El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia públicamente el incremento de la violencia y el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19. Esta exacerbación de la violencia institucional se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza física que ha dejado a personas heridas y otras fallecidas como el caso de Duvan Aldana, quien falleció en un desalojo en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha. También el uso de las detenciones arbitrarias para castigar a quienes protestan tal como ocurrió en las movilizaciones del pasado 15 de junio, en las cuales resultaron más de 100 personas detenidas a nivel nacional[1]. Como si fuera poco, la utilización indiscriminada del armamento de letalidad reducida, particularmente de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios de protesta social ha generado graves impactos en la integridad de los manifestantes y la democracia colombiana. El ejercicio de exigibilidad de derechos ha abarcado reivindicaciones tales como la renta básica, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a vivienda digna, la justicia en casos de violencias basadas en género (VBG), gratuidad en la educación superior, y fin del genocidio de líderes y lideresas sociales, entre otras.
En concordancia, frente a las disposiciones derivadas del Decreto 749 de 2020 (con sus respectivas modificaciones), por el cual se restringe el derecho fundamental a la libre circulación con el fin de resguardar, entre otras, el interés público, el orden público y la salud, se toman medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han profundizado la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar las contingencias derivadas del virus COVID – 19 no solo han sido insuficientes en términos de su cobertura, sino que presentan una falta de celeridad en cuanto a la entrega de auxilios de diverso tipo para la sociedad civil que contribuyan a la contención del avance de la pandemia en el territorio.
De la mano con lo anterior, los operativos policiales, con el fin de aprehender particularmente a quienes violan la medida de confinamiento, han significado un aumento de puestos de control, así como la reactivación del debate sobre el incremento del pie de la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para garantizar el orden y control en todo el territorio nacional, y los riesgos para los derechos humanos que esta situación plantea. A su vez, el incremento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la reapertura paulatina de las actividades económicas, y las cifras que lo refrendan, contrasta con la disminución de la legitimidad, credibilidad y aprobación del gabinete presidencial y de la Fuerza Pública envuelta en escándalos de corrupción, abuso de autoridad, violencias basadas en género, y la constante vulneración a derechos humanos.
Adicionalmente, se han registrado imposiciones injustificadas de comparendos a ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarentena, pero también a quienes protestan como se evidenció en las jornadas nacionales del 15 de junio: solo en Bogotá se conocieron al menos 74 imposiciones de comparendo a manifestantes como una forma de castigo. Muchas veces, este tipo de situaciones han dado lugar a abusos por parte de la Fuerza Pública, ocasionando lesiones físicas –muchas cometidas dentro de las instalaciones de la policía- lo cual se tipifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado el estado de indefensión de las personas agredidas. Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el barrio Brisas del Volador de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional, en el marco de patrullajes, golpeó a una familia, detuvo a uno de sus integrantes y luego le infringió Tortura y otros tratos crueles[2]. Además, cabe resaltar el incremento en el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. En diferentes momentos, estas acciones han ocasionado la muerte a ciudadanos indefensos, como se reporta en hechos ocurridos el pasado 1 de julio en Tocancipá[3], que dieron como resultado lesiones por arma de fuego a dos personas, o, en otro caso, la muerte de un joven de 23 años en la localidad de Kennedy[4] durante la noche del 2 de julio.
Así mismo, durante la cuarentena, el Estado colombiano ha retomado las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en contravía de lo estipulado por el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS-. Así, se ha priorizado la presencia y el trato militar a los campesinos e indígenas cocaleros, pues en varias de las intervenciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional se han utilizado armas de fuego para controlar las protestas. Dichos operativos de erradicación forzada e intervención violenta por parte de la Fuerza Pública han resultado en al menos 13 campesinos heridos y la muerte de Alejandro Carvajal[5] en Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo, Ángel Artemio Nastacuas[6] en Tumaco (Nariño) el 22 de abril, Emérito Digno Buendía[7] en Totumito (Norte de Santander) el 18 de mayo, Salvador Jaime Durán[8] en Teorama (Norte de Santander) el 27 de Junio, Educardo Alemeza Papamija[9] en Puerto Asís (Putumayo) el 3 de julio. El más reciente caso ocurrió el 20 de julio en Villagarzón[10] departamento del Putumayo dando como resultado un campesino herido y la muerte de José Oliver Maya Goyes perteneciente al pueblo indígena Awá.
Por lo anterior, el comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamo al Estado colombianos para que tome medidas tendientes a disminuir los niveles de autoritarismo y de utilización de la fuerza como herramienta para sobrellevar las medidas sanitarias. También reiteramos la importancia de que los órganos de control cumplan un papel más activo en la garantía y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ejerciendo una veeduría más activa sobre la fuerza pública y su accionar, y a su vez siendo garantes de la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y a las y los integrantes del campesinado colombiano.
