22 de junio de 2021. La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cincuenta y cinco (55) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 22 de junio (14:00 pm) en el territorio nacional:
83 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 27 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a «civiles» particulares, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. 16 de estos asesinatos están en proceso de verificación sobre su relación con la protesta social.
1.677 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado 80 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que dentro del universo de personas heridas: 643 son hombres, 133 son mujeres y de 893 no se reporta su género; pues muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
267 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas en contra de su vida, familias y/o de judicialización arbitraria, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 10 han sido dirigidas a comunicadoras sociales, en especial, prensa alternativa.
788 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, de las cuales: 507 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 133 fueron heridas, 4 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 85 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 59 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 17 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 21 casos de violencia física a mujeres en razón del género,18 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento, algunas de las anteriores situaciones se presentan de forma simultánea e incluyen violencia patrimonial (daño o robo de elementos personales); y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
3.203 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
1. 476 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil – CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4].
Vemos con gran preocupación que a pesar de que las movilizaciones en el marco del Paro Nacional han disminuido, las actividades de movilización social pacífica continúan y así, las vulneraciones a los derechos humanos en el país no cesan. En Valle del Cauca continúa el uso desproporcionado e ilícito de la fuerza contra personas manifestantes, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las manifestantes sin importar si hay presentes niñas, niños y bebés[5] quienes ya se han visto afectadas. También, la fuerza pública y civiles no identificados han atacado a quienes ejercen su derecho a la protesta con armas de fuego, violando protocolos y normatividad nacional e internacional sobre el uso de la fuerza en protesta social. Alertamos sobre la aparición de dos personas asesinadas y desmembradas en zona rural del municipio Aguaclara[6] y en la ciudad de Cali[7], la primera hacía parte presuntamente de la primera línea del municipio[8] -información por confirmar-. Estas terribles y abominables acciones son cometidas con el fin de generar terror y zozobra en la población, para que se desincentiven y terminen las diferentes actividades de protesta social pacífica. Hacemos un contundente y especial llamado a las autoridades a atender, esclarecer y juzgar a las personas responsables de estos graves crímenes.
En Bogotá, es preocupante la situación en Portal Resistencia (antes Portal Américas), la localidad de Usme y Portal Suba. En dichos puntos, las vulneraciones a los derechos humanos se presentan casi a diario, colocando en riesgo la vida e integridad de las manifestantes y de las habitantes en las inmediaciones de dichos sectores, estas últimas se han visto bastante afectadas por los daños materiales y la inhalación de gases lacrimógenos aún estando en sus viviendas. Estas jornadas han dejado decenas de personas heridas, y ayer, 21 de junio, una persona fue asesinada en Usme según versiones preliminares por el impacto de un gas lacrimógeno[9], situación por esclarecer .Además, rechazamos los intentos de desalojo que se han presentado en el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla en el Parque El Mundo por parte de la Policía Nacional.
Alertamos sobre la situación de las personas detenidas ayer, 21 de junio, en Usme, sobre las cuales se había informado que se encontraban en URI de Kennedy en Puente Aranda; hoy, 22 de junio, en horas de la mañana las autoridades le manifestaron a las familiares de las detenidas que éstas no se encuentran en ninguno de los lugares de detención, aumentando el riesgo de ocurrencia de violaciones a los derechos fundamentales como lo son el debido procesos, la asistencia jurídica técnica, a no ser incomunicados y aumentan el riesgo de ocurrencia de desaparición forzada. Afortunadamente y gracias a la presión ciudadana en horas de la tarde sus familiares obtuvieron información sobre las personas detenidas.
