por Campaña | May 25, 2019 | Abuso Policial, Actividades de la Campaña, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias
Sin miedo
Intervención de Johan Sebastián Ramírez Vanegas en Audiencia Pública Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia
Me llamo Sebastian Ramirez Vanegas y soy estudiante de la Universidad Nacional. Vivo en Suacha, y como gran parte de las personas que habitan el municipio, diariamente me veo en la obligación de hacer uso del pésimo servicio de transporte que presta Transmileno. A inicios del 2017, el alcalde Enrique Peñalosa anuncio que el 1 de abril, del mismo año, la tarifa del pasaje pasaría de $2.000 a $2.200.
Esta decisión fue ampliamente rechazada por varios sectores populares, lo cual llevo a que el día 28 de marzo del 2017, la ciudadanía realizara una serie de plantones en los portales de Transmilenio. En medio de las jornadas de bloqueos y sensibilización de las problemáticas del transporte publico, me encontraba en el portal de sur esperando poder llegar a mi destino ese día. No obstante, a pesar de que los bloqueos transcurrían de manera pacífica, el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD irrumpió de manera violenta en el portal sur y disparó bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, sin importar la presencia de niños y mujeres en estado de embarazo.
Mientras intentaba salir del portal del sur, un patrullero del ESMAD me disparó en repetidas ocasiones con una marcadora de “paint ball” a una distancia muy corta; uno de estos disparos me impactó en el ojo derecho y me ocasionó la perdida de la visión por este ojo. Esta situación, no solo ha tenido repercusiones de carácter físico, sino también emocional, tanto en mi vida como en la de mis seres queridos, esto se manifiesta incluso en la perdida de confianza que tiene mi familia respecto a la institución policial y en la sensación de inseguridad que sentimos en el espacio público.
A la fecha de hoy son demasiados los casos por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD. Quiero que recordemos casos como el del joven Nicolas Neira, quién murió el 6 de mayo del 2005 con tan solo 15 años de edad, a causa de la brutal golpiza que recibió por parte de integrantes del ESMAD. Recordemos todos los atropellos que campesinos, indígenas y comunidades afro han recibido en jornadas como las del paro Agrario en el 2013, o casos más recientes, como los presentados en el marco del paro estudiantil y sindical el año pasado, en donde jóvenes como Juan David Henao y Keiry Movilla resultaron gravemente heridos por disparos con balas de goma en uno de sus ojos.
Estos casos son solo algunos que evidencian que ninguna agresión por parte del ESMAD es un hecho aislado, por el contrario, es evidente que la vulneración a los derechos humanos ocurre de manera sistemática contra las y los manifestantes y las personas que no participan de las manifestaciones.
Teniendo en cuenta que muchos de los atropellos del ESMAD ocurren cuando intentan disolver de manera arbitraria alguna manifestación o un bloqueo, es necesario aclarar que el espacio publico no es simplemente un espacio para la movilidad. Es también un espacio de participación ciudadana, de construcción de país; ya sea por el derecho a la educación, a la salud, por la defensa de los recursos naturales, o por la defensa de la vida de los y las liderezas sociales, el derecho a la protesta social está íntimamente relacionado con el derecho a la libre expresión, el derecho a la reunión, por el derecho a decirle No a políticas que afectan la construcción de la paz en este país.
Por estás razones, criminalizar la protesta social implica des-legitimar el ejercicio ciudadano de manifestar inconformidades, de exigir derechos y de construir comunidad a través de la participación activa. Criminalizar la protesta social favorece la implantación de una sociedad hostil a la discusión, al pensamiento critico y a la manifestación de ideas divergentes; y una sociedad del tal tipo no seria acorde con los principios democráticos.
Considero que criminalizar, o restarle legitimidad a la protesta social, favorece la repetición y la impunidad de casos como el mío y el de muchas otras personas que han resultado agredidas en medio de manifestaciones públicas (independientemente de si hacían parte activa o no de las mismas). Restando legitimidad a la protesta social favorecemos expresiones indolentes como “Si le pasó, fue porque se lo buscó”, expresiones que restan empatía y solidaridad a un país que necesita justamente de ambos valores en este momento histórico en el que queremos apostarle a la vida y a la reconciliación.