[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. 16 de junio de 2020. Boletín informativo #15deJunio véase en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio
Por: Colectivo por la defensa de los derechos y la dignidad humana Chucho Minga
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las vulneraciones a derechos humanos y al derecho a la protesta social en Piedecuesta Santander en el marco de la Marcha por la Dignidad
CONTEXTO
El día 13 de Julio de 2020 inició la marcha por la dignidad “Ruta Comunera“ desde la ciudad de Barrancabermeja esta Marcha por la Dignidad es una iniciativa de diversas organizaciones y territorios que pretenden darle mayor visibilidad al genocidio en curso contra las y los líderes sociales, la exigencia al gobierno nacional por una renta básica en medio de la pandemia y para llamar la atención sobre el incremento de los feminicidios. Llaman a su vez a que se puedan retomar los diálogos con el ELN y el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC”, señalaron las organizaciones que componen la Marcha por la Dignidad.
La movilización que nace desde Santander lleva por nombre Ruta Comunera, también hay una segunda marcha que inició igualmente el día 13 de julio de 2020 desde Norte de Santander con nombre de “Ruta Libertadora”, ambas se encontrarán en la ciudad de Tunja y se espera que el 20 de julio lleguen a la capital del país, para sumarse a las organizaciones que ya están en Bogotá provenientes de Popayán.
HECHOS
El día de hoy, 15 de julio, La marcha por la Dignidad “Ruta Comunera” avanza ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social en contra de la violación sistemática de derechos humanos, el asesinato de líderes sociales y las inexistentes garantías del gobierno nacional
Alrededor de las 11:00 m. la Marcha por la Dignidad “Ruta Comunera” llega a las afueras de Piedecuesta, Santander a una estación de gasolina Terpel en el sector El Molino donde agentes de la policía nacional les intercepta e impide la continuación de marchantes y de los vehículos que les acompañan.
Las organizaciones de derechos humanos que hacen presencia tratan de interlocutar con el intendente Raúl Chaparro quien ha impedido el paso hacia San Gil y la continuidad de la marcha reteniendo a marchantes y vehículos acompañantes
A las 2:45 m. ante la negativa de la policía nacional, marchantes deciden continuar solos sin el apoyo de los vehículos que transportan víveres, agua, medicamentos y demás elementos fundamentales para el bienestar de las y los marchantes.
Hasta el momento la policía nacional sigue impidiendo el libre ejercicio de la movilización y la protesta siendo estos derechos constitucionales pues el intendente Raúl Chaparro manifiesta que no permitirá que los vehículos continúen acompañando la marcha. Es importante resaltar que en los vehículos se transportan los elementos necesarios e indispensables para seguridad e integridad de marchantes.
En algunos puestos de control de la Fuerza Pública han retenido injustificadamente a marchantes, también se han presentado hostigamientos a defensoras y defensores de derechos humanos en aras de impedir la marcha.
EXIGIMOS
El acompañamiento de defensoría del pueblo y su presencia en terreno.
Que cesen el hostigamiento y obstaculización de la Marcha por la Dignidad y se permita de forma inmediata la circulación de los vehículos retenidos.
Que la actuación institucional y la de la Fuerza Pública se ciña estrictamente a la legislación nacional y a los estándares internacionales, así como al protocolo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior.
PRIMERO: Hoy jueves 02 de julio del 2020, los habitantes de la Comuna 4, Ciudadela Sucre, reportan a las 5:20 AM la presencia en el sector de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). SEGUNDO: Siendo las 6:30 AM las personas asentadas en sector de La Margarita y Villa Nueva Alta reportan la intervención del ESMAD con armamento de baja letalidad, sin una previa labor de mediación por parte de la fuerza pública y sin presentarse agresiones por parte de la población. Se reporta además la agresión con arma de perdigones por parte del ESMAD a un joven, a quien le estropean y retienen una moto de su propiedad, las llaves de la misma y sus documentos de identificación. TERCERO: Hace presencia en el sector de La Margarita y Villa Nueva Alta a las 7:20 PM, cuatro tanquetas antidisturbios y camiones con fuerza pública que incluye Ejercito Nacional que se encuentra armado, según lo manifestado por personas del sector. También se refiere la presencia de población vulnerable como niños, niñas y adolescentes, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. CUARTO: En el lugar hace presencia el Secretario de Gobierno y la Personera Municipal. De acuerdo a las versiones de quienes se encuentran allí, El Secretario de Gobierno manifestó que la administración va a tomar acciones definitivas frente al asentamiento porque no puede estar acercándose al sector cada tercer día. QUINTO: Los residentes de los barrios aledaños al sector del asentamiento refieren a las 7:40 AM que fue cortado el suministro de agua potable, recurso vital para la subsistencia.