Rechazamos los hostigamiendos, la discriminación y la vulneración de derechos a tres mujeres indígenas. Uno de estos hechos ocurrió en Bogotá el 12 de junio, dos mujeres indígenas Misak son hostigadas por la Policía en un bus de servicio público, el agente dice que ellas no pueden ir en el bus porque la «gente como ellas» está haciendo disturbios[10]. La segunda vulneración dio lugar en Cundinamarca, donde una mujer indígena Embera fue retenida, recibió trato discriminatorio y no facilitaron un traductor durante el procedimiento[11]. Esto evidencia la fuerte estigmatización por parte de la policía hacia este sector de la población que ha sido marginado históricamente por el Estado. Dicha estigmatización ha venido en aumento luego de las manifestaciones contra las estatuas de personajes de la historia que colonizaron los territorios de Abya Yala -las cuales generan violencias simbólicas en contra de Pueblos Originarios, quienes hacen parte de las jornadas de movilización.- Estas acciones reivindicativas y no violentas, no deben ser atacadas y señaladas por parte del Estado, quien por el contrario debe implementar medidas de protección especial a pueblos que han sido históricamente víctimas del genocidio.
EXIGIMOS
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de las apariciones de personas asesinadas y desmembradas.
Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no-violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 5 personas asesinadas en el marco de la protesta social, 3 en Valle del Cauca, 1 en Cesar y 1 en Bogotá.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1205 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 379 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 108 en Santander, 5 en Cartagena, 244 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 37 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 27 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de cuarenta y cinco (45) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 11 de junio (14:30 pm) en el territorio nacional:
78 homicidios[1] de personas civiles, de los cuales 24 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Uno (1) era defensor de DDHH. Catorce (14) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
1.522 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado setenta y nueve (79) los casos de lesiones oculares y ciento cinco (105) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 635 son hombres, 129 son mujeres y 751 no se reporta su género; muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
178 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 9 han sido dirigidas a comunicadores sociales, en especial, prensa alternativa.
707 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 489 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 129 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo[2], entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 42 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 14 casos de agresiones sexuales, referidas a abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 12 casos de violencia física a mujeres en razón del género,11 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
3.086 personas han sido detenidas[3], muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
1.434 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación[4].
Es de gran relevancia la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para el conocimiento y verificación de las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población colombiana que ejerce su derecho a la protesta social. Allí, víctimas y organizaciones de derechos humanos pudimos dar a conocer las graves violaciones a derechos humanos en el marco del Paro Nacional, y aportar elementos para las recomendaciones y observaciones que realice la CIDH luego de su visita.
El día 8 de junio reportamos información detallada de 81 casos de homicidios ocurridos directa o indirectamente en el marco de la protesta social, algunos de estos hechos están por confirmar su relación con el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021; 78 casos corresponden a personas civiles asesinadas presuntamente por fuerza pública y/o actores civiles armados, y 3 casos de homicidios contra agentes de la fuerza pública. Del total de asesinatos, dos (2) fueron cometidos contra mujeres, dos (2) contra menores de edad, dos (2) contra adultos mayores que fueron afectados por inhalación de gases lacrimógenos , hemos identificado tres (3) personas asesinadas por impacto de gases lacrimógenos y/o aturdidoras, una (1) persona arrollada por una tanqueta, una (1) persona que según las denuncias de sus familiares falleció incinerada, una (1) persona fallecida por torturas y golpizas (en el municipio de Madrid), una (1) persona que denuncian falleció luego de que el ESMAD la obligara a lanzarse al río Cauca, dos (2) agentes estatales víctimas de linchamiento uno de ellos un policía y otro un agente del CTI que no se encontraba en funciones y accionó su arma de fuego contra varias personas dejando tres de ellas muertas, veinticuatro (24) de los homicidios fueron presuntamente atribuidos a la fuerza pública y treinta y dos (32) fueron debido al uso de armas de fuego. Estas muertes se concentran en 14 municipios de Colombia, demostrando la masividad del fenómeno de uso de la fuerza letal para contener movilizaciones.
La cantidad de casos de vulneraciones a los derechos humanos demuestra el uso indebido de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD, ya que se han faltado a los criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. Además, se ha utilizado el armamento de manera irregular con el fin de maximizar sus daños. Ejemplo de ello, la realización de disparos de balas de goma, cartuchos de impacto y gases lacrimógenos para generar lesiones oculares de las cuales la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas ha registrado setenta y cuatro (78) casos de lesiones oculares entre los que se encuentra un (1) menor de edad.