Por esto y mil razones más #Se vale protestar, y se vale protestar sin miedo.
Muchas gracias.
por Campaña | May 24, 2019 | Actividades de la Campaña, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Movilización Social, Noticias, Organizaciones
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos
Palabras de saludo
Encuentro Nacional de Protesta Social
Alberto Brunori, 21 de mayo 2019
Buenos días estimadas y estimados defensores de derechos humanos; señoras y señores;
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, es un honor y un gusto compartir este espacio de reflexión y discusión con los presentes acerca de un tema central para la democracia, como es el derecho a la protesta social.
A lo largo de la historia, las protestas sociales han sido motores de importantes cambios. Por ejemplo, movimientos de protesta han promovido la caída de dictaduras, el voto universal, el fin de la esclavitud, o el fin de guerras y la reparación a víctimas, entre otros muchos logros.
En Colombia, reconocemos que existe una vibrante sociedad civil organizada y representada por organizaciones étnicas, campesinas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de víctimas, de población LGBTI, entre otras, movimientos que nos enseñan importantes esfuerzos organizativos, de defensa de derechos, de experiencias de resistencia y resiliencia, de construcción de iniciativas de paz y nos muestran todos los días el gran compromiso e interés por los derechos humanos. Una prueba de este compromiso es la participación el día de hoy de más de 80 delegados y delegadas de los distintos territorios del país.
Sin duda el momento actual por el cual atraviesa el ejercicio del derecho a la protesta social en Colombia requiere de una reflexión amplia y participativa, así como de acciones por parte del Estado, orientadas a la garantía efectiva del Derecho a la Protesta Social y a fortalecer respuestas transformadoras frente a las demandas formuladas en dichas movilizaciones. Confío que este Encuentro Nacional contribuya en ese sentido.
Quisiera empezar mis palabras haciendo un reconocimiento a todas aquellas personas que, por haber ejercido el derecho a la protesta social en Colombia, han perdido la vida o han sufridos agresiones en su contra. Ellas y sus familias han sufrido vulneraciones graves a sus derechos humanos. La sociedad también ha sido fuertemente afectada en la
medida que cada restricción o intento de limitación de la protesta social es un cierre del espacio democrático.
De acuerdo con las normas internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la reunión, ambos derechos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, todos ratificados por Colombia.
En el marco de su mandato, la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia ha monitoreado varias protestas sociales en las regiones, protestas que nacen de la falta de acceso a los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Asimismo, la Oficina ha facilitado y asesorado procesos de dialogo social derivados de dichas movilizaciones y ha dado seguimiento al cumplimiento de acuerdos alcanzados entre las partes.
Con base en esta labor de monitoreo, la Oficina observa que, a pesar de avances, como la adopción del Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica del 3 de agosto de 2018 por el Ministerio del Interior, no existen todavía garantías suficientes para el ejercicio de la protesta social en el País. Eso ha sido evidenciado por ejemplo con los 14 muertos y varios heridos durante las protestas sociales en el 2017 o por lo ocurrido durante la última minga que se llevó a cabo en el Cauca entre marzo y abril del 2019. En este contexto, la Oficina está dando seguimiento a varias presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante esta Minga, incluyendo:
i) La muerte violenta del joven Breiner Yunda Camayo, comunero del resguardo indígena de Jebala,
ii) Otras afectaciones al derecho a la integridad física supuestamente debida a una utilización excesiva o desproporcionada de la fuerza,
iii) Amenazas individuales y colectivas contra organizaciones y líderes de la Minga,
iv) Y discursos de estigmatización y/o desprestigio de la protesta social por altos funcionarios y responsables políticos
Estos ataques han contribuido a crear un ambiente que genera violencia y de desconfianza con las autoridades, entorno que se deterioró con el ataque que sufrieron varios defensores y defensoras de derechos humanos del Cauca el sábado 4 de mayo mientras estaban preparándose para una reunión con el Gobierno justamente con el fin de dar seguimiento a los acuerdos de la Minga.
Adicionalmente, de manera general, la Oficina ha observado la falta de compromiso y un bajo nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de gobiernos sucesivos, lo cual sigue afectando la legitimidad de los procesos de diálogo y la confianza en las instituciones.
Por lo tanto, si bien la Oficina reconoce los esfuerzos del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil por encontrar soluciones basadas en el respeto por los derechos, se requiere mantener las iniciativas de dialogo social, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, con el fin de mejorar el entendimiento, logro de acuerdos basados en derechos y la participación de comunidades y organizaciones. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer el monitoreo de la implementación efectiva de los acuerdos alcanzado entre las partes, y de esta manera prevenir el aumento de las conflictividades que resultan de la falta de cumplimiento de acuerdos anteriores, como es el caso de Cumbre Agraria, Buenaventura, Chocó, Catatumbo y en el Cauca, entre otros.
Cuando el derecho a la protesta pacífica es protegido y ejercido de forma adecuada, es una herramienta poderosa para promover el diálogo, el pluralismo, la tolerancia y la participación cívica. Por lo tanto, es fundamental que el Estado asegure e implemente las garantías necesarias para la movilización y la protesta social contenidas tanto en el Acuerdo de Paz, como en los estándares internacionales. En tal sentido, se requiere garantizar que los protocolos nacionales sobre el uso de la fuerza en protestas sociales se ajusten a las normas internacionales y que se implemente el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica del Ministerio del Interior.
Quiero finalizar reiterando que OACNUDH continuará cumpliendo con su mandato de observación en los territorios, de asistencia técnica a todas las autoridades estatales relevantes y a la sociedad civil, y de promoción e información con el fin de contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en Colombia.
Seguimos prestos a trabajar con ustedes. Cuenten con nosotros.
Muchas gracias
por Defender la Libertad | May 26, 2014 | Abuso Policial, Amenazas, Denuncias, comunicados y notas de prensa, Derecho a la información y libertad de prensa, Movilización Social
La campaña Defender la libertad: asunto de tod@s denuncia a la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Disponible de Bogotá, contra un jóven mientras filmaba agresiones de la misma policía en alrededores de la Universidad Nacional.
Hechos:
1. El día martes 20 de mayo, en el marco de los disturbios que se presentaron en la Universidad Nacional, se presentó una grave violación a los Derechos Humanos por parte de miembros de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios.
2. Siendo aproximadamente las 2pm, varias personas habitantes del sector se encuentran observando la situación de la Universidad Nacional en el puente peatonal de la estación de Transmilenio Ciudad Universitaria, ubicado en la Calle 26, entre esas personas se encontraban varias mujeres de tercera edad. La Fuerza Disponible ordena a la población bajarse del puente de forma “agresiva”, como lo afirman las personas que allí se encontraban, empiezan a empujarlos con los escudos y a pegarle a las personas con los bolillos, causando fuertes golpes a varias de ellas. Ante la reacción de la gente con gritos y rechazo a la actitud de la policía, estos últimos lanzan un gas lacrimógeno en el puente, pudiendo ocasionar una grave tragedia.
3. El joven GREGORY DAVID CANO TAMAYO se encontraba grabando con su celular las agresiones que con bolillos y escudos estaba dado la policía. Un policía se dio cuenta y le golpea el celular con un bolillazo, y a él también. El celular (expiria play) cae al piso, y ahí los policías le quitan la tarjeta SD y además la SIM CARD.
4. Luego, bajaron a GREGORY del puente y lo llevaron al frente de la Clínica Fundadores. En ese momento un grupo de aproximadamente 12 policías de la Fuerza Disponible lo empiezan a agredir con patadas en las canillas y bolillazos en la espalda, además le pegaron varios puños en las costillas y un miembro de la Fuerza Disponible le puso el TRUFLY a quema ropa en el área del abdomen, amenazándolo con ocasionarle graves daños.
5. Ante la reacción de los habitantes de la zona por las graves agresiones que estaba recibiendo GREGORY la policía se calmo. Hicieron paso a la identificación, y le pidieron la cédula. Sin embargo, después de varios minutos GREGORY les solicito que le devolvieran la cédula y los policías le dijeron que ellos no la tenían y que no se la habían quitado.
6. Luego de varios minutos, y con la presencia de la Personería de Bogotá, en la patrulla 17-5739 de placas KGG 581 fue transportado GREGORY hacia la UPJ. Durante el camino, los policías le dijeron que sí él no “decía nada” de lo sucedido, lo soltaban inmediatamente. Cuando llegaron a la UPJ, decidieron no reportarlo y le dijeron que se podía ir, sin embargo su cédula, tarjeta SD y tarjeta SIM Card no aparecieron.
por Campaña | Nov 22, 2021 | Denuncias, comunicados y notas de prensa, Detenciones, Noticias
Capturan a líderes y lideresas juveniles participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá durante el #ParoNacional2021
Colombia, 22 de noviembre de 2021. En horas de la mañana se realizaron múltiples allanamientos y ejecución de órdenes de captura para varios/as jóvenes líderes/as y participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en el departamento de Boyacá, entre ellos/as se encuentran: Sergio Forero, candidato al concejo de juventud de Paipa; Iván Ayala, líder juvenil; Julián Barón, integrante de la Colombia Humana, líder ambientalista y candidato al concejo de juventud de Paipa; y la defensora de Derechos Humanos Juliana Andrea Higuera Quintero, quien participó activamente en labores de las Comisiones de Verificación e Intervención – CVI durante el Paro Nacional del año 2021.
Juliana a su vez es integrante del Comité de Derechos Humanos de la UPTC e integrante de la Red de Derechos Humanos de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, quienes trabajan activamente en el acompañamiento a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Boyacá y Guaviare. Asimismo, participó activamente del primer Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Policial “Construyendo Memoria y Dignidad” realizado el 19 y 20 de noviembre en Bogotá.
En el marco de su ejercicio de defensa de Derechos Humanos, Juliana Higuera denunció públicamente y ante las instancias judiciales oficiales, hechos de persecución y criminalización social por parte de la policía en el municipio de Paipa, Boyacá, así como, actos de acoso y violencia ejercidos por parte de servidores públicos en su contra.
Los/as líderes/as detenidos/as son señalados/as de pertenecer al “Grupo Radical Organizado los Escuderos”; sin embargo, es la primera mención conocida sobre este grupo, lo que permite alertar sobre argumentaciones irregulares en los allanamientos y detenciones.
SOLICITAMOS
Al Gobierno Nacional cesar la criminalización de quienes participan activamente en escenarios de protesta social y proteja el ejercicio de la oposición política y la garantía para la defensa de los Derechos Humanos.
A la Fiscalía General de la Nación respetar todos los derechos procesales de las personas detenidas, así como la garantía para la asistencia y asesoría jurídica técnica.
Al Ministerio Público verificar las condiciones físicas, emocionales y humanitarias en favor de la intervención por la protección de todos los derechos humanos de las personas detenidas.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que brinden seguimiento y acompañamiento a , las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales detenidas, con especial atención en la defensora de Derechos Humanos Juliana Higuera.
SUSCRIBE
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN – COSPACC.
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – CSPP.
CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD UN ASUNTO DE TODAS – CDLAT
RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD – REDCAA
COMITÉ CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE CAPÍTULO BOGOTÁ
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – MODEP
CORPORACIÓN COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS TIERRA DE TODOS
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CAJAR
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH
HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ – CIJYP
COLECTIVO JAIME GARZÓN UNISALLE
FUNDACIÓN BAKIA DE DEFENSORES DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS
REBELDÍA ESTUDIANTIL ORGANIZADA – REO
COLECTIVA RENACIENTES EN LLAMAS-REL
ORQUÍDEAS VERDES – RED FEMINISTA ABORTERA
DERECHOS HUMANOS CENTRAL UNIDA DE TRABAJADORES CUT NACIONAL
PRE ICFES POPULAR LA CASA TOMADA, EL CODITO
OBSERVATORIO DE DDHH KLAUS ZAPATA
CORPORACIÓN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO
CAMPAÑA OBJETIVO LIBERTAD
JUVENTUD REBELDE COLOMBIA
FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEU
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – ACEU
CLUB DE LECTURA SOGAMOSO
COLECTIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL SANA
COLECTIVO ESTUDIANTIL JAU GATA
COLECTIVA DE GÉNERO FRANCIA MÁRQUEZ – DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA UNAL
COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL ÁNGEL BARBOSA
COMITÉ ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
GRUPO DE ESTUDIOS 2.96 PEREIRA
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES – PST
COLECTIVA FEMINISTA ÁSHIRA
COLECTIVA DESBORDADAS UPN
ASOCIACIÓN RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS – dhColombia
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
COLECTIVO FEMINISTA CHINAS BERRIONDAS
COMITÉ DE GÉNERO DE LA UPTC
MONTAÑERAS ENRUANADAS
URDIMBRE VIOLETA
ESQUEMA FEMINISTA DE DHHH – Bogotá
JUVENTUD REBELDE BOLÍVAR
FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ATRÉUS
COLECTIVO JUVENIL SOÑAR NO ES DELITO
COLECTIVO SERARTE
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
COLECTIVO FUTBOLERO FEMENINO ESCARLATA
COLECTIVO SCOUT VAGABUNDAS VIOLETA
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ALFREDO CORREA DE ANDREIS
HIJOS E HIJAS DEL SOL – BOYACÁ
COLECTIVA DISIDENTE FEMINISTA CREDIPULA FORNICATA
COLECTIVO DE RESISTENCIA A25 – CRA25
PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD SAMANIEGO
COLECTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA LA CRECIENTE
CIUDAD EN MOVIMIENTO
RED NACIONAL DEL AGUA DE COLOMBIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTER-ACCIÓN SOCIAL DEL SUR COLOMBIANO – CEIINSO
RED JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA – RJDHH
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL – COMISIONES MODEP
CORRIENTE SINDICAL IGNACIO TORRES GIRALDO
RED GUANEÑAS FEMINISTAS EN RESISTENCIA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES – FECODE – CE MARTHA ROCIO ALFONSO
PROCESO CAMPESINO Y POPULAR DE LA VEGA
ASOCIACIÓN ECOLECTIVA
COLECTIVA AGRARIA ABYA YALA
EQUIPO JURÍDICO DERECHOS HUMANOS DEL MACIZO
SUBCOMITÉ JUVENIL DE DERECHOS HUMANOS – PASTO, NARIÑO
COORDINACIÓN NACIONAL DEL POLO JOVEN
COLECTIVO ALMA POPULAR
CORPORACIÓN COLECTIVO SOCIOJURÍDICO ORLANDO FALS BORDA-COLECTIVO OFB
COLECTIVO FEMINISTA ROSA VIOLETA
MOVIMIENTO JUVENIL 15 DE AGOSTO
COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS MAMBRU
COLECTIVO BARRIO ADENTRO – ATLÁNTICO
JUVENTUD DEMOCRÁTICA POPULAR – JUDEP
COLECTIVO LAZOS DE RESISTENCIA – UNIVERSIDAD DEL VALLE
CAMPAÑA VIDA
LISTA INDEPENDIENTE AHORA SOMOS MÁS BOYACÁ
FUNDACIÓN TEJIDO CUHUBA
PLATAFORMA DE JUVENTUDES DE DUITAMA
CENTRAL. UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT
FUNDACIÓN CASA DE LA MEMORIA SANTA MARTA (Homenaje a Maritza Quiroz)
COORDINADORA POPULAR DE EXPRESIONES SOCIALES DE BARRANQUILLA
EQUIPO ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR LA VERDAD
MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL DE MUJERES DEL ATLÁNTICO (MASM)
REBELHADAS ESCUELA DE ACTIVISMO
COLECTIVO CULTURAL TRONCO E TRUEQUE, BARRANQUILLA.
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD – CJL
MOVIMIENTO EN RESISTENCIA CONTRA LAS AGRESIONES OCULARES DEL ESMAD – MOCAO
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA
TIERRA BONITA PROYECTO SOCIAL Y ECOPEDAGOGICO
COMITÉ REGIONAL ESTUDIANTIL DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (CREDHUV)
CORPORACIÓN OCHO DE MARZO
RED JURIDICA FEMINISTA
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EXTERNADO
COLECTIVO ESTUDIANTIL EXTERNADISTAS POR LA PAZ
COLECTIVO MALVINAS JOVEN.