Por lo anterior hacemos un llamado: 1. A la Alcaldía Municipal en cabeza de Juan Carlos Saldarriaga, al Secretario de Gobierno, a que no se dé una salida violenta y trato bélico a la situación y que instalen una mesa de dialogo con las comunidades representadas en el Comité Humanitario por la Vivienda Digna. Evitando realizar intervenciones de la fuerza pública que afecte a la población civil. 2. A las autoridades municipales, Alcalde, Secretario de Gobierno, Comandante de Policía del Distrito de Soacha, a la Personería municipal y a la Defensoría del Pueblo, que sean garantes de los derechos de la ciudadanía tomando medidas para que en tiempos de aislamiento preventivo no se violen los derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad y al agua como recurso vital. 3. Al Gobierno Departamental, al Gobierno Nacional y a la Comunidad Internacional para que generen escenarios de dialogo con las comunidades y atiendan su necesidad de vivienda.
“Comisión de Verificación Humanitaria Ciudadela Sucre”
Como Colectivo Dilan Cruz ponemos en conocimiento los hechos que se han presentado en la calle diecinueve con carrera cuarta, conocida como el espacio de memoria en reivindicación de Dilan. De manera reiterada, las pinturas, placas y ornamentos del espacio de memoria han sido atacados y/o destruidos desde el año 2019 y no han cesado incluso en el contexto actual, así como hostigamientos a algunos miembros del Colectivo. Desconocemos los autores de éstos hechos y no hemos evidenciado actuación distrital alguna para la protección y preservación de éste espacio y de las personas integrantes del Colectivo. En específico, relacionamos los siguientes 4 hechos ocurridos en menos de 8 meses:
Hechos
El 30 de noviembre de 2019 llegaron varios policías aproximadamente a las 6 de la mañana, se llevaron a un integrante del colectivo a la UPJ de Puente Aranda, ante la negativa de este de recoger las flores y pancartas, además, se robaron el libro que iba a ser entregado a la Familia de Dilan y en el que firmaban varios colectivos y organizaciones como la Unión Patriótica, Colectivo Tjer, Guardía Indígena, entre otros. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, los policías intentaron retener a una persona del colectivo.
El 16 de febrero, encontramos una matera rota, estaba regada en partes entre el semáforo y el sitio donde está ubicada la placa. Cabe señalar que ese mismo día en horas de la tarde, es amenazado uno de los integrantes del Colectivo, muy cerca de su residencia, por dos sujetos que se movilizaban en moto.
3. El 6 de mayo, llegaron las fotos en las que se observa los graffitis de Dilan que fueron censurados, pintándose las puertas de los establecimientos de color negro. Ponemos en duda que el ataque hubiese sucedido ese día.
4. Del último ataque tuvimos conocimiento el 20 de junio por las fotos que se empezaron a difundir en las redes, sin embargo, las vendedoras de las chazas dicen que el hecho ocurrió el día martes 16 de junio. En este, rompieron una de las materas y retiraron la cerca. Además, intentaron quitar la placa.
De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en sentencias de la Corte Constitucional, se ha establecido que el derecho a la memoria está ligado al derecho fundamental a la verdad en su dimensión colectiva por cuanto involucra preservar para la sociedad en su conjunto la memoria colectiva sobre lo ocurrido y es un elemento que apoya la reparación, reconciliación y las garantías de no repetición. En los contextos de justicia transicional y ante graves violaciones a derechos humanos, los mecanismos y espacios de memoria histórica revindican el papel de las víctimas y materializan el “derecho a saber” como expresión del derecho inalienable de todo pueblo a conocer la verdad de las violencias y que se traduce en la obligación del Estado en generar dichos mecanismos que permitan resguardar la memoria como patrimonio.
Pese a que hemos realizado las denuncias correspondientes a las agresiones, no hemos recibido respuestas acerca de autores o de estrategias para preservación del espacio de memoria.
EXIGIMOS
A la Alcaldía de Bogotá, que impulse investigaciones esclarecedoras de estos ataques sistemáticos y ejerza acciones de protección y preservación del espacio de memoria dedicado a Dilan Cruz.
A la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que inicie investigaciones frente a las agresiones a las personas integrantes del Colectivo Dilan Cruz.