Sobre las violencias basadas en género, se tuvo reunión con la Secretaria adjunta para el monitoreo Maria Claudia Pulido y su equipo de trabajo, al cual pudo informarse en conjunto con otras organizaciones, sobre los actos constitutivos de violencia sexual, violencias físicas, psicológicas, patrimoniales y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados del 28 de abril al 02 de junio de 2021[5]. Esto teniendo en cuenta las agresiones que que mujeres y población con identidad de género y orientación sexual diversa, sufren en diferentes espacios de participación y movilización, impidiendo el goce efectivo de sus derechos, el hacer parte de la vida pública, y a vivir una vida libre de violencias. Las principales violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como parte de la represión violenta hacia las manifestantes, son la violencia sexual, las detenciones ilegales y arbitrarias (que son escenarios en los que el riesgo de violencias aumenta) y las agresiones físicas en medio de las manifestaciones.
De igual manera se informó a la CIDH sobre la situación de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, en Colombia, ya que labor implica asumir un alto riesgo para la vida e integridad. La Campaña, ha podido documentar 178 agresiones a defensoras de DDHH, de éstas, 116 fueron en Bogotá, 4 en Cauca, 8 en Valle del Cauca, 1 en Meta, 2 en Tolima, 10 en Atlántico, 4 en Santander, 12 en Cundinamarca, 6 en Nariño, 6 en Boyacá, 1 en Risaralda, 2 en Antioquia, 2 en Caldas, 1 en Putumayo, 1 en Norte de Santander y 2 registros sin ubicación. Estos son casos que incluyen agresiones físicas (golpizas y Tortura) violencias basadas en género, insultos, empadronamiento de los documentos de identificación, impedir la labor de verificación e intervención, grabación de sus rostros sin autorización, seguimiento por medio de drones, hostigamiento, violencia verbal, amenazas de detenciones y detenciones arbitrarias.
Consideramos fundamental la visita de trabajo de la CIDH a Colombia, toda vez que los entes de control e investigación no son imparciales y se caracterizan por su tardía acción en la salvaguarda de los derechos humanos. Por ello, esperamos que organismos de carácter internacional insten al Estado colombiano a respetar los DDHH y cese el ataque contra el pueblo colombiano. Así mismo esperamos que la CIDH continúe haciendo seguimiento a la grave situación del país.
[1]Desde nuestro último boletín hemos recibido el reporte de 2 personas asesinadas en Cali, y se comprobó que una de las personas anteriormente registradas no fue asesinada en el marco de las protestas sociales.
[3] El registro de detenidas por ciudad y/o departamento es el siguiente: 1122 detenciones en Bogotá, 44 en Cauca, 377 en Valle del Cauca, 3 en Huila, 21 en Casanare, 7 en Meta, 56 en Tolima, 377 en Atlántico, 107 en Santander, 222 en Cundinamarca, 477 en Nariño, 34 en Boyacá, 22 en Armenia, 51 en Risaralda, 26 en Antioquia, 5 en Cesar, 9 en Caldas, 24 en Norte de Santander, 19 en Arauca, 2 en Sucre y 81 detenciones arbitrarias reportadas sin ubicación.
El pasado miércoles, 9 de junio de 2021, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen entregan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH un informe que da cuenta de las violencias basadas en género en el marco del #ParoNacional 2021.
Organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que las mujeres han jugado un rol importante en las protestas sociales del Paro Nacional 2021, entregan ante la CIDH un informe que da cuenta de las graves vulneraciones a los DDDH en contra de mujeres en el marco de las movilizaciones, las cuales se ubican en los actos constitutivos de violencia sexual, las violencias sufridas en el marco de detenciones arbitrarias y, las agresiones físicas y otros tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021. Se debe tener en cuenta que la participación de mujeres durante las movilizaciones ha sido activa y masiva, en distintas ciudades del país las mujeres han llevado a cabo plantones y vigilias feministas; se han agrupado “Mamás de la Primera Línea”, con el fin de proteger a los y las jóvenes que protestan; han organizado ollas comunitarias para sostener las protestas; entre otras.
En el marco de las diversas formas de participación, las mujeres han sufrido distintas formas de violencias sexuales (“VS”) y otras violencias basadas en género (“VBG”) por parte de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencias como parte de la represión violenta de la protesta, incurriendo así en violaciones de derechos humanos, y reafirmando dichas violencias como formas de impedir el goce efectivo de los derechos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias.
La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual.
Las principales violaciones de DDHH de la Fuerza Pública contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta han sido:
Violencia sexual
Detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS
Agresiones físicas en el contexto de las manifestaciones
Las organizaciones de la sociedad civil que hicieron entrega del informe, solicitan, entre otras, que la CIDH incorpore en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación de los derechos humanos a las mujeres, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.
Además, se solicita a la CIDH que requiera al Estado colombiano implementar algunas recomendaciones, tales como:
Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres ocurridas desde el 28 de abril de 2021, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigaciones disciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública.
Solicitar a la Fiscalía General de la Nación un informe público sobre las acciones adelantadas por el Grupo de Género a nivel nacional para investigar los hechos delictivos ocurridos en el marco del Paro Nacional, para el esclarecimiento de estas agresiones.
Solicitar a Colombia la realización de las investigaciones sobre los hechos de violencia sexual acontecidos en el marco del Paro Nacional 2021 y dar seguimiento a dichas investigaciones con el fin de conocer los resultados arrojados y las medidas para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Llevar a cabo seguimiento a dichas investigaciones con el fin de constatar los resultados de las mismas.
Exhortar al Estado colombiano, para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia, todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres, sean conocidos por la justicia ordinaria.
Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el ESMAD.
La campaña defender la libertad un asunto de todas, Atlántico, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, y CIDH, los siguientes hechos:
ANTECEDENTES.
Desde el 28 de Abril hasta el 31 de mayo de 2021, se han presentado en el departamento, diversas vulneraciones de derechos humanos en el marco de la protesta social arrojando los siguientes datos:304 personas conducidas a UCJ, 29 personas trasladadas a URI, 155 con afecciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos, 47 personas víctimas de contusiones y cortadas, 23 personas trasladadas a centros asistenciales debido a las actuaciones de la fuerza policial en las intervenciones, 7 Traslados por procedimientos Policivos, 5 menores trasladados a Centros de Servicios judiciales para adolescentes, 9 agresiones a defensores por parte del ESMAD y policía Nacional, 6 agresiones a brigada de salud por parte del ESMAD y Policía Nacional, 5 agresiones sexuales, 1 agresión a miembros de la prensa.
HECHOS
El 6 de junio de 2021 realizan allanamiento en el municipio de Soledad, en casa de jóvenes que participaban en las diversas movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021 por el #ParoNacional; en el procedimiento nunca dejaron acta. ni manifestaron el radicado bajo que se argumenta dicho proceso, dando solo información de pertenecer a la SIJIN, sin presentar identificación alguna.
El 7 de junio de 2021, siguieron con los allanamientos en los municipios de Malambo y Barranquilla bajo la misma movilidad, pero con el agravante que no dejaron grabar el procedimiento ya que al iniciarlo revisaron los celulares y despojaron de ellos a las personas al interior de las viviendas allanadas.
Durante el procedimiento la Policía impidió que las personas se comunicaran con un abogado.
En ninguno de los allanamientos dejaron acta de procedimiento, numero radicado del proceso, así mismo estos allanamientos se realizaron sin acompañamiento de fiscal y en todo momento se intimido a las personas que se encontraban en las viviendas.
Es preocupante la situación ya que estos allanamientos se presentan de manera intimidatoria debido al llamado de diversas organizaciones activas en el paro en el marco de la realización del juego de eliminatorias donde jugara la selección de Colombia Vs Argentina.
Por los anteriores hechos.
RECHAZAMOS los procedimientos realizados por miembros de la SIJIN y Policía nacional ya que no respetaron el debido proceso de los moradores de las viviendas ni de los imputados, violando así todo procedimiento legal. Este tipo de procedimientos deben estar suficientemente argumentados, bajo órdenes judiciales. Deben realizarse de acuerdo con las garantías de ley.
Como organizaciones de Derechos Humanos responsabilizamos al estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO, la Gobernadora del Atlántico ELSA NOGUERA, al Alcalde de Malambo Rumenigge Monsalve; al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Diego Rosero Giraldo, por lo hechos narrados en esta denuncia pública, ya que violan el debido proceso, atentan contra la dignidad de las persona involucradas en el proceso y se muestra como una criminalización a la protesta social en el departamento.
La realización de estos procedimientos investigativos y judiciales irregulares sólo redundan en el agravamiento de un contexto adverso para la labor de defensa de los derechos humanos, al deslegitimar el ejercicio de la protesta social y colocar a la ciudadanía en contra del ejercicio de derechos por medio de acciones institucionales que mandan un mensaje coercitivo. En efecto, insinuar o considerar públicamente que quienes participan de la movilización son terroristas, pertenecientes a un grupo armado o que han cometido conductas delictivas genera rechazo social e incluso provoca el hostigamiento al desarrollo de sus labores, en detrimento del papel central que la protesta juega en términos de participación democrática.
Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen de manera preferente e imparcial las conductas que evidencian un uso arbitrario del poder por parte de los miembros del ejecutivo y la policía. De igual forma, instamos a las autoridades judiciales a actuar conforme a las garantías procesales dispuestas legalmente.
Finalmente, alertamos a la comunidad nacional e internacional del riesgo al que han sido expuestas las personas que han padecido de allanamientos injustificados y/o arbitrarios.
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, se permite informar a la opinión pública que luego de treinta y seis (36) días de protesta social (en su mayoría pacífica), se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 04 de mayo (16:00 pm) en el territorio nacional:
★ 77 homicidios , de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Dos (2) eran defensores de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.
★ 1.246 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado setenta y cuatro (74) los casos de lesiones oculares y ochenta y siete (87) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 615 son hombres, 127 son mujeres y 497 no se reporta su género; muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.
★ 158 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 8 han sido dirigidas a comunicadores sociales, en especial, prensa alternativa.
★ 667 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales:
466 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 127 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad, decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.
★ 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo , entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 27 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 11 casos de agresiones sexuales, que incluyen abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 3 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.
★ 2.808 personas han sido detenidas , muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
★ 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
★ 1304 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
★ 346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales . Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, tiene un registro de 89 personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas. Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica.
Insistimos en nuestra permanente y ascendente preocupación sobre la particularidad de que las agresiones que hemos registrado en nuestras bases de datos a partir de las experiencias recogidas en las Comisiones de Verificación e Intervención: la gran mayoría de los registros corresponden a personas jóvenes . Además, este sector poblacional ha sido el principal blanco del gobierno nacional, del partido de gobierno y medios de comunicación tradicionales; quienes han realizado afirmaciones estigmatizantes, llamándoles “terroristas” y/o “vándalas”, con generalizaciones absurdas y peligrosas, haciendo alusión a su supuesta pertenencia a grupos guerrilleros. Frente a ello queremos resaltar en cambio, sobre la gran capacidad que tienen como sujetos políticos, actores y actrices que impulsan espacios de intercambios culturales, recreativos, comunitarios, ambientales, feministas, asamblearios y sociales que han nutrido las dinámicas del Paro Nacional, por ejemplo, el escenario de la Asamblea Nacional Popular que se llevará a cabo en Bogotá del 6 al 8 de junio es muestra de las acciones política y reivindicativas que visibilizan a la juventud colombiana como un sujeto colectivo fundamental para la tarea de la construcción de paz en Colombia.
Es de carácter primordial que pueda visibilizarse aún más la situación en el departamento del Valle del Cauca, toda vez que nos encontramos en la espera de esclarecer los 62 registros de asesinatos, dado que 15 de ellos corresponden a personas sin identificar. Es sorprendente el silencio cómplice y la poca atención y visibilidad que se le han brindado a estos hechos por parte de las instituciones y medios de comunicación tradicionales, a pesar de la gravedad de la crisis humanitaria que se vive. Esto se suma al alto número de detenciones (en su mayoría arbitrarias), de personas heridas y de denuncias por abuso de poder estatal y policial. Por ello, hacemos un llamado urgente a las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el departamento. Exigimos que estos hechos sean esclarecidos en su totalidad, que den curso a los procesos de investigación sobre las múltiples agresiones y que cese la violencia por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados.
Es alarmante la situación sobre la sistemática violación de derechos humanos que ha provocado el actuar de la Policía y el ESMAD ejercidas durante las movilizaciones pacíficas vividas en la ciudad de Bogotá. Particularmente en el Espacio Humanitario ‘Al calor de la olla’ en el Portal de la Resistencia (antes Américas), se han vivido sistemáticas y múltiples intervenciones casi a diario, que producen agresiones desmedidas e injustificadas en contra de manifestantes, brigadas de salud de primeros auxilios de la sociedad civil, conjuntos residenciales, casas y barrios populares que rodean este punto de la ciudad. De manera paralela, se han presentado múltiples agresiones a las manifestantes en la localidad de Suba, donde se han convocado jornadas culturales de movilización en el Portal Suba y barrios aledaños, que han sido intervenidas con violencia desmedida en dicho punto, incluso con presencia de adultos mayores, mujeres embarazadas, y niños/as; incluso registramos la afectación de un bebé de cuatro meses por inhalación de humo .
Estos hechos evidencian la sistematicidad de las agresiones es evidente en diferentes puntos de Bogotá, lo cual nos preocupa como organizaciones defensoras de derechos humanos, toda vez que representa una violación constante de derechos fundamentales, protocolos y normas nacionales y del Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicable y vigente en el país, pero irrespetado por la fuerza pública y el gobierno nacional. Rechazamos las amenazas y presencia de dinámicas y actores paramilitares en la ruralidad y urbanidad de diferentes zonas del país, que solo buscan amedrentar, acallar e intentar opacar la voz popular que mantiene vivo el Paro Nacional.
Las agresiones por parte de la fuerza pública y civiles armados no identificados hacia defensoras de DDHH se mantienen de manera constante por medio del hostigamiento, golpes, ataques con aturdidoras y gases lacrimógenos, acoso, seguimiento mediante drones, impedimento del ejercicio de verificación e intervención, entre otras. Estas agresiones ya dejan 2 defensores de derechos humanos asesinados, Sebastián Jacanamejoy, quien era miembro del pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle; y un líder social y defensor del corregimiento Villa Baja en el municipio de Leiva, Nariño. Además, en medio de las intervenciones del ESMAD, han afectado los puestos de prestación de primeros auxilios y misiones médicas de la sociedad civil que la comunidad y organizaciones sociales han conformado para la primera atención de personas heridas o afectadas en el marco de intervenciones injustificadas y desproporcionadas por parte del ESMAD.
Vemos con gran relevancia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para la verificación de las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población colombiana. Allí, víctimas y organizaciones podremos evidenciar la situación de crisis de graves violaciones a derechos humanos en el marco del ejercicio a la protesta social vivida en el último mes y una semana del Paro Nacional. Saludamos que se generen estos espacios de interlocución, en los cuales deben primar la escucha activa y empatía con las víctimas de abuso y violencia policial, pues deben ser el centro de la visita, asimismo escuchar la labor que desempeñamos las defensoras de derechos humanos en terreno y en las diferentes acciones que realizamos en pro de dotar de las mayores garantías el ejercicio de la protesta social en Colombia..
EXIGIMOS
★ Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, que brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta.
★ Se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales, se encuentren o no en el marco de la protesta social, que inicien con celeridad las respectivas investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
★ Garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la prestación de atención primaria en salud a las manifestantes que hayan sido agredidas por la fuerza pública.
★ Al Gobierno Nacional y gobiernos locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para dar la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial). Y el esclarecimiento de los hechos sobre las personas asesinadas encontradas en el Río Cauca.
★ Al Gobierno Nacional permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera inmediata, sin plazos o condicionamientos y ambigüedades.
★ Al Gobierno Nacional y Ministerio Público, que activen los Mecanismos de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Paro Nacional, además que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada en contra de las personas responsables.
★ A la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación inicien investigaciones penales y disciplinarias sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, aborden las investigaciones con criterios de debida diligencia, seriedad y celeridad, garantía de participación de las víctimas y producción de datos públicos actualizados sobre procedimientos abiertos, estado de las investigaciones, tipos penales y disciplinarios utilizados.
★ Al Gobierno Nacional, gobiernos locales y partidos de gobierno, que se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio los cuales confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
★ Al Gobierno Nacional, que brinde las garantías de justicia para las víctimas del Estado que dejan estas jornadas de protesta debido al accionar de la fuerza pública.
★ Al Gobierno Nacional, que atienda las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria, si no que se refieren a temáticas de importancia nacional como la salud, la alimentación digna, la empleabilidad, la justicia ambiental y la justicia social.
★ Finalmente, es importante iniciar una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya el desmonte total del ESMAD y que involucre a toda la sociedad, académicos, organizaciones de DDHH y movimientos de víctimas de las agresiones ejercidas por la Policía, entre otros. Lo cual propicie una progresiva y necesaria transformación de una institución históricamente violenta, al servicio de la guerra y no de la paz. Es urgente que promovamos la construcción de paz y la no violencia como los pilares de una sociedad que respete los derechos humanos, particularmente la protesta social pacífica de toda la ciudadanía.
La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas alerta de manera temprana, preventiva y urgente posibles vulneraciones en el marco del Paro Nacional el día 02 de junio de 2021, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca debido a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: El día 02 de junio, durante horas de la mañana, unidades del Ejército Nacional hicieron presencia en diferentes barrios de Facatativá (Cundinamarca), como lo son Cartagenita, Juan Pablo II y Portal de la María, indagando sobre los nombres de las personas participantes en los bloqueos y distribuyendo tarjetas con la siguiente información:
“Teniente Coronel Harold Sexton Schmidt Gallego Comandante “Batallón Infantería No. 38 Miguel Antonio Caro”
Los uniformados, instaron a la comunidad a comunicarse a los números de teléfono referidos e informar sobre las personas que participan en las movilizaciones, excediendo las funciones propias del servicio y causando intimidación a los ciudadanos.
SEGUNDO: En el transcurso del día, también, se repartió en el casco urbano de Facatativá (Cundinamarca), una tarjeta con el logo del Ejército Nacional de Colombia, con el mensaje:
“Ningún acto de violencia, ni de vandalismo debe ser permitido o justificado.
¡La violencia no es la salida, manifiéstate a través del diálogo!
¡Facatativá somos todos!
TERCERO: Las Unidades del Ejército mencionadas invitaron a la comunidad a una reunión, el día 02 de junio, a las 3:00pm con el propósito de recibir información sobre las personas que han participado en el paro nacional.
EXIGENCIAS
EXIGIMOS al Estado Colombiano, en cabeza de Iván Duque, y a la Fuerza Pública, el respeto por la vida, la integridad física, psicológica, así como el respeto por el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica que ha ejercido la población del municipio de Facatativá.
SOLICITAMOS al Ministerio Público que realice presencia y pueda verificar en terreno la situación de Derechos Humanos en el municipio de Facatativá, y que promueva la garantía del derecho a la reunión, asociación y el respeto por la vida y la integridad física y mental de las y los manifestantes.
A la Defensoría del Pueblo activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos la vida y la integridad de las y los manifestantes y organizaciones sociales durante el proceso del Paro Nacional.
