórica visibilizando la voz de las víctimas, familiares de las víctimas y la historia de vida de las personas asesinadas.
- A la Alcaldía Mayor de Bogotá, que informe públicamente de los avances de las quejas disciplinarias y denuncias penales que ha iniciado y solicitado que se inicien a los entes de control, como son la Personería Distrital, la Procuraduría, así como las oficinas de control interno de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- A la Secretaría de la Mujer, brindar el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género y las agresiones sexuales cometidas en la ciudad.
- A las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Convivencia, a respaldar y fortalecer pedagógica y políticamente las capacidades de actuación de los equipos de Gestoras de Diálogo Social, así como de Gestoras de Convivencia, aclarando los roles que cada uno desempeña, tanto en terreno, como en la sistematización de sus hallazgos.
- Al Ministerio Público, que cumpla con el mandato constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas que participan de las jornadas de movilización del Paro Nacional, dando plena aplicación a los tratados internacionales en la materia, a la Resolución 1890 de 2018 expedida por esa entidad, así como al Decreto Distrital 563 de 2015.
- A la Fuerza Pública, que respete los protocolos de intervención y acción en medio de la protesta social, se exige el NO uso de armas de fuego y el respeto por la vida e integridad de las manifestantes teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que garantiza la integridad y el desarrollo de las funciones de quienes legalmente la ejercen en medio del contexto nacional.
[1] Dylan Fabriani Barbosa Lion, Daniel Alejandro Zapata, Cristian David Castillo, Camilo Camilo Vélez, Duvan Felipe Barros y Jaime Alonso Fandiño
[2] https://www.eltiempo.com/datos-de-la-personeria-de-bogota-sobre-marchas-desaparecidos-y-heridos-599133
[3] https://www.elespectador.com/bogota/familia-denuncia-que-muerte-de-jaime-fandino-habria-sido-por-disparo-del-esmad/
[4] https://twitter.com/nydia_erika/status/1414274570941521921
[5] https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/duvan-no-era-de-la-primera-linea-ni-vandalo-madre-de-joven-desaparecido-en-bogota/20210624/nota/4146042.aspx
[6] Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP- de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
[7] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1417916829989736451?s=08
por Campaña | Jul 22, 2021 | Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, luego de realizar un acompañamiento a las múltiples jornadas de protestas del 20 de julio de 2021, a través de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil CVI y de equipos de trabajo de sistematizaciones desde nuestro Puesto de Mando Unificado Popular de las organizaciones de derechos humanos documentamos el trato violento y hostil que el gobierno nacional y gobiernos locales, junto con la fuerza pública, le dieron a la ciudadanía que ejerció su derecho a la protesta social; pese a que se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de escenarios, fue agredida por la intervención violenta del Estado. Encontramos las siguientes cifras:
- 50 personas fueron detenidas en su mayoría de manera arbitraria.
- Más de 60 personas resultaron heridas, 3 de ellas con lesiones oculares.
- Se registraron 31 denuncias por abusos de poder y autoridad.
- Se recepcionaron 17 denuncias por violencias hacia defensoras de derechos humanos, entre las cuales fue reportada una violencia basada en género.
Las protestas del 20 de julio fueron precedidas por un constante clima de estigmatización y discursos de odio por parte del gobierno nacional, particularmente de Diego Molano Ministro de Defensa y mandatarios locales, quienes en días previos a las protestas se encargaron de difundir mensajes de infiltración de grupos armados, ofrecimiento de recompensas y señalaron como grupos ilegales o terroristas a las expresiones de organizaciones sociales de protección como las primeras líneas. Se realizaron múltiples capturas e incautaciones de cascos, escudos y máscaras de gas, bajo criterios ilegales y arbitrarios que supuestamente fundamentaban órdenes de capturas y allanamientos, en los cuales pudimos advertir que se violaron las garantías procesales de las ciudadanas, incluso exagerando los tipos penales para lograr la imposición de medidas de aseguramiento privativa de la libertad.
El Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Valle, tomaron varias acciones para impedir los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, libertad de locomoción y participación de parte del pueblo colombiano en la Asamblea Nacional Popular desarrollada en la ciudad de Cali, con el cierre de fronteras en Valle del Cauca, múltiples detenciones a vehículos en carretera, requisas y controles a las delegaciones provenientes de los departamentos de Nariño, Boyacá, Tolima, Santander y Bogotá. El sábado 17 de julio la policía detuvo una caravana de 12 buses provenientes de Bogotá, dejándolos por más de 7 horas retenidos en las carreteras de Colombia sin justificación alguna. Agentes de la policía manifestaban que no los dejarían continuar porque “sabían a donde se dirigían”. Durante la Asamblea, se identificó y entregó a dos policías que hacían labores de inteligencia en medio del evento, esto agrava y corrobora las ideas divulgadas por medios de comunicación donde según informes de inteligencia del Estado estas Asambleas eran parte del plan terrorista del ELN para el 20 de julio.
El clima de estigmatización generó una repercusión negativa en las garantías al derecho a la protesta, lo que se evidenció en las acciones de la fuerza pública, pues las múltiples declaraciones fueron interpretadas por los agentes como órdenes de no permitir la ocupación del espacio público y por lo tanto usar la fuerza. Según la Policía, el ESMAD y autoridades de gobierno “no están permitidos los corte de ruta o bloqueos”, cuestión que claramente va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estándares interamericanos e internacionales en la materia.
De igual manera, resultan preocupantes los constantes ataques de agentes de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos que realizamos cubrimiento de las protestas a través de las CVI. Varias defensoras fueron agredidas físicamente, hostigadas, empadronadas, perfiladas y se evidenciaron múltiples acciones para entorpecer las labores de las CVI bajo el discurso gubernamental que señala a las organizaciones de derechos humanos de maquillar cifras y no ser imparciales, e incluso, de manera falsa y sin sustento, señalan que son los defensores y defensoras quienes les agredimos; estos casos, son una muestra de la violencia dirigida, intencionada e individualizada, que pone en mayor riesgo a quienes desempeñamos esta labor en medio de la protesta social.
Además, reiteramos nuestra preocupación por el uso del arma de lanzamiento múltiple de gases “Venom” en la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país, la cual disparó indiscriminadamente a la ciudadanía, generando múltiples daños inciertos debido a su uso masivo. Advertimos nuestra preocupación sobre la falta de información en los protocolos de uso de esta arma, ya que la fuerza pública la viene utilizado desconociendo el principio de proporcionalidad y focalización de la fuerza, poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad de las manifestantes y habitantes de sectores aledaños a los puntos de concentración.
Por otro lado, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, se permite informar las cifras de violaciones de derechos humanos que hemos registrado en el territorio nacional desde el 28 de abril hasta el 21 de julio (16:20 pm).
- 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares sin identificar, y en 46 casos no se ha identificado el agresor. Cuatro (4) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
- 1.905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 88 casos de lesiones oculares y 115 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que de las personas heridas: 670 son hombres, 141 son mujeres y de 1084 no se reporta su género; pues muchas personas se niegan a iniciar la denuncia penal o compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
- 326 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; homicidio y uso de la fuerza letal, de la cual tenemos 1 caso, lesiones personales con 129 casos, estigmatización con 139 casos, detenciones arbitrarias o amenazas de detención con 34 casos y violencias basadas en género con 19 casos.
- 833 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 525 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 141 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas, 95 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos un registro de 68 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 16 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 26 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 23 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); 3 casos registrados como VBG sin descripción de los hechos, y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 3.365 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 52 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 44 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 1.603 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- En el mes de julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en extrañas circunstancias.
Manifestamos a las víctimas de violencia policial que NO ESTÁN SOLAS, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo; les enviamos a ellas, a sus familias y cercanas un abrazo cargado de solidaridad y apoyo, pueden contactarnos para solicitar apoyo psicosocial y jurídico en nuestra:
LÍNEA DE EMERGENCIAS NACIONAL: 313 392-1916
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho a la protesta social.
- Se respete la vida y la integridad de las mujeres, diversidades sexuales y en general de la población que participa -aplicando los correspondientes enfoques diferenciales del caso-, se encuentren o no en el marco de la protesta social.
- Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales que brinden acceso a información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial).
- Al Gobierno Nacional y Ministerio Público que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, para que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
- A la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas y que aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad, celeridad y garantía de participación de las víctimas.
- Al Gobierno Nacional que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra.
- Finalmente, exigimos al gobierno colombiano adoptar íntegramente las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe sobre Colombia.
por Campaña | Jul 7, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Informes, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, ve con optimismo las Observaciones y Recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH a Colombia luego de su visita los días 8 al 10 de junio de 2021, en el marco del actual Paro Nacional.
Resaltamos que la CIDH reconoce las diferentes causas estructurales que motivan el Paro Nacional de abril 2021 en Colombia y su conexidad con las movilizaciones de los años 2019 y 2020. Asimismo, identificó y reconoció de manera contundente que se han evidenciado graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano, debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que reafirma las múltiples denuncias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT).
Para la CDLAT, es muy importante que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, niñas, personas LGTBI, y poblaciones indígenas y afrodescendientes, agresiones que han sido utilizadas como mecanismos de represión, evidenciando la discriminación sexual, de género, y racial bajo unos patrones históricos de violencia. La CIDH le recuerda al Estado colombiano su obligación de investigar dichos casos, atendiendo al deber de prevenir y proteger a las mujeres, poblaciones afrodescendientes e indígenas y combatir este tipo de violencias desde un enfoque transversal e interseccional.
La CIDH reconoció también las agresiones ejercidas por la fuerza pública y civiles armados a reporteros y misiones médicas que ejercen su labor en las manifestaciones; estos hechos, sumados a la falta de respuesta institucional, constituyen acciones dirigidas al silenciamiento y censura del ejercicio periodístico sobre el Paro Nacional, a la vez que pone en riesgo de la vida y la integridad de las personas que atienden a las personas heridas en medio de las intervenciones del ESMAD. Una vez más la CIDH hace un llamado al Estado colombiano sobre su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen dichas agresiones.
Las detenciones bajo la figura de “traslado por protección” son objeto de preocupación para la CIDH, pues se evidencio que esta figura jurídica es utilizada para amedrentar a los manifestantes, contrarias al objetivo de proteger a la ciudadanía, además, menciona las dificultades para el acceso a la información de las familias o abogados sobre las personas detenidas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituidos como torturas, que se presentaron en el marco de las actuaciones policiales. La Comisión hizo un llamado al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección y a dar cumplimiento de los principios de legalidad, idoneidad y proporcionalidad en dichas actuaciones policiales. Además, la CIDH reportó denuncias de desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, 5 de esas personas habían sido reportadas como detenidas por la fuerza pública y posteriormente encontradas sin vida, por lo que la Comisión, atendiendo a la gravedad de los hechos, hizo el llamado al Estado de iniciar la investigación ex officio y sin dilaciones, dando cumplimiento a la obligación de debida diligencia que corresponde a las autoridades judiciales del Estado.
Como Campaña, lamentamos la falta de abordaje de las agresiones a defensoras de DDHH en las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, sobre los cuales hemos documentado 298 casos, entre los cuales hay 1 homicidio, 117 casos de lesiones personales, 122 casos de estigmatizaciones y señalamientos infundados, 38 detenciones arbitrarias o amenazas de detención y 18 casos de violencias basadas en género[1]. Las CVI se constituyen en una herramienta fundamental de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en los diferentes repertorios de movilización, ya que realizan una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social. Es por ello que, luego de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social, la Campaña Defender la Libertad publicó el informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”[2] .
Sobre la asistencia militar, expedida mediante el Decreto 575 de 2021 que impone a mandatarios locales un tratamiento militarizado a la protesta social , la CIDH consideró que la prohibición generalizada de los “cortes de ruta”, conocidos como bloqueos, puede constituir una restricción desproporcionada al derecho a la protesta, la libertad de expresión, manifestación y reunión, por lo que realiza un llamado al Estado a adelantar una reforma del decreto que garantice que la medida sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; como Campaña habíamos advertido en el pasado sobre esta medida aplicada en 12 departamentos del sur del país, la cual constituye un riesgo adicional para la vida e integridad de la población y otorga un trato militarizado a la movilización social.
Así mismo, respaldamos sus recomendaciones, entre las cuales se incluyen, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares» y “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”, tal como lo demanda la constitución colombiana.
Como organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, las cuales hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, rechazamos la respuesta del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a las ya mencionadas recomendaciones y observaciones por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que su pronunciamiento no responde a la realidad del país desde el inicio del Paro Nacional, y además, desconoce la normativa nacional e internacional al señalar que los cortes de ruta o bloqueos son per se conductas delictivas,cuando realmente son repertorio válidos de protesta y manifestación. También preocupan las declaraciones del gobierno que desestiman y ponen en duda las denuncias realizadas por las Comisiones de Verificación e Intervención de las organizaciones de derechos humanos que hemos realizado nuestra labor en el marco de las protestas sociales.
Así mismo resulta preocupante que el estado colombiano se niega enfáticamente en aceptar el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos propuesto por la CIDH para Colombia, pues con ello le estaría cerrando la puerta al monitoreo internacional de lo ocurrido durante el paro nacional. Profundizando la desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional a acatar las recomendaciones dadas por la CIDH, reconociendo las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
Conoce aquí el informe completo.
[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/
[2] https://defenderlalibertad.com/el-estado-colombia-es-responsable-de-agresiones-a-defensores-as-de-derechos-humanos-durante-el-paro-nacional-2021/
por Campaña | Jun 24, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, a partir del trabajo que realiza como Comisiones de Verificación e Intervención reconocidas en el Decreto 563 de 2015 de Bogotá, ha documentado que en los cincuenta y seis (56) días de protesta social en el marco del Paro Nacional, se han reportado cuatro homicidios presuntamente atribuibles a la fuerza pública en Bogotá, como se detalla a continuación en los siguientes:
- HECHOS
- El 1 de mayo el joven de Daniel Alejandro Zapata de 20 años se manifestaba cerca a la estación de Transmilenio de Banderas en el suroccidente de Bogotá, cuando fue golpeado de manera grave en su cabeza. Ingresó a la clínica EUSALUD debido a fuertes contusiones, allí permaneció hasta su lamentable fallecimiento el 10 de mayo[1].
- El 7 de mayo falleció el músico Dylan B Lyon, quien había participado activamente en el Paro Nacional. El joven fue arrollado por una tanqueta del ESMAD sobre la Av Villavicencio con Av. 1ra de mayo. La versión oficial indica que fue un siniestro vial, sin embargo la familia ha señalado que existen confusos hechos que rodean el caso[2].
- El 21 de junio en la localidad de Usme falleció sobre las 4:00pm Jaime Fandiño Ariza, luego de recibir un impacto a corta distancia de aparentemente un gas lacrimógeno en el costado lateral de su torso. Pese a que la comunidad manifestó que había un herido, habitantes del sector manifiestan que el ESMAD continuó lanzando gases lacrimógenos. El escenario de confrontación inició tras el hostigamiento del ESMAD a una chocolatada que preparaba la comunidad en horas de la madrugada[3].
- El 23 de junio en la localidad de Suba sobre las 00:10 se reportó un herido de gravedad debido a un impacto directo en la cabeza de armamento disparado por el ESMAD. El caso fue informado ante la línea 123, sin embargo la ambulancia demoró aproximadamente 20 minutos en llegar al lugar. El joven fue ingresado con signos vitales a la ambulancia y trasladado al Hospital de Suba donde lamentablemente falleció[4].
FUNDAMENTOS
Frente a lo anterior, es alarmante la situación de escalonamiento de la violencia que en tan solo dos días han conducido al lamentable fallecimiento de dos jóvenes que participaban de las manifestaciones. Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en múltiples ocasiones hemos denunciado patrones de agresión por parte de la fuerza pública que se han convertido en prácticas sistemáticas que ponen en riesgo la vida e integridad de manifestantes y no manifestantes, tales como el uso de armamento disparado directamente sobre el rostro, la cabeza y el torso de los manifestantes, actos de incitación y provocación para incrementar el nivel de conflicto como bailes, señas y comentarios obscenos por parte de agentes del ESMAD, lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de casas en zonas residenciales donde permanecían ciudadanos expectantes o alejados de la dinámica de movilización, entre otras.
Nos genera gran preocupación el uso del arma Venom en puntos de la ciudad como Portal Resistencia (antes Portal Américas) y Portal Suba, que constituyen ataques desproporcionados a las manifestantes en un radio de acción muy amplio. Pese a las especificaciones técnicas, hemos documentado que se ha dado un uso indebido del armamento, al usarlo a la altura del piso, apuntando al cuerpo y la cabeza de las manifestantes, con el fin de aumentar su letalidad y poniendo en mayor riesgo la vida e integridad de las personas.
Así mismo, es preocupante la falta de postura clara y enfática por parte de las autoridades distritales en rechazo a las graves vulneraciones de Derechos Humanos en la capital, no es una situación menor la renuncia del director de Derechos Humanos de Bogotá[5], quien manifiesta incompatibilidades con el nuevo enfoque propuesto para la Dirección, así mismo la falta de compromiso de la Alcaldía en asumir la responsabilidad política como garantes de los derechos. Además, la Alcaldía de Bogotá le ha restado importancia a las vulneraciones a los derechos humanos, esto se evidenció en el enfoque sobre el “vandalismo” presentado en la ciudad en el documento informe presentado a la CIDH[6].
Reiteramos que las autoridades públicas, incluida la Alcaldía Mayor de Bogotá, deben guardar neutralidad frente a las manifestaciones, pues justamente de ellas, es de quienes se espera garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC-7641 de 2020. Por ello, manifestamos nuestra preocupación por los discursos estigmatizantes a la protesta social por parte de funcionarios de alto nivel en Bogotá, estos discursos pueden derivar en la justificación de las violaciones a los Derechos Humanos y no contribuyen de manera positiva al desescalamiento de la violencia en la ciudad.
Rechazamos cualquier tipo de manifestación violenta en contra de manifestantes y agentes policiales, reconocemos así mismo que hay un nivel desproporcionado de la violencia ejercida por la fuerza pública, la administración distrital debe ser más contundente en rechazar este accionar sistemático y emprender acciones de mayor contundencia en el marco de sus competencias para garantizar la vida, integridad de los manifestantes y promover el acceso a la verdad y justicia de todas las víctimas de abuso policial.[7]
En virtud de lo anterior, y actuando en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, nos permitimos realizar las siguientes:
SOLICITUDES
- Convocar de manera urgente a sesión de evaluación y análisis de la situación de derechos humanos en Bogotá en el marco de la Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos a la Libertad de Reunión prevista en el Decreto 563 de 2015, con el objetivo de poder dar seguimiento a las denuncias presentadas en el Paro Nacional y establecer con mayor claridad las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos y eventuales responsables de la muerte de 4 jóvenes en Bogotá.
- Solicitar de inmediato la suspensión de los agentes policiales denunciados por su presunta participación en violaciones a Derechos Humanos y los agentes comandantes de los operativos en Usme el 21 de junio y en Suba el 22 y 23 de junio, así como a aquellos que estén involucrados con el homicidio de los jóvenes manifestantes en la ciudad en el marco de la protesta social.
- Ordenar a los funcionarios y directivos de la Alcaldía Mayor de Bogotá de mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones sociales, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas de la propia alcaldía.
- Emprender acciones de diálogo con la ciudadanía con el objetivo de desescalar la violencia en la ciudad, que permitan promover la participación democrática en espacios deliberativos de manifestantes, jóvenes, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, víctimas, mujeres y diversidades de género, indígenas y comunidades afro.
- Remitir información completa y detallada sobre las acciones impulsadas por la administración distrital relacionadas con el esclarecimiento de las vulneraciones a los Derechos Humanos en Bogotá, particularmente sobre: 1) el número de casos decepcionados y atendidos a través de la ruta de prevención de abuso policial; 2) el número de quejas disciplinarias interpuestas en contra de funcionarios públicos de la Policía, Esmad y Distrito y el estado procesal actual de las mismas; 3) el número de denuncias penales interpuestas en contra de funcionarios públicos de la Policía, Esmad y Distrito y el estado procesal actual de las mismas.
- Remitir copia de las actas del COE Distrital de cada día del Paro en Bogotá.
- Remitir copias de las relatorías de las Mesas de Seguimiento que se han desarrollado en el marco del Paro Nacional 2021 en Bogotá.
- Remitir copia formal de los informes remitidos a la CIDH, ONU y otros organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el estado actual de los trámites adelantados ante los mismos.
[1] Revista Semana. Murió Daniel Alejandro Zapata, presunta víctima de violencia policial en protestas en Bogotá. Publicado el 10 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/murio-daniel-alejandro-zapata-presunta-victima-de-violencia-policial-en-protestas-en-bogota/202108/
[2] El Espectador. Investigan muerte de Dylan Barbosa tras siniestro vial con tanqueta del Esmad. Publicado el 8 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/bogota/investigan-muerte-de-dylan-barbosa-tras-siniestro-vial-con-tanqueta-del-esmad-article/
[3] [Twitter] Publicado por Colombia Informa el 22 de junio de 2021. Disponible en: https://twitter.com/Col_Informa/status/1407525894923735045?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
[4] [Twitter] Publicado por Comité Local de Derechos Humanos – Suba el 23 de junio de 2021. Disponible en: https://twitter.com/CLODHS_/status/1407605517980160001
[5] [Twitter] Publicado por Andrés Idárraga el 22 de junio de 2021. Disponible en: https://twitter.com/andresidarragaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
[6] Alcaldía Mayor de Bogotá. Alcaldesa de Bogotá recibió visita de la presidenta de la CIDH. Publicado el 13 de junio de 2021. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/claudia-lopez-recibe-visita-de-presidenta-de-la-cidh-y-su-delegacion
[7] Alcaldía Mayor de Bogotá. “No me iré de la Alcaldía sin que haya verdad, justicia y reparación»: Alcaldesa. Publicado el 17 de octubre de 2020. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/no-me-ire-de-la-alcaldia-sin-que-haya-verdad-justicia-y-reparacion
por Campaña | Jun 22, 2021 | Abuso Policial, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Movilización Social, Noticias
22 de junio de 2021. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cincuenta y cinco (55) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 22 de junio (14:00 pm) en el territorio nacional:
- 83 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 27 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. 16 de estos asesinatos están en proceso de verificación sobre su relación con la protesta social.
- 1.677 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 80 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que dentro del universo de personas heridas: 643 son hombres, 133 son mujeres y de 893 no se reporta su género; pues muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
- 267 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas en contra de su vida, familias y/o de judicialización arbitraria, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 10 han sido dirigidas a comunicadoras sociales, en especial, prensa alternativa.
- 788 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 507 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 133 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 85 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 59 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 17 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 21 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 18 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
- 3.203 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 1. 476 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
- 84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4] .
Vemos con gran preocupación que a pesar de que las movilizaciones en el marco del Paro Nacional han disminuido, las actividades de movilización social pacífica continúan y así, las vulneraciones a los derechos humanos en el país no cesan. En Valle del Cauca continúa el uso desproporcionado e ilícito de la fuerza contra personas manifestantes, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las manifestantes sin importar si hay presentes niñas, niños y bebés[5] quienes ya se han visto afectadas. También, la fuerza pública y civiles no identificados han atacado a quienes ejercen su derecho a la protesta con armas de fuego, violando protocolos y normatividad nacional e internacional sobre el uso de la fuerza en protesta social. Alertamos sobre la aparición de dos personas asesinadas y desmembradas en zona rural del municipio Aguaclara[6] y en la ciudad de Cali[7], la primera hacía parte presuntamente de la primera línea del municipio[8] -información por confirmar-. Estas terribles y abominables acciones son cometidas con el fin de generar terror y zozobra en la población, para que se desincentiven y terminen las diferentes actividades de protesta social pacífica. Hacemos un contundente y especial llamado a las autoridades a atender, esclarecer y juzgar a las personas responsables de estos graves crímenes.
En Bogotá, es preocupante la situación en Portal Resistencia (antes Portal Américas), la localidad de Usme y Portal Suba. En dichos puntos, las vulneraciones a los derechos humanos se presentan casi a diario, colocando en riesgo la vida e integridad de las manifestantes y de las habitantes en las inmediaciones de dichos sectores, estas últimas se han visto bastante afectadas por los daños materiales y la inhalación de gases lacrimógenos aún estando en sus viviendas. Estas jornadas han dejado decenas de personas heridas, y ayer, 21 de junio, una persona fue asesinada en Usme según versiones preliminares por el impacto de un gas lacrimógeno[9], situación por esclarecer .Además, rechazamos los intentos de desalojo que se han presentado en el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla en el Parque El Mundo por parte de la Policía Nacional.
Alertamos sobre la situación de las personas detenidas ayer, 21 de junio, en Usme, sobre las cuales se había informado que se encontraban en URI de Kennedy en Puente Aranda; hoy, 22 de junio, en horas de la mañana las autoridades le manifestaron a las familiares de las detenidas que éstas no se encuentran en ninguno de los lugares de detención, aumentando el riesgo de ocurrencia de violaciones a los derechos fundamentales como lo son el debido procesos, la asistencia jurídica técnica, a no ser incomunicados y aumentan el riesgo de ocurrencia de desaparición forzada. Afortunadamente y gracias a la presión ciudadana en horas de la tarde sus familiares obtuvieron información sobre las personas detenidas.
Rechazamos los hostigamiendos, la discriminación y la vulneración de derechos a tres mujeres indígenas. Uno de estos hechos ocurrió en Bogotá el 12 de junio, dos mujeres indígenas Misak son hostigadas por la Policía en un bus de servicio público, el agente dice que ellas no pueden ir en el bus porque la «gente como ellas» está haciendo disturbios[10]. La segunda vulneración dio lugar en Cundinamarca, donde una mujer indígena Embera fue retenida, recibió trato discriminatorio y no facilitaron un traductor durante el procedimiento[11]. Esto evidencia la fuerte estigmatización por parte de la policía hacia este sector de la población que ha sido marginado históricamente por el Estado. Dicha estigmatización ha venido en aumento luego de las manifestaciones contra las estatuas de personajes de la historia que colonizaron los territorios de Abya Yala -las cuales generan violencias simbólicas en contra de Pueblos Originarios, quienes hacen parte de las jornadas de movilización.- Estas acciones reivindicativas y no violentas, no deben ser atacadas y señaladas por parte del Estado, quien por el contrario debe implementar medidas de protección especial a pueblos que han sido históricamente víctimas del genocidio.
EXIGIMOS
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
- Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
- Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de las apariciones de personas asesinadas y desmembradas.
- Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
- A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
- Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
- Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
- Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
- Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no-violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 5 personas asesinadas en el marco de la protesta social, 3 en Valle del Cauca, 1 en Cesar y 1 en Bogotá.
[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10144/23-reportes-de-violencia-sexual-ha-conocido-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-marco-de-la-protesta-social-violencia-sexual-protesta-social.htm
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1205 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 379 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 108 en Santander, 5 en Cartagena, 244 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 37 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 27 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
[4] https://www.radionacional.co/actualidad/paro-nacional-personas-desaparecidas-84-fiscalia
[5] https://www.facebook.com/canal2cali/videos/327988735605985/
[6] https://www.elespectador.com/colombia/cali/cabeza-hallada-en-tulua-pertenece-a-joven-identificado-como-santiago-ochoa/
[7] https://twitter.com/Tercer_Canal/status/1407123903449870337?s=19
[8] https://www.contagioradio.com/asesinan-a-santiago-ochoa-miembro-de-la-primera-linea-de-tulua/
[9] https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1407117102499221507
[10] https://twitter.com/alientogratis/status/1403720273866657798
[11] https://twitter.com/AbelDavidJara/status/1403892698285805571?s=19