Las organizaciones articuladas en la “Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas” y en las plataformas de víctimas y derechos humanos manifestamos nuestra preocupación porque en el marco de las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19 las autoridades nacionales y locales están implementando medidas restrictivas de los derechos fundamentales de la ciudadanía tales como la creciente militarización del territorio nacional y el uso de aplicaciones digitales para móviles con acceso a datos privados.
A la fecha han transcurrido más de dos meses desde que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Sanitaria previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se instauró la medida principal de aislamiento obligatorio de la ciudadanía con el fin de aplanar la curva de contagio por COVID 19. Desde entonces, sin el debido control político, con justificaciones generales de orden público y abusando de las facultades excepcionales se han priorizado medidas restrictivas de libertades básicas como la movilidad y el derecho a la protesta, derechos fundamentales que solo pueden ser restringidos en determinadas circunstancias, de forma excepcional y con justificaciones específicas. A la par, son insuficientes las medidas para mitigar el impacto desproporcionado en las condiciones de vida digna que sufren las comunidades más vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, personas privadas de la libertad, población en vulnerabilidad socioeconómica, entre otras.
La priorización por parte del Estado de medidas restrictivas -en lugar de otras positivas para garantizar condiciones de vida digna como la renta básica- ha impactado negativamente a la gran mayoría de las economías familiares ya afectadas por el desempleo, lo que ha obligado a las personas a arriesgar su propia salud para buscar en la informalidad fórmulas para su supervivencia. A esta precaria situación, se suma que la creciente militarización -y la amenaza de la misma- de los últimos días adoptada por las autoridades para controlar el cumplimiento de la medida de aislamiento en las zonas más afectadas. Esto no solo ha generado un aumento de violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, sino que parece no tener un efecto en la disminución de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Adicionalmente, el empleo por parte de los gobiernos de aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten captar datos personales de las personas y en algunos casos hasta monitorear sus desplazamientos, es una medida altamente invasiva en la privacidad de las personas y que, por su modo de empleo, también puede asemejarse a medidas de empadronamiento prohibidas constitucionalmente.
Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que las medidas que se continúen adoptando para afrontar la crisis generada por el COVID-19 cuenten con un enfoque de derechos. Al respecto, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, la naturaleza jurídica de las limitaciones a los derechos humanos que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de la pandemia pueden tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados por lo cual es necesario que las medidas adoptadas sean necesarias, idóneas y proporcionales, y cuenten con el debido control en el marco de la división de poderes. La CIDH también hace un llamado para la adopción de medidas positivas de protección adicionales para los grupos más vulnerables.
Cordialmente,
Organizaciones que integran la Campaña Defender la Libertad:
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR
Colombian corporation of criminal investigation and human rigths CORPOCICHR
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP
Cumbre Popular Urbana
Entre Redes
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo -MODEP
Estamos pasando por un momento de crisis. El COVID – 19 se ha mostrado como un poderoso enemigo que amenaza con causar una crisis humanitaria que no se ha visto en muchos años. Los gobiernos están tomando medidas para evitar que esta amenaza cause cada vez más enfermos y muertos. En Colombia, medidas como el cierre de espacios públicos, suspensión de clases en colegios y universidades, aislamiento de contagiados y personas sospechosas, tienen como fin que la tasa de contagiados no cause colapsos en el sistema de salud, que ya de por si presenta déficit en la atención, prevención y diagnostico de casos.
Tomando en cuenta que el día de hoy los jueces de control de garantías han cerrado los despachos encargados de la legalización de captura y que penitenciarias y centros carcelarios han restringido el acceso de abogados defensores y visitantes haciendo que solo el personal esencial como médicos y guardianes siga dentro de estos centros, las organizaciones de derechos humanos solicitamos de inmediato el cese de las medidas de traslado por protección que puedan ejecutarse a lo largo y ancho del territorio nacional, con base en los siguientes:
Los Centros de Traslado por Protección son una gran fuente de riesgo biológico para los trasladados y para las autoridades, debido al alto numero de personas que convergen en ellos, además de no contar con las adecuadas medidas sanitarias para evitar los contagios.
Al existir una falta de control por parte de las autoridades competentes al estar desviados sus esfuerzos como parte de las medidas de contención y tratamiento de pacientes, los traslados por protección pueden prestarse para violaciones de derechos humanos.
Por consiguiente, hacemos un llamado a las autoridades y entes de control para que supervisen que tan pertinentes son estas medidas en una época en que la sociedad entera se encuentra en riesgo.
Suscriben
Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas
Comisión Nacional de DDHH del Congreso de los Pueblos
Comité de Solidaridad con los presos Políticos CSPP
RCAA. Red Contra el Abuso de Autoridad.
Ciudad en Movimiento
CORPOCIC HR
DH Colombia – Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
MODEP Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo
